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El Gobierno advirtió que podría iniciar acciones penales contra las petroleras británicas en Malvinas – Nexofin

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Luego de la tensa audiencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en donde el gobierno de Javier Milei, solicitó el cese de toda actividad petrolera en las Islas Malvinas, por parte del Reino Unido.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, advirtió que el país utilizará todos los recursos legales disponibles para frenar a las empresas petroleras que operan en el archipiélago.

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El Tribunal del Mar fijó la fecha para definir el fallo por la explotación petrolera en las Islas Malvinas

“Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, señaló el canciller.

De este modo, el funcionario libertario adelantó que podrían iniciarse acciones penales contra los directivos de las firmas británicas e israelíes, que operan en la zona en disputa.

Argentina cerró su reclamo ante el Tribunal del Mar pidiendo que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas

“Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda”, remarcó Quirno en declaraciones a Radio Rivadavia.

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En tanto, el titular del área diplomática, defendió la presentación realizada por el Gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que permitan suspender las actividades de explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.

 

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La Corte falló a favor de una madre que reclama educación inclusiva para su hija con discapacidad

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Una madre ganó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una batalla legal por la educación inclusiva de su hija con discapacidad en Rosario del Tala, Entre Ríos.

La Corte hizo lugar a la demanda de la mujer contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos (CGE) y la justicia de esa provincia deberá dictar con urgencia un nuevo fallo.

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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (con un voto propio) analizaron el caso y revocaron lo resuelto en Entre Ríos, donde habían rechazado la acción de amparo con el argumento de que existía un trámite administrativo sobre el mismo caso.

“Los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, sostuvo el fallo de la Corte.

La causa fue impulsada por una mujer, en representación de su hija menor de edad, para que a través de un amparo se ordenara “el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva” a la menor. La demandante reclamó que se dispusiera “la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI)” que garantizara la “trayectoria educativa completa, según la normativa vigente”, de su hija.

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El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al CGE que, en el plazo de 20 días corridos, elaborara un Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión escolar de la adolescente.

Entendió que las propuestas alternativas de las autoridades, como concurrir a una escuela especial o cursar pocas materias de forma aislada, no constituían una propuesta planificada de acuerdo con la singularidad de la joven ni cumplían los recaudos mínimos de la normativa.

El Estado provincial apeló y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos rechazó la acