A lo largo de todo el fin de semana, los disintos equipos del Gobierno, con la Cancillería a la cabeza, estuvieron trabajando intensamente para poder tener listo el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que esperan intensificar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas, aunque para eso deberán convencer primero a la oposición para aprobarlo en el Congreso.

Según pudo confirmar Infobae, si bien fueron muchas las áreas que intervinieron en la redacción del texto, debido a que la autoridad de aplicación será mayormente del Ministerio de Relaciones Exteriores, su titular, Pablo Quirno, fue el funcionario que más influyó, junto con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Puntualmente, la medida va a plantear una serie de endurecimiento de las sanciones contra las empresas extranjeras que exploten recursos naturales en el archipiélago. Aunque al principio era solamente para evitar la extracción de hidrocarburos, en los últimos días se incluyó además la pesca.

Las modificaciones se harán más que nada sobre la base de la ley 26.659, sancionada en 2011, que ya prevé penas por este tipo de accionar, pero la intención es dejar explícito que la prohibición aplica para toda la extensión marítima hasta las 200 millas desde las costas argentinas, incluidas las islas.

Además, se buscará facilitar el juicio en ausencia para las compañías y sus directivos de otros países que incumplan con esto, así como también crear un marco jurídico para que las firmas que actualmente están realizando estas actividades en las Malvinas puedan retirarse y así no tengan consecuencias.

Sobre este tema va a conversar este lunes el preisdente Javier Milei cuando, a partir de las 10:00, lidere una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, que a lo largo de toda la jornada -y también parte de la del martes- será sede de la planificación de la estrategia para que el proyecto sea sancionado.

Es que, más tarde, desde las 15:00, el mandatario recibirá en la sede de Gobierno a diputados y senadores de La Libertad Avanza. La convocatoria tendrá como uno de sus ejes el análisis del libro La economía en una lección, del periodista y filósofo Henry Hazlitt, una obra que el libertario suele tomar como referencia en sus exposiciones sobre política económica.

Sin embargo, el encuentro también servirá para dialogar sobre los proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso durante las próximas semanas, que incluye también el Presupuesto 2027, que deberá ser enviado mañana.

Del acto participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los jefes del bloque del oficialismo en ese recinto, Gabriel Bornoroni, y del Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

No se descarta la asistencia de algún ministro, como ocurrió en el encuentro pasado, al que fueron el de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En la Casa Rosada consideran que la discusión sobre la soberanía de las islas puede ordenar parte de la agenda legislativa, mientras el Gobierno intenta sostener el respaldo de sus aliados para avanzar con otras iniciativas pendientes.

Incluso, tal como anticipó este medio, el Presidente no descarta pedirle la intervención en este asunto a los Estados Unidos, si es que finalmente logra acordar una reunión con su par norteamericano, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

La Argentina ya forma parte del Board of Peace (Junta por la Paz), el organismo que inauguró el republicano meses atrás para involucrarse más activamente en diferentes conflictos globales, como las guerras en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, siempre por fuera de las Naciones Unidas.

El grupo cuenta con una estructura ejecutiva integrada, entre otros, por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; el enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff; el consejero Jared Kushner, y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Desde hace un tiempo, Trump viene dando señales de estar analizando abandonar la posición históricamente neutral de su país con respecto a Malvinas, aunque por el momento no dio definiciones finales al respecto.

“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (…) estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, comentó recientemente.

Por su parte, el Reino Unido está en una situación compleja, no solo por las tensiones con Washington, sino también con sus propios vecinos: este mismo lunes, líderes de los partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento en favor de la independencia y exigirle a Londres la convocatoria de referendos en sus respectivos territorios.

En este escenario, Milei enviará el proyecto de ley con el que, además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por funcionarios de Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Según trascendió, el Poder Ejecutivo le solicitará al Congreso facultades especiales para ese organismo, con el argumento de que pueda actuar con rapidez cuando detecte, por ejemplo, algún barco extranjero que ingrese sin autorización en las 200 millas que componen la Zona Económica Exclusiva (ZEE)

Hacia la noche, solamente los diputados libertarios se trasladarán al local recientemente inaugurado en el barrio porteño de San Telmo, que pertenece a la estructura bonaerense, aunque está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

El anfitrión será Sebastián Pareja, en su rol de titular del espacio en la provincia, aunque también se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien conduce el partido a nivel nacional.

