La Cámara Federal de Casación Penal rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Mauricio Collareda, exjefe de Vialidad de Santa Cruz, quien fue condenado a cuatro años de prisión en la causa por el direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo. Por lo tanto, el exfuncionario seguirá detenido en el penal federal de Río Gallegos.

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El senador peronista y exgobernador de San Juan Sergio Uñac publicó este martes un video en sus redes sociales en el que explicó por qué le gustaría ser candidato a presidente en las próximas elecciones y advirtió que hay “hay mucho desánimo” en la sociedad.

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Claudio “Chiqui” Tapia estará ausente del país hasta el 17 de octubre. La mini gira del presidente de la AFA arrancó esta mañana, casi al mismo tiempo que trascendían las medidas de prueba que pidió el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por enriquecimiento ilícito. En ese listado se destaca un pedido de información a la FIFA en Zurich (Suiza), su destino final.

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El Tribunal Oral Federal 7 realizó este martes una audiencia restringida, sin acceso del público ni transmisión en vivo, en la denominada causa Cuadernos, ante la declaración de agentes de inteligencia.

La sala donde se lleva adelante el juicio cerró sus puertas antes de iniciar la jornada y solo se permitió el ingreso a los abogados de las partes y a los testigos citados a declarar. La transmisión por YouTube fue interrumpida, al igual que en la audiencia del jueves anterior.

El presidente del Tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, explicó el motivo de la medida: “La Policía Federal informó que dos de las personas son integrantes del cuerpo de Inteligencia”. Ante esa comunicación, el tribunal dispuso que el proceso se desarrollara únicamente con los testigos citados y los abogados de las partes.

Adentro quedaron personal judicial, la querella de la Unidad de Información Financiera, los testigos y los defensores.

La audiencia, que finalizó después del mediodía, se concentró en aspectos técnicos del informe sobre los teléfonos de los imputados, incluido el cruce de llamadas entre ellos. No se dio a conocer la identidad de los testigos que declararon en esta jornada.

El cuidado de los datos personales

Antes de estas audiencias a puertas cerradas, las partes hicieron un acuerdo para evitar la filtración de datos personales. El pedido fue planteado por las defensas ante la posibilidad de que analicen cruces telefónicos, lo que finalmente ocurrió en la audiencia de este martes.

“Me parece muy correcta la medida”, consideró la fiscal Fabiana León. “Y respecto de las personas que están imputadas en la causa y que están siendo juzgadas, no tiene ningún sentido exhibir sus datos como es justamente su número de teléfono”, agregó.

Méndez Signori también se pronunció a favor del pedido y llamó a adoptar medidas “que impida que los teléfonos trasciendan”.

El pedido también se enmarcó en lo sucedido en jornadas donde se exhibieron fotografías y videos de allanamientos realizados en domicilios particulares, como el de Cristina Kirchner.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, avanzó con la creación de una Policía de Prevención Municipal que tendrá hasta 100 agentes para tareas de patrullaje barrial, prevención de proximidad y primera respuesta. La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante de su distrito y pone la lupa sobre el pedido para que el gobernador Axel Kicillof envíe a la Legislatura el proyecto anunciado para regular las fuerzas locales de seguridad.

La ordenanza aprobada en el distrito gobernado por el dirigente de La Cámpora establece que el nuevo cuerpo dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano. Sus integrantes no reemplazarán a la Policía de la Provincia de Buenos Aires ni tendrán atribuciones para investigar delitos: deberán concentrarse en la presencia territorial, las recorridas preventivas y la asistencia inicial frente a situaciones de riesgo.

El paso de Lanús se inscribe en un proceso que atraviesa a municipios de distintos signos políticos. Escobar, donde gobierna el intendente kicillofista, Ariel Sujarchuk; Avellaneda, bajo el control político de Jorge Ferraresi; y San Isidro, con Ramón Lanús —cercano a Patricia Bullrich—, entre otros, ya pusieron en marcha patrullas, cuerpos preventivos o estructuras locales que buscan cumplir funciones de seguridad ciudadana. Lo mismo hizo el distrito de Quilmes bajo el gobierno de la cristinista Mayra Mendoza o el axelista Lucas Ghi de Morón La diferencia es que, hasta ahora, no existe una ley provincial que determine sus facultades, el financiamiento, la formación de sus integrantes ni la relación con la Policía Bonaerense. Todo está a resolución de los intendentes.

