El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz está en condiciones de dictar veredicto esta semana en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes.

El proceso comenzó el pasado 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos y ya hubo 30 audiencias. Los alegatos de las defensas tendrán lugar hoy y, una vez cumplida esa etapa y escuchadas las últimas palabras de los imputados, el tribunal podría anticipar su decisión el próximo miércoles.

El proceso judicial busca establecer si existieron responsabilidades penales por parte de exoficiales de la Armada Argentina en relación con el estado y la operación del buque durante su última misión.

Los cuatro imputados son Luis López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.

Durante las audiencias incorporaron testimonios de especialistas, excomandantes, submarinistas y autoridades navales, además de abundante documentación sobre las condiciones del ARA San Juan y el desarrollo de su última navegación.

La etapa de alegatos de la fiscalía ya concluyó con pedidos de condena que van de los cinco a los tres años y seis meses de prisión. En dos de los casos, los fiscales también solicitaron la inhabilitación especial perpetua.

El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y partió cuatro días después para participar en un ejercicio antisubmarino y luego en una patrulla de control de pesca ilegal.

El 15 de noviembre, a las 10:52, el submarino implosionó a más de 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Su última comunicación se registró a las 7:19 de ese día.

Los alegatos

Durante los alegatos, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa. Sostuvieron que los imputados ocupaban una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes y que no era indispensable identificar el mecanismo final del naufragio para acreditar la responsabilidad.

Las defensas, en cambio, cuestionan que no se determinó con certeza la secuencia final de la navegación ni el nexo causal entre las presuntas omisiones y el siniestro.

El abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, pidió la nulidad de la acusación y, subsidiariamente, la absolución, al argumentar que “no son conocidas las causas del estrago”.

Las defensas de López Mazzeo, Alonso y Correa adelantaron que objetarán la falta de explicación sobre cómo los incumplimientos incrementaron el riesgo y se vincularon con la última navegación.

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Las querellas unificadas y la representada por Luis Tagliapietra formularon pedidos de pena, pero el tribunal los dejó sin efecto por no haber presentado requerimiento formal de elevación a juicio en la etapa de instrucción.

El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, cerrará el debate tras las últimas palabras de los imputados. De anticipar el veredicto el miércoles, los fundamentos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después.

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Mientras Luis Caputo y Santiago Bausili terminan de definir los detalles del programa financiero con el que el Gobierno buscará despejar las dudas sobre el pago de la deuda hasta fines de 2027, Diego Santilli afrontará esta semana otra negociación igual de decisiva para el futuro de Javier Milei: empezar a construir la mayoría política y las condiciones que el presidente necesitará para intentar la reelección.

Las dos discusiones avanzan en paralelo. Una apunta a convencer a los mercados de que la Argentina podrá cumplir sus compromisos financieros sin sobresaltos durante el próximo año electoral. La otra busca convencer a gobernadores y aliados de acompañar una reforma electoral que elimine o suspenda las PASO y, al mismo tiempo, amplíe la base política del oficialismo.

No son dos agendas independientes. Son los dos pilares sobre los que Milei empezó a preparar el terreno para la elección presidencial de 2027.

Después de un año y medio dedicado casi exclusivamente a estabilizar la economía, bajar la inflación, ordenar las cuentas públicas y sostener un programa de reformas con un Congreso donde nunca tuvo mayoría, el Presidente abrió una nueva etapa de gobierno. El objetivo económico sigue siendo el mismo. Lo que empezó a cambiar es la prioridad política.

Hasta hace pocos meses, la construcción del poder libertario giraba alrededor de una idea: consolidar La Libertad Avanza como una fuerza nacional con identidad propia, aun cuando eso implicara competir contra gobernadores y dirigentes que acompañaban al Gobierno en el Congreso.

Ahora la lógica empezó a modificarse.

La jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete dejó la primera imagen de esa nueva etapa. Los trece gobernadores que participaron de la ceremonia en la Casa Rosada no fueron invitados únicamente para respaldar al nuevo funcionario. El Gobierno buscó enviar un mensaje hacia adentro y hacia afuera: el segundo tramo del mandato necesitará más acuerdos políticos que el primero.