De esta manera, se cerrará el día en el que el oficialismo comenzará a coordinar la estrategia antes de una semana marcada por el envío del proyecto sobre Malvinas y la preparación del Presupuesto 2027.

El martes continuará esta tarea cuando se reúna la mesa política, encabezada por la funcionaria e integrada además por Santilli, Devitt, los Menem, Bullrich, Santiago Caputo y Fernández, además del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

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La Justicia de Neuquén ordenó completar el desalojo de un predio ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, donde permanece un grupo de integrantes de una comunidad mapuche. La medida había comenzado a ejecutarse el 19 de agosto, pero quedó inconclusa luego de que la Policía desalojara una parte del terreno y suspendiera el operativo antes de avanzar sobre otro sector en el que se encontraban menores.

El juez Francisco Astoul Bonorino libró ahora un nuevo mandamiento de desalojo para completar la diligencia, aunque no estableció una fecha para su ejecución.

El conflicto judicial se inició en 2011, cuando integrantes de la lof Melo ingresaron sin autorización a un predio y, según la denuncia de la propietaria, impidieron su ingreso al lugar. A comienzos de 2012, María Cristina Broers denunció la usurpación de las tierras, un lote pastoril de aproximadamente 625 hectáreas.

Con el paso del tiempo, integrantes de la familia Quintriqueo se sumaron a la ocupación y conformaron la comunidad identificada como Lof Kinxikew. A partir de entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales, en las que los planteos de la defensa fueron rechazados y se mantuvo la orden de restitución del inmueble.

El operativo iniciado en agosto permitió desalojar a integrantes de la Lof Melo de uno de los sectores del predio. Cuando las fuerzas de seguridad se disponían a avanzar sobre el resto de las tierras, la presencia de menores y la ausencia de funcionarios vinculados a organismos de minoridad llevaron a interrumpir la diligencia.

El nuevo mandamiento judicial apunta precisamente al sector en el que permanecen integrantes de la Lof Kinxikew.

Un predio atravesado por la Ruta 40

Las tierras en conflicto se encuentran entre Bariloche y Villa La Angostura y son atravesadas por la Ruta Nacional 40. La Lof Melo ocupaba un sector del perilago, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. La nueva etapa del operativo se concentrará en el sector opuesto del predio.

Después del desalojo parcial del 19 de agosto, una numerosa caravana de vehículos llegó hasta el lugar en señal de acompañamiento a los integrantes de la comunidad que permanecían en las tierras.

Broers sostiene que es propietaria del inmueble desde 1969 y cuenta con documentación que acredita la titularidad registral. Su reclamo atravesó distintas instancias judiciales hasta obtener resoluciones favorables que dejaron firme la orden de restitución.

Un expediente que lleva más de una década

La causa tuvo distintos capítulos antes de llegar a la instancia de ejecución. En marzo de este año, una comitiva integrada por alrededor de una decena de funcionarios judiciales de Neuquén se trasladó hasta la zona para avanzar con el desalojo. Sin embargo, el operativo no pudo concretarse por la falta de efectivos de la Policía provincial destinados a cumplir la medida.

En ese momento, fuentes vinculadas a la parte denunciante atribuyeron la ausencia de efectivos a una eventual decisión política del gobierno neuquino para evitar el costo que podía generar un operativo de estas características. Esa interpretación no fue confirmada oficialmente.

En abril de 2025, la Justicia había reiterado la orden de efectivizar el desalojo. “El proceso judicial está cumplido en un 100 por ciento, no hay instancias por delante, sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo”, señalaron entonces a Infobae fuentes cercanas a los denunciantes.

La situación procesal quedó consolidada luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara, en julio de 2023, un recurso presentado por la comunidad contra la sentencia que había ordenado el desalojo. Esa decisión confirmó el fallo de primera instancia y dejó habilitada la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

En octubre de 2024, el TSJ de Neuquén declaró inadmisible el recurso presentado por la parte ocupante contra la sentencia. De ese modo, quedó firme la orden de restitución del inmueble y expedita su ejecución.

El conflicto por la ocupación

Broers sostiene que los integrantes de la familia Melo ingresaron al inmueble alegando una preexistencia ancestral sobre las tierras. Según la documentación invocada por la propietaria, los ocupantes tampoco cuentan con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Posteriormente, integrantes de la familia Quintriqueo se incorporaron a la ocupación y comenzaron a identificarse como Lof Kinxikew.