En el último caso, el de Lanús, la votación del Concejo Deliberante fue precedida por la apertura de la Escuela de Policía Municipal de Lanús. En agosto, Álvarez presentó la primera cohorte, integrada por 120 cadetes, para una capacitación de 600 horas.

El proyecto fue aprobado por mayoría, aunque recibió el rechazo de La Libertad Avanza, el PRO y el bloque Vamos. Los cuestionamientos se centraron en las facultades del municipio para utilizar la denominación Policía Municipal y en la posibilidad de que las nuevas funciones se superpongan a las de los agentes de seguridad ciudadana. Por ello, explican los intendentes, es necesario que la Provincia intervenga con un marco normativo que englobe las facultades de las fuerzas locales.

La estructura que Lanús aprobó no equivale a la creación de una fuerza policial autónoma. De hecho, ninguna de las fuerzas que ya funcionan en el ámbito local tiene autonomía. La Ley 12.154 de Seguridad Pública establece la seguridad como una responsabilidad provincial y no reconoce específicamente a los intendentes de los municipios grandes como autoridades con competencia policial propia. Eso es lo que está en debate y lo que los intendentes quieren definir. Kicillof lo había anunciado en su apertura de sesiones.

En los hechos, los municipios ampliaron su participación en la prevención del delito. Sostienen centros de monitoreo, cámaras, anillos digitales, botones de alerta, corredores seguros, móviles de patrullaje y asistencia a víctimas. También destinan fondos al mantenimiento de patrulleros bonaerenses, combustible y reparaciones de dependencias policiales.

Sin embargo, ese despliegue se desarrolló sin una regulación integral. La legislación provincial contempla un régimen de Policías de Seguridad Comunal para localidades del interior con hasta 70 mil habitantes que adhieran mediante convenios. Esas fuerzas, de todos modos, integran las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

Por su población y su pertenencia al conurbano, los grands municipios no están incluidos en ese régimen. La flamante fuerza de seguridad votada en Lanús no tiene potestad para realizar investigaciones penales y tiene la obligación de articular con la Bonaerense.

La discusión excede el nombre de las fuerzas. Define, entre otros puntos, quién podrá designar autoridades, aplicar sanciones, financiar los recursos, portar armas, realizar aprehensiones y establecer los protocolos de intervención en la vía pública.

Kicillof anunció en marzo una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, vigente desde 1998. El gobernador incluyó en ese anuncio una nueva norma para el personal policial y una reforma que incorpore las herramientas que los municipios ya utilizan en materia de prevención.

Intendentes a la espera

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, abrió luego una ronda de reuniones con intendentes de distintos sectores políticos y seccionales electorales. Uno de los encuentros centrales se realizó en Escobar, donde se reconoció que el Ejecutivo preparaba una iniciativa para actualizar el marco normativo de la seguridad provincial.

En ese momento, la reunión convocó a intendentes peronistas y opositores. Estuvieron Ariel Sujarchuk, de Escobar; Jorge Ferraresi, entonces jefe comunal Avellaneda; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Leonardo Boto, de Luján; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Federico Susbielles, de Bahía Blanca, y Ramón Lanús, de San Isidro, entre otros.

Los reclamos no son idénticos. Algunos municipios buscan que la ley valide y ordene sus actuales cuerpos de prevención. Otros pretenden avanzar hacia policías municipales con mayor autonomía, mando local y recursos garantizados.

En Escobar funciona desde marzo de 2025 una Policía Municipal creada por ordenanza, con agentes capacitados, equipamiento específico y armas no letales.