La fotografía volverá a repetirse parcialmente esta semana. El miércoles por la noche, Milei viajará junto con su Gabinete a San Miguel de Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia. Varios gobernadores volverán a compartir esa escena con el Presidente, apenas unos días después de la asunción de Santilli. No será una imagen casual. La Casa Rosada quiere consolidar la idea de una nueva etapa en la relación con las provincias.

El cambio no supone abandonar la confrontación que caracterizó buena parte del primer año y medio de gestión. Tampoco implica renunciar a la identidad libertaria. Significa otra cosa: aceptar que un eventual segundo mandato requerirá una mayoría política mucho más amplia que la actual.

Santilli lo resumió con una frase que pronunció en la entrevista que este fin de semana publicó Infobae y que dentro del oficialismo interpretan como una definición de método: “En la etapa que viene, los colores no definen. Lo que va a definir el futuro es si volvemos para atrás o seguimos para adelante”.

La frase tiene destinatarios concretos.

Gobernadores del PRO.

Radicales.

Partidos provinciales.

Y también sectores del peronismo que empezaron a mirar con preocupación la interna abierta entre Axel Kicillof y el kirchnerismo.

La discusión sobre las PASO aparece, justamente, en ese punto.

En la Casa Rosada dejaron de verla como una reforma electoral. La consideran una pieza central de la estrategia para 2027.

La primera razón es parlamentaria.

El Gobierno necesita negociar con gobernadores que hoy concentran buena parte del poder real del Senado.

La Cámara alta dejó de ser solamente el lugar donde se votan las leyes.

Se transformó en el principal ámbito de negociación entre la Casa Rosada y las provincias.

La primera prueba llegará este miércoles.

Victoria Villarruel convocó a una nueva reunión de Labor Parlamentaria en un Senado donde el oficialismo sigue sin controlar los tiempos políticos. La vicepresidenta mantiene una relación distante con Milei y continúa administrando una Cámara en la que los gobernadores demostraron durante las últimas semanas que pueden construir una mayoría capaz de condicionar la agenda oficial.

En el Gobierno ya trabajan con la idea de que será muy difícil avanzar con una sesión. Varios senadores anticiparon que no estarán en Buenos Aires y los proyectos prioritarios volverán a depender, una vez más, del resultado de las negociaciones políticas.

Ese dato explica buena parte del cambio de método.

La muralla que levantaron los gobernadores no puede perforarse únicamente con discursos o confrontación.

Necesita acuerdos.

Y Santilli llegó, precisamente, para abrir esos canales.

Pero la eliminación de las PASO persigue un objetivo todavía más ambicioso.

El destinatario principal de esa decisión no son los gobernadores.

Es el peronismo.

Cristina Kirchner quedó fuera de la competencia electoral después de la condena y de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Axel Kicillof decidió avanzar con un proyecto presidencial propio.

Máximo Kirchner intenta preservar el liderazgo político de la ex presidenta y la centralidad de La Cámpora.

Mientras tanto, gobernadores, intendentes y otros sectores del PJ observan esa disputa sin terminar de definir quién conducirá el peronismo en la etapa posterior a Cristina.

Las PASO constituyen hoy el único mecanismo institucional capaz de ordenar semejante interna.

Sin primarias, el conflicto quedará trasladado exclusivamente a la negociación política entre los distintos sectores del justicialismo.

En la Casa Rosada están convencidos de que ese escenario favorece al oficialismo.

No solamente porque dificulta la reorganización del principal espacio opositor.

También porque abre una oportunidad para atraer a dirigentes peronistas que ya no se sienten contenidos por la conducción kirchnerista y buscan preservar su poder territorial sin quedar atrapados en una pelea de liderazgo.

Ahí aparece la segunda parte de la negociación.

El Gobierno ya no pretende que todos esos dirigentes se incorporen formalmente a La Libertad Avanza.

La Boleta Única de Papel permite pensar otra ingeniería electoral.

La candidatura presidencial de Milei podría convivir con listas legislativas de gobernadores o fuerzas provinciales que conservarían su propia identidad política.