Desde el sector denunciante sostienen que, una vez agotadas las instancias judiciales, la discusión dejó de estar centrada en la validez de la orden de desalojo y pasó a concentrarse en su ejecución.

La respuesta de la Confederación Mapuche

Luego del operativo del 19 de agosto, la Confederación Mapuche de Neuquén difundió un comunicado en el que denunció un “violento despojo” de las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo y cuestionó el despliegue de fuerzas de seguridad provinciales.

La organización acusó al Gobierno neuquino de haber intervenido directamente en el operativo y cuestionó las decisiones que derivaron en el desalojo.

Desde la otra parte del conflicto remarcaron que el procedimiento policial respondió a una orden judicial y que las fuerzas de seguridad actuaron para cumplir una medida dispuesta por la Justicia.

La Confederación Mapuche también cuestionó al ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, a quien acusó de haber mantenido conversaciones con integrantes de las comunidades mientras se preparaba el operativo.

Por ahora, la Justicia no fijó una fecha para completar el desalojo. La parte denunciante evalúa gestionar nuevamente el acompañamiento necesario para garantizar la ejecución de la medida, mientras en el predio todavía permanece el grupo de ocupantes alcanzado por la orden judicial.

Este último martes 8 de septiembre, en plena sesión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile, un legislador trazó un paralelo entre dos de las disputas territoriales más sensibles del Cono Sur: las Islas Malvinas y el Estrecho de Magallanes.

El diputado que pronunció esas palabras es Javier Olivares Avendaño, miembro del Partido de la Gente —fuerza de derecha populista— y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Su intervención fue parte del debate vinculado con el ida y vuelta que se registra entre personalidades de ambos países por la soberanía del Estrecho, desatado días antes por las declaraciones de un alto mando militar argentino. Con un breve titubeo previo, Olivares Avendaño tomó el micrófono y sentenció: “Es decir, así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”.

Lo dicho por el legislador ocurrió en plena sesión de la comisión parlamentaria, ante sus pares, en un escenario institucional formal. El contexto inmediato de sus palabras era el contrapunto diplomático que había derivado de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien a fines de agosto se refirió al Estrecho como un espacio de “soberanía”. Esa sola afirmación bastó para que Santiago enviara una nota de protesta formal a Buenos Aires y para que varios legisladores chilenos de distintas fuerzas políticas alzaran la voz contra el Gobierno argentino.

La tensión se descomprimió cuando el ministro de Defensa de Argentina, Carlos Presti, llamó a su par chileno, Fernando Barros Tocornal, y atribuyó los dichos de Valverde “a una confusión y desprolijidad”, según explicaron desde el Ministerio de Defensa de Chile. En esa comunicación, Presti aseguró que el brigadier conoce “la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia” y dejó asentado que el Gobierno de Javier Milei entiende que “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”. Sin embargo, la oposición chilena consideró que esa respuesta no alcanzó.

Fue, precisamente, esa lectura la que motorizó el siguiente paso parlamentario. El martes posterior, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención. La instancia quedó fijada para el 28 de septiembre. Congresistas de la oposición señalaron que la Cancillería tuvo una actuación “desprolija” y “ambigua” bajo la conducción de Pérez Mackenna, y que las medidas adoptadas frente a Buenos Aires fueron “muy débiles”.

Todo esto se desarrolló mientras el gobierno de José Antonio Kast mantenía, en paralelo, una posición diferente a la de Olivares Avendaño respecto de las Malvinas. El propio Kast había respaldado la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante la visita de Milei a Santiago, y en la reunión bilateral del 3 de septiembre ambos mandatarios acordaron por escrito que “el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo”.

En ese mismo marco, Kast reiteró el apoyo de Chile a los derechos soberanos de Argentina sobre las islas y los espacios marítimos circundantes, e instó a que ambos países reanuden las negociaciones “a la mayor brevedad posible”.

Así, mientras la posición oficial del Ejecutivo chileno se mantenía alineada con el reclamo argentino, la declaración del diputado del Partido de la Gente apuntaba en la dirección opuesta, al equiparar la postura británica sobre el archipiélago con la chilena sobre el Estrecho. La interpelación al canciller, programada para el 28 de septiembre, será la próxima instancia en la que el Congreso chileno evaluará la gestión diplomática del Gobierno local.

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