San Isidro plantea una postura más amplia. Su intendente, Ramón Lanús, reclama una policía municipal bajo mando directo del jefe comunal, con autonomía funcional, potestades disciplinarias y estado policial para sus agentes. La demanda atraviesa a dirigentes de fuerzas enfrentadas en el plano provincial y nacional.

Aunque la Provincia completó durante julio la ronda de consultas con los municipios, el proyecto oficial aún no fue remitido a la Legislatura. Esa demora comenzó a generar cuestionamientos de intendentes que consideran insuficiente el actual esquema de coordinación con la Policía Bonaerense e inquietud en la Legislatura.

La Cámara de Diputados bonaerense ya tiene tres iniciativas de autonomía que deberían tener las futuras policías municipales. Las mismas están en la comisión de Seguridad con estado parlamentario y, según supo Infobae, fueron remitidas al Poder Ejecutivo. “No nos contestaron nada”, contó un legislador que de cerca el tema.

Los tres proyectos

El diputado de Fuerza Patria Carlos Puglelli presentó un proyecto para crear policías Comunales. La propuesta prevé modificaciones a las leyes 12.068, 12.154 y 13.482, y contempla un Fondo para el Fortalecimiento de esas estructuras. Su modelo se orienta principalmente a municipios de menor escala poblacional y propone integrar las fuerzas locales al sistema de seguridad bonaerense.

Otro texto fue presentado por el diputado Leonardo Moreno, alineado con Sujarchuk. Su iniciativa propone la creación de una Policía Municipal de Proximidad para distritos de más de 70 mil habitantes. El modelo preserva una relación estrecha con la Provincia en materia de financiamiento, formación, coordinación y control, aunque habilita a los intendentes a intervenir en la planificación territorial y la conducción local.

El tercer proyecto corresponde al diputado provincial Juan José Esper, titular del monobloque Derecha Popular. Esper responde al exintendente de San Miguel, Joaquín de La Torre. Es la propuesta que concede el mayor margen de descentralización: establece que las futuras policías municipales dependan de los intendentes en los planos funcional, administrativo, financiero y operativo.

Según la iniciativa de Esper, cada municipio podría adherir al régimen por medio de un convenio suscrito por el jefe comunal y ratificado luego por el Concejo Deliberante. A partir de ese paso, la Policía Municipal quedaría bajo la órbita directa del Ejecutivo local.

El intendente tendría la facultad de designar a la máxima autoridad de la fuerza, con acuerdo del Concejo Deliberante. El proyecto prevé patrullaje preventivo, vigilancia urbana, confección de mapas del delito, intervención ante conflictos vecinales y colaboración en tránsito y seguridad vial.

Esper defiende un esquema con dependencia plena del intendente, estado policial para los integrantes de las fuerzas locales, financiamiento establecido por ley y facultades expresas. Esa posición difiere de los proyectos que proponen un modelo de coordinación con mayor presencia de la Provincia.

“El gobernador quiere ganar tiempo y que el tema lo aborde el próximo gobernador. ¿Qué sentido tiene que lo haga ahora?“, consideró un diputado de la oposición a este medio.

La complejidad del Senado

En el Senado bonaerense, el presidente del bloque oficialista, Sergio Berni, adelantó su discrepancia con la iniciativa del Ejecutivo y había adelantado que iría con un proyecto de su autoría. En la Cámara alta, Berni responde al esquema cristinista y mantiene un frente abierto con la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Verónica Magario. Además, preside la comisión de Seguridad.

Sobre la creación de fuerzas locales, el exministro de Seguridad del primer período de gobierno de Kicillof planteó sus disidencias. El senador vincula el impulso de una nueva fuerza con el calendario electoral y lo compara con la decisión de Daniel Scioli de crear por decreto la Policía Local en 2014, cuando se encaminaba a la campaña para los comicios de 2015. Esa estructura terminó incorporada a la Policía Bonaerense.

“Parece que responde más a una cuestión electoral que a un abordaje del tema. ¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la bonaerense?”, planteó Berni cuándo a mitad de año se lo consultó por el tema. Otro frente de la interna.

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