En los últimos tres años se redujo el número de extranjeros que eligieron nuestro país para radicarse y más de 100.000 extranjeros ya no viven en Argentina. Así surge del análisis que hizo Infobae de los datos abiertos del Gobierno nacional, sobre la base del RENAPER.

Ese descenso en la población de otras nacionalidades se registró en 21 de los 24 distritos del país.

En 2024, los extranjeros residentes eran 2.470.453; el año pasado 2.349.816; y este año 2.367.573, lo que implica 102.880 extranjeros menos que hace dos años.

De qué nacionalidad son

El 30% de esos no nativos que viven hoy en Argentina son ciudadanos nacidos en Paraguay (711.219). Le sigue un 23% oriundos de Bolivia (551.881); casi un 9% nacidos en Perú (207.399); 8% en Venezuela (197.692) y 7% en Chile (171.176); 4,5% de Uruguay (106.067); 3% de Brasil (67.239); 2,7% de Italia (64.161), y 2,4% de Colombia (57.769).

Género y edad

Con datos a junio de este año, informados por el RENAPER, más de la mitad de los residentes (53%) son mujeres y el resto, varones. Hay 51 extranjeros identificados como no binarios.

En cuanto a la edad, el 31% del total tiene entre 30 y 44 años de edad, y el 22% entre 45 y 59 años. Los jóvenes extranjeros menores de 20 años residentes en el país son solo el 6%, y los que tienen entre 20 y 30, el 13%.

Del total de no nativos residentes, el 70% vive en el AMBA (1.658.480) y el 30% en el resto del país (709.093).

La provincia con mayor cantidad de extranjeros en números absolutos es Buenos Aires con 1.169.721, el 7% de su población.

Le sigue la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con 596.763 no nativos residentes (el 19 %). A continuación, se ubican Córdoba con 77.129 (2%) y Mendoza con 76.578 extranjeros residentes (4% de la población del distrito).

Al analizar la variación de residentes nacidos en otros países por provincia, en 21 distritos hubo una baja en 2026 con relación a 2024. La excepción fue Neuquén, por el atractivo económico de Vaca Muerta, donde se radicaron 542 extranjeros, una suba del 1,17% respecto de dos años atrás.

Las otras dos provincias registraron un incremento, aunque muy leve, son Tucumán, con 30 extranjeros más (0,3%) y Catamarca, con 17 que eligieron esa provincia para vivir (0,8%).

Los distritos que más perdieron población residente extranjera en los últimos dos años en porcentaje son San Juan (-13%); CABA y La Rioja (-8%); Chaco (-7%), y Misiones, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego (todas -6%). Pero en números absolutos, lideran esa baja la Ciudad de Buenos Aires con 48.885 extranjeros menos viviendo en el distrito capital, y la provincia de Buenos Aires, con 36.056 (-3%).

Los que se van del país

Infobae consultó a Migraciones y a Cancillería para acceder al número de argentinos que se fueron del país, desde 2023, para radicarse en el exterior. En ambos organismos respondieron no tener esa información actualizada.

En el área de Migraciones dijeron que no registraban el motivo de salida del país.

Sin embargo, tras revisar los informes escritos de los jefes de Gabinete enviados al Congreso desde 2024, Infobae encontró que fue una pregunta que se repitió por parte de diputados y senadores.

Así, por ejemplo, en el Informe 139 del 15 de mayo de 2024, Nicolás Posse respondió que, de acuerdo a la definición de migrante que brinda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “debería considerarse emigrado aquél que ha egresado del país y no ha regresado en un período mínimo de un año, sin importar si ha establecido o no su residencia en otro país, puesto que en esta categoría se contabilizan tanto aquellos en situación migratoria regular como irregular”.

Pero advirtió que “para conocer entonces el número de emigrados desde organismos de Argentina sería necesario que la autoridad migratoria pudiera cruzar datos de egreso con datos de ingreso para cada persona y/o que el registro en la matrícula consular tenga carácter obligatorio. Ninguna de estas dos situaciones se verifica”.

No obstante, señaló que “a partir de la relación que los consulados tienen con las autoridades de los países donde tienen sede, se puede estimar cuántos argentinos se radicaron en un determinado país, pero no conocer cuántos se encuentran residiendo en situación migratoria irregular.” Si bien, aclaró que “éstas no dejan de ser estimaciones”.

También agregó que “por su parte, los consulados argentinos, a partir de diversos datos registrados en el marco de sus competencias específicas, realizan estimaciones anuales de, entre otros parámetros, ciudadanos argentinos residentes en la jurisdicción. Esta información, al nutrirse de distintas fuentes, tanto registrales como informales, es estimada”. Sin embargo, desde el área de Relaciones Exteriores actual, no brindaron esta información actualizada.

