El fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que sobreseyó a Javier y Karina Milei en el caso $LIBRA sin que quedara en pie un acusador que pudiera apelarlo, es el final de una compleja ingeniería judicial.

El 4 de septiembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día con los nuevos jueces nombrados por el propio Milei, confirmó la decisión de apartar del expediente a cinco inversores que pedían ser reconocidos como querellantes por las pérdidas que sufrieron con la compra de la criptomoneda que promocionó el Presidente. Sin querellantes, quedaba como único acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien –se supo el viernes- promovió el sobreseimiento de todos los imputados en un dictamen que se mantuvo en reserva.

Con el fiscal pidiendo lo que pretendían las defensas y sin posibles víctimas que pudieran ser escuchadas en el expediente, no quedó quien apelara y solicitara la reapertura del caso. Al menos, no en principio. Todavía hay un camino, pero no es nada sencillo. “La causa ya está herida de muerte”, dijo un experimentado funcionario de Comodoro Py.

Aquel fallo de la Cámara Federal que validó las exclusiones de los querellantes dispuestas por Martínez de Giorgi fue clave para este desenlace. Lo firmaron Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

El concurso del Consejo de la Magistratura que permitió que Bertuzzi entrara en la terna de candidatos de donde lo eligió Milei fue un trámite poco ortodoxo. Tras corregirse los exámenes escritos y analizarse los antecedentes de todos los concursantes, Bertuzzi había quedado en el puesto 21°. Después de la entrevista personal –la parte más discrecional del proceso-, el dictamen de mayoría de comisión lo llevó al lugar 16°, lejos todavía de las ternas (tenía que entrar entre los seis primeros). Pero este año, el consejero juez Diego Barroetaveña volvió a analizar las entrevistas de todos los postulantes (son filmadas y subidas a YouTube) y, tras esa revisión, Bertuzzi pasó al sexto lugar. Justo lo que necesitaba para llegar. El 2 de septiembre Milei lo nombró y dos días después confirmó la exclusión de los querellantes de $LIBRA. Fue una de las decenas de designaciones de jueces de Milei, que incluyeron el nombramiento de la mujer de Martínez de Giorgi, dos meses antes, como magistrada federal de Hurlingham.

A fines de 2023, Llorens y Bertuzzi (por entonces camarista trasladado, no titular) habían revocado un sobreseimiento de la expresidenta Cristina Kirchner en el caso de la ruta del dinero K. Aquel fallo solo fue posible porque esa vez ambos camaristas hicieron una interpretación amplia sobre quién puede ser querellante. Cristina Kirchner estaba sobreseída a pedido de la fiscalía y se presentó la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro: pidió ser aceptada como querellante (es decir, como damnificada) y reclamó que el caso se reabriera. Llorens dijo entonces que los argumentos expuestos por Bases Republicanas resultaban “suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”.

En el caso $LIBRA, en cambio, Llorens y Bertuzzi fueron estrictos al sostener que los damnificados no habían logrado probar su condición de víctimas del supuesto delito, que no acreditaron la existencia de un engaño que los hubiera hecho invertir en la criptomoneda. Validaron así lo que había sostenido Martínez de Giorgi. Era, en los hechos, prácticamente pedirles a los querellantes que probaran el delito que la propia causa estaba investigando.

Fue así como el expediente quedó con Taiano como único acusador. Tampoco intervino en esta causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -organismo del Ministerio Público que suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos-. Taiano no le dio intervención, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto un expediente sobre $LIBRA.

Esta Procuraduría, dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, llevó adelante causas de las que los fiscales se habían bajado. Fue así, por ejemplo, como consiguió la reapertura del caso Skanska. La PIA insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.

Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a fuentes del Ministerio Público. Sostienen que el fiscal pidió los sobreseimientos y el juez los dictó, y que la PIA, que no fue siquiera notificada, ya no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal del caso.

La única vía para una eventual reapertura de la causa sería una intervención de la Cámara Federal de Casación, especulan en Comodoro Py. Las presuntas víctimas excluidas de la causa presentaron un recurso de casación contra el fallo de Bertuzzi y Llorens. Estos camaristas no se lo concedieron (es decir, no les habilitaron el camino al tribunal superior), pero quienes buscan ser querellantes fueron directo, “en queja”, a esa cámara. Ahora les espera un proceso que, en el mejor de los casos, es largo. Y que podría ser muy corto si directamente les rechazaran su queja.

En la Casación coinciden en que no es posible que sean repuestos como querellantes antes del jueves próximo, cuando vencería el plazo para apelar los sobreseimientos. No dan los tiempos. Si Casación abre la queja, los camaristas deberían notificar a las partes, convocar a una audiencia y recién después decidir. La sala que tiene pendiente resolver este tema está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Fuentes judiciales dijeron a que hasta el momento los camaristas no tienen una decisión consensuada.

Las presuntas víctimas podrían presentar de todos modos, antes del jueves, una apelación a los sobreseimientos de Martínez de Giorgi, confiando en que a futuro la Casación las reponga como parte. Un recurso extremo en una causa en la que hoy no intervienen, contra un fallo que nadie les notificó, y para intentar ser habilitadas a impulsar una causa desde cero, en contra de la fiscalía, con un juez que ya decidió que no había nada que investigar.

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti respaldó este sábado la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad y sostuvo que “no hay personas proscriptas” en la Argentina. El magistrado señaló que esa sanción tiene antecedentes y diferenció sus consecuencias electorales del propósito de la intervención judicial.

Ante la consulta acerca de si actualmente hay personas proscriptas en el país, Lorenzetti lo negó y reconoció la legitimidad de las discusiones políticas. “Creo que en la sociedad cada sector tenga sus argumentos y los use para luchar por lo que cree que es bueno. Eso está bien en democracia”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos, y agregó que esas posiciones no deben ser censuradas.

Sin embargo, respecto de las diferencias entre el debate político y la actuación judicial, Lorenzetti afirmó: “Jurídicamente es otra cuestión, nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho y la Constitución. La Corte ya dijo lo que tenía que decir”.

En respuesta a los cuestionamientos del kirchnerismo sobre la condena de la exmandataria, remarcó que la inhabilitación “es una medida que está prevista hace muchos años en el Código”.

Lorenzetti explicó que la Corte recibió una causa penal en la que el TOF 2 había impuesto penas de prisión e inhabilitación, y no una solicitud para definir si la expresidenta podía participar en elecciones. La resolución que firmó junto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en junio de 2025 dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.

Al detallar qué evaluaron los integrantes del máximo tribunal, el magistrado recordó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y la Cámara Federal de Casación Penal ya habían resuelto sobre el expediente. Según indicó, esas decisiones habían cumplido con el requisito del doble ntes de que la defensa acudiera a la Corte mediante un recurso de queja.

“Por eso no analizamos el fondo, sino que analizamos y resolvimos sobre la falta de fundamentación. Es decir, no estaba bien fundado”, aseguró sobre la presentación con la que se buscaba revisar la condena.

El magistrado también distinguió la aplicación de la inhabilitación de los cuestionamientos sobre su carácter perpetuo. Señaló que existen planteos de inconstitucionalidad que proponen una sanción de duración limitada, aunque evitó pronunciarse sobre esa discusión. “Ese es un tema pero la Corte no se trató, entonces no podemos opinar sobre eso”, aclaró.