Es el cambio de método que sintetizó Santilli cuando afirmó que “los colores no definen”.

Pero antes de salir a negociar con gobernadores y dirigentes de otros espacios, Milei decidió ordenar la política propia.

Y ese movimiento empezó mucho antes de que Santilli jurara como jefe de Gabinete.

La decisión de no abrir nuevos frentes internos quedó reflejada en un dato que pasó casi inadvertido fuera del oficialismo, pero que en la Casa Rosada consideran parte de la nueva etapa. Después de las tensiones que dejó la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete en medio de las investigaciones judiciales sobre su situación patrimonial y de las diferencias que provocó la abstención de Patricia Bullrich en la votación del pliego de la jueza María Verónica Michellini, el Gobierno optó por contener antes que confrontar.

Bullrich seguirá participando de la mesa política que volverá a reunirse esta semana y mantendrá actividades con el armado político que conduce Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires. No es un dato menor. Hace apenas unas semanas muchos imaginaban que esas diferencias podían convertirse en una ruptura. Ocurrió exactamente lo contrario. Milei y su hermana resolvieron congelar las disputas internas para no distraer energías en el momento en el que el Gobierno empieza a negociar hacia afuera.

La decisión también ayuda a entender el nuevo reparto de funciones dentro del oficialismo.

Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem siguen concentrando las decisiones políticas. Nadie les disputó ese lugar. Pero la ejecución empezó a distribuirse de otra manera. Santilli quedó a cargo de la negociación política cotidiana; Adrián Ravier asumió la vocería presidencial con una lógica más institucional; Fabián Fernández comenzó a coordinar una estrategia de comunicación orientada a ordenar el mensaje del Gobierno en una etapa menos atravesada por la confrontación permanente y más enfocada en la construcción de acuerdos.

No cambió el centro de gravedad del poder.

Cambió el modo de administrarlo.

La señal más evidente de ese cambio es que el Gobierno ya no discute solamente cómo aprobar una ley o cómo superar la próxima votación en el Congreso. Empieza a discutir cómo construir una mayoría política que sobreviva al mandato actual.

Por eso la semana que comienza tiene una importancia mayor que la de una agenda cargada de actividades oficiales.

El lunes, Caputo y Bausili buscarán responder una pregunta que inevitablemente aparece cuando un gobierno entra en la antesala de un proceso electoral: de dónde saldrán los dólares para afrontar los vencimientos de deuda.

El mensaje está dirigido a los mercados, pero también a la política.

La Argentina atravesó demasiadas campañas presidenciales condicionadas por la incertidumbre económica como para subestimar esa discusión.

La Casa Rosada pretende demostrar que el Estado dispone de un programa financiero capaz de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos durante lo que resta de este año y durante 2027. El objetivo no consiste únicamente en presentar números. Busca instalar una idea de previsibilidad.

En el Gobierno consideran que esa previsibilidad es un activo político.

La apuesta consiste en llegar a la próxima elección presidencial con una economía creciendo, una inflación estabilizada, una recuperación gradual de los ingresos, creación de empleo privado, un mercado cambiario sin sobresaltos y un esquema de financiamiento que elimine las dudas sobre la deuda.

No es una discusión técnica.

Es la plataforma política sobre la que Milei pretende construir su proyecto de reelección.

Los antecedentes pesan.

Desde 2015 ningún oficialismo consiguió conservar el poder presidencial dentro de su propio espacio político.

El kirchnerismo perdió con Daniel Scioli frente a Mauricio Macri.

Macri no consiguió renovar su mandato frente a Alberto Fernández.

Y el Frente de Todos tampoco logró sostener la Presidencia con Sergio Massa frente a Milei.

Las razones fueron diferentes en cada caso, pero todos esos procesos compartieron un elemento común: la economía terminó condicionando la política.

Milei pretende romper esa secuencia.

Por eso decidió trabajar simultáneamente sobre los dos factores que considera decisivos para llegar competitivo a 2027.

La política.

Y la economía.

Mientras Santilli intenta ampliar la base de sustentación del oficialismo y negociar con gobernadores una salida para las PASO, Caputo busca reducir la incertidumbre financiera que suele reaparecer cuando un gobierno entra en un año electoral.

Las dos tareas están íntimamente vinculadas.

Una economía previsible facilita los acuerdos políticos.

Y una mayoría política más amplia fortalece la credibilidad del programa económico.

La vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán volverá a mostrar esa lógica.

Después de la fotografía que dejó la jura de Santilli con trece gobernadores en la Casa Rosada, Milei volverá a compartir una escena con mandatarios provinciales en un momento en el que el Gobierno necesita reconstruir puentes sin resignar liderazgo.

No será una postal inocente.

Será la continuidad de una estrategia que empezó a desplegarse hace pocos días y que busca transmitir que el oficialismo está dispuesto a negociar sin alterar el rumbo.

El Presidente no dejó de confrontar con el kirchnerismo ni abandonó la batalla cultural que convirtió en una marca de su gestión.

Lo que empezó a hacer fue diferenciar a sus adversarios de sus potenciales aliados.

Ese matiz explica buena parte de los movimientos de las últimas semanas.

El Gobierno ya no mira solamente el próximo dato de inflación o la próxima sesión del Congreso.

Empezó a mirar el calendario de 2027.

Y, desde esa perspectiva, cada decisión adquiere otro sentido.

La eliminación de las PASO deja de ser apenas una reforma electoral y se convierte en una herramienta para rediseñar el escenario en el que deberá reorganizarse el peronismo.

La negociación con los gobernadores deja de ser una necesidad parlamentaria y pasa a formar parte de la construcción de una mayoría para un eventual segundo mandato.

La presentación del programa financiero deja de ser un anuncio económico y se transforma en una señal de estabilidad para el año electoral.

Incluso los cambios dentro del propio Gobierno responden a esa lógica.

Santilli, Ravier y Fabián Fernández no llegaron para modificar el rumbo de la administración libertaria. Llegaron para ejecutar una etapa distinta del mismo proyecto político.

Durante el primer año y medio, Milei construyó poder diferenciándose del resto del sistema político.

Ahora empezó a construir poder seleccionando con quiénes está dispuesto a compartir parte de ese camino.

No cambió el objetivo que se fijó el 10 de diciembre de 2023.

Cambió el método con el que pretende alcanzarlo.

Y esa, probablemente, sea la principal novedad política de un Gobierno que ya empezó a preparar el terreno para la elección presidencial de 2027.

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La Libertad Avanza (LLA) busca reactivar la maquinaria legislativa antes del inicio del receso invernal. Con ese objetivo, los jefes de bloque asistirán este miércoles a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí se definirá la convocatoria a una sesión prevista para el próximo 16 de julio.

La senadora y jefa de los libertarios, Patricia Bullrich, había anticipado la semana pasada la convocatoria luego de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el despacho del radical Eduardo Vischi. Del encuentro también participaron representantes de los bloques aliados al oficialismo y funcionarios nacionales. Analizaron el proyecto de Zonas Frías, que el Poder Ejecutivo aspira a convertir en ley después del receso.

Ante la insistencia de Bullrich para sesionar esta semana, Villarruel desactivó esa posibilidad al convocar a una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para este miércoles a las 12.

La cita será un día antes del feriado del 9 de Julio y con varios legisladores apurados por viajar a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica. Entre ellos estarán Beatriz Ávila (bloque Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal). El acto será encabezado por el presidente Javier Milei, junto con su gabinete, el gobernador Osvaldo Jaldo y otros mandatarios provinciales.

Los presidentes de bloque fijarán la próxima sesión para el 16 de julio y retomarán el temario que quedó pendiente luego de la crisis política desatada por la continuidad del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la falta de quorum que obligó a levantar la sesión del 25 de junio. Entre los proyectos previstos figuran la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la ley Hojarasca y los acuerdos para la designación de jueces y funcionarios de la Cancillería.