Al mismo tiempo, precisó que “la Cancillería trabaja con el padrón electoral de ciudadanos argentinos residentes en el exterior, cuyos datos son provistos por la Cámara Nacional Electoral”.

En su respuesta, la estimación de argentinos viviendo en el exterior ascendía a 967.000, con datos del 2023. El principal destino era España (510.000), seguido de Estados Unidos (240.000) e Italia (170.000).

En el Informe 141 del 27 de noviembre de 2024 que envió su sucesor Guillermo Francos, la estimación brindada por escrito, tras hacer las mismas observaciones respecto de la dificultad de tener un número preciso, ascendía a 1.803.000 ciudadanos argentinos residiendo en el exterior en 2023. En su respuesta, los veinte principales países con mayor cantidad de coterráneos residentes en el exterior eran: España, Estados Unidos, Italia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Israel, México, Alemania, Bolivia, Canadá, Australia, Reino Unido, Perú, Francia, Suiza, Venezuela, Colombia y Ecuador.

En el Informe nro. 145 que Manuel Adorni envió al Congreso, el 29 de abril de este año como jefe de Gabinete, detalló que, de acuerdo al padrón electoral de ciudadanos residentes en el exterior elaborado por la Cámara Nacional Electoral, sumaban 490.726 los electores fuera del país. Aunque aclaró que ese número solo incluye a connacionales que tienen más de 16 años y que han registrado en sus respectivos DNI su domicilio en el exterior. “Sin perjuicio de lo anterior, sobre la base de diversos datos originados en distintas fuentes, por ejemplo, registros consulares, los consulados argentinos estiman que residen en el exterior alrededor de 2.165.000 argentinos”.

Si se toma este número informado en 2026, y se confronta con los 1.803.000 informados en 2023, la diferencia es de 363.000 argentinos que se fueron para radicarse en el exterior.

No obstante, en el mismo informe, Adorni admitió que no tienen el dato preciso. Así surge de lo contestado en la pregunta 1097 referida “a cuántas personas argentinas emigraron fuera de la Argentina en los últimos años y cuántas personas han retornado?”. La respuesta de Adorni fue: “El Ministerio de Seguridad Nacional informa que la Dirección Nacional de Migraciones registra los datos de los egresos e ingresos de argentinos al país pero sin discriminar el motivo, por lo tanto, no es posible dar una cifra al respecto”.

Movimientos migratorios

De acuerdo a los datos oficiales correspondientes a 2024, los últimos disponibles brindados a Infobae, los movimientos migratorios – que incluyen entradas y salidas del territorio argentino, tanto por vía terrestre, aérea como marítima-, se redujeron ese año respecto de 2023. Pasaron de 73,6 millones a 69,5 millones en total en el año.

Si se analizan las entradas y salidas, en 2024 fueron casi las mismas: 34,8 millones las primeras y 34,6 millones las segundas. Estos movimientos pueden incluir más de una salida o entrada de una misma persona.

En 2023 se registraron 37,1 millones de entradas al país y 36,5 millones de salidas por los aeropuertos con destinos internacionales y los distintos pasos fronterizos.

El 74% de las salidas y entradas al país se producen por pasos terrestres; el 17% por aeropuertos como el de Ezeiza, Aeroparque, San Fernando, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, Rosario y Salta; y el 8% por vía marítima a través de 42 puertos del país.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos: Desiré Santander

Después de un trimestre complejo para el oficialismo senatorial y, a pesar de algunos indicadores económicos no deseados y desgastantes internas -festín de operaciones de turno- fomentadas desde la propia Casa Rosada, la bancada que comanda Patricia Bullrich aprovechó el último mes para ir tres veces al recinto, destrabar leyes que reclamaba el Ejecutivo y forzar, al menos, una definición de varios asuntos en un puñado de comisiones. De esta manera, la Cámara alta descomprimió la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias que, no obstante, mantiene desafíos importantes para la administración central, tanto políticos como de gastos.

Los vaivenes en La Libertad Avanza, que fueron más notorios entre junio, julio y agosto derivaron en una mala praxis -muchas veces, empujada desde Balcarce 50- que quedó consagrada en la fileteada ley de propiedad privada, la cual duerme una cómoda siesta en Diputados. Allí, ningún integrante del Ejecutivo reclama por dicha norma. Tampoco se perciben críticas ni observaciones ante marcados errores de sus soldados y generales mileístas. Pareciera ser perfecto ese entorno, algo muy alejado de la realidad.

Tras lo ocurrido con propiedad privada, Bullrich tuvo que hacerse cargo del tapón en la Cámara alta, mientras esquivaba dardos provenientes de su espacio. Más allá del mundo redes, canciones y supuestos mensajes cifrados que sólo duran algunas horas para desviar la atención de lo que sí es importante, la porteña se tomó revancha y activó tres veces el recinto.

Por caso, el 27 de agosto, salió por un tubo otra tanda de pliegos judiciales y el cristinismo -de nuevo- hizo malabares a la hora de explicar su voto. En tanto, el 17 del corriente mes, LLA sancionó la ley de Inocencia Fiscal II y aprobó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles -biodiésel y bioetanol-, luego de meses y una feroz presión del sector azucarero -ansiosos senadores incluidos, como si fuese la final de un mundial- para avanzar con modificaciones.

La última reunión fue la del reciente jueves. Durante dicho convite, el oficialismo cambió el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió en segunda revisión a Diputados, que tendrá la palabra decisiva. La correcta intervención para retocar las mayorías y aprobar o remover autoridades de la entidad monetaria tuvo un momento de tensión a minutos de votarse, cuando llegaron extraños mensajes desde Balcarce 50 para no fomentar lo que ya estaba acordado y cerrado.

El movimiento no sólo fue imprudente, sino que expuso a la Casa Rosada en su relación con el Congreso. Los libertarios tendrán que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse desde el mes próximo en la Cámara baja. No cumplir con la palabra empeñada nunca dura para siempre.

La agenda en el Senado aún cuenta con articulados frenados, como en Sociedades y el Súper RIGI, entre otros. No obstante, a la hora de comparar versus agosto pasado, el escenario vigente encuentra al oficialismo más relajado y, en particular, con el kirchnerismo otra vez errático y a kilómetros de oler poder.

El reciente jueves, cuando se discutió el -ahora sancionado- proyecto sobre zonas frías, el cristinismo se fue del mismo para dejarlo sin quorum. El impulso “opositor” quedó en manos del silvestre santacruceño José María Carambia, que tampoco tuvo éxito -junto a Natalia Gadano– para imponer una estrategia. Atado o no con alambre, obtuvo luz verde. Punto para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vendió un consenso que no existió durante meses y, días atrás, logró validar.

La incógnita a verificar en 2027 es cómo impactará la suba en tarifas en plena época electoral. Por otra parte y, luego del trajín de la última quincena, más viajes y eventos varios que un puñado de legisladores no se perderán, la Cámara alta tendrá una semana casi sin actividad. Mientras tanto, se seguirán de cerca las pujas en Diputados sobre endeudamiento, discapacidad, Malvinas y la ley de gastos para el año próximo. De persistir ciertas formas y modos de la Casa Rosada, más insólitos mensajes en medio de sesiones para dinamitar una votación, la agenda volvería a desmadrarse.

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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reitero su respaldo al inicio de un jury contra la jueza Laura Beatriz de Marinis, en el ojo de la tormenta por haber fallado esta última semana contra la baja en la edad de imputabilidad en el caso de un varón menor de 14 años acusado de tentativa de robo.

En declaraciones a Radio Splendid, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, manifestó que la posición del Ejecutivo local es que la magistrada resulte destituida del cargo tras el eventual enjuiciamiento político sobre su actuación en el caso y en relación a la ley vigente.

El funcionario dijo que “trabajamos para el cumplimiento de la ley, que quien no la cumpla tenga consecuencias. La baja en la edad de imputabilidad representa que a partir de los 14 años, los menores que cometan delitos sean juzgados por eso”.

Jorge Macri pedirá el juicio político a la jueza que declaró inconstitucional el régimen penal juvenil

Tapia agregó que el Gobierno inició un pedido de enjuiciamiento de la jueza, “para que un jurado que conforma el Consejo de la Magistratura de CABA evalúe si cumplió o no la norma. Y si no la cumplió, que tenga consecuencias que van desde el apercibimiento, la suspensión o destitución por no haber cumplido sus tareas. Para nosotros este tipo de fallos representan un incumplimiento de la función”.

En aras de justificar la posición del Ejecutivo porteño, el ministro resaltó que “la jueza declaró inconstitucional la ley para un caso puntual, sin argumentos” y que espera que “el jurado de enjuiciamiento entienda que hay serio incumplimiento de sus funciones y que sea destituida”.

Por último, Gabino Tapia apunto contra los magistrados con una posición garantista que se contraponen, con sus fallos tendientes a priorizar a los victimarios en situación de vulnerabilidad social, al objetivo del Gobierno porteño de bajar los índices delictivos en CABA.

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