La reforma electoral

La reforma electoral es el eje central de las negociaciones del Gobierno con la oposición dialoguista y los mandatarios provinciales. Las conversaciones no solo son encabezadas por Santilli, sino también por la senadora Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La mesa política de Casa Rosada se reunirá esta semana luego de la salida de Adorni y la incorporación del nuevo ministro coordinador, junto con el equipo de Comunicación encabezado por el vocero presidencial Adrián Ravier y el secretario de Medios, Fabián Fernández. El espacio, liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, definirá la agenda parlamentaria y, principalmente, los pasos a seguir para conseguir los apoyos necesarios para sancionar la reforma electoral.

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LLA cuenta con 21 senadores y necesita al menos 37 votos afirmativos, dado que la Constitución establece mayorías especiales para la aprobación de normas que modifiquen el régimen electoral. La Carta Magna exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.

Para alcanzar ese número, los libertarios consideran clave el acompañamiento de la UCR y el PRO. Ambos bloques aportarían 13 votos: diez de los radicales encabezados por Vischi y tres del PRO referenciados en Martín Goerling Lara. El resto provendría de senadores de fuerzas provinciales, como los misioneros del Frente Renovador Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la salteña Flavia Royón —alineada con el gobernador Gustavo Sáenz— y la neuquina Julieta Corroza, cercana a Rolando Figueroa.

Sin embargo, el escenario aún no está definido para el oficialismo. La UCR presentó un proyecto que transforma las elecciones primarias (PASO) en optativas, en lugar de eliminarlas, como pretende el presidente Milei. El PRO acompaña esa iniciativa del radicalismo.

Además, tanto la UCR como el PRO buscan discutir por separado el capítulo de la reforma electoral referido a Ficha Limpia, que pretenden tratar en una ley aparte. En ese sentido, la senadora Corroza también impulsa una propuesta.

Jugada libertaria

En búsqueda de aportar calma a los aliados, LLA ya trabaja en una propuesta que habilitaría las listas colectoras en la elección nacional. Aceptaría, en línea con lo que plantean radicales y el PRO, no eliminar las PASO, sino suspenderlas de nuevo, como ocurrió en los comicios de medio término. A la vez, impulsaría modificaciones en la ley de Boleta Única de Papel (BUP) para incorporar colectoras, con el objetivo de que las fuerzas políticas diriman sus internas en ese esquema.

De ese modo, se reeditaría una suerte de ley de lemas, con la habilitación de listas colectoras que permitirían que cada fuerza política compita con distintos candidatos al Congreso, pero con un único candidato presidencial.

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El oficialismo, que busca la reelección de Milei, propone que radicales, PRO y fuerzas provinciales presenten sus propios postulantes legislativos, mientras que en la categoría presidencial se mantenga como único candidato el actual mandatario.

La iniciativa todavía está en etapa de estudio y redacción. Los aliados reclaman definiciones concretas, aunque señalan que el sistema de ley de lemas fue utilizado en distintas provincias —entre ellas Santa Fe y Santa Cruz— y posteriormente derogado por considerarse que no respeta la voluntad del votante y genera falta de transparencia. Para algunos sectores del Congreso, la propuesta implicaría un retroceso en materia electoral.

El rechazo del PJ

Desde el Senado y la Cámara de Diputados, el justicialismo ya anticipó su rechazo a la eliminación de las elecciones PASO, al considerar que resultan clave para la reconfiguración y el ordenamiento de la interna partidaria de cara a los próximos comicios.

La diputada de Unión por la Patria (UxP), Sabrina Selva, sostuvo que le parece “deshonesto cambiar las reglas de juego” y cuestionó que se negocie con los aliados mientras se mantiene el financiamiento a los partidos políticos. En ese sentido, afirmó en diálogo con TN: “Estos cambios no resuelven los problemas de las familias que están sobreendeudadas, las más de 20 mil pymes que cerraron o los 300 mil puestos de trabajo que se perdieron. No acompañamos ninguna medida que no mire a la mitad de los argentinos que el Gobierno no mira y la está pasando muy mal”.

En paralelo, Santilli avanza en la organización de reuniones con gobernadores y legisladores aliados. Según prevé, después del receso deberá contar con la redacción de un proyecto para impulsar que durante agosto comience el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el libertario Agustín Coto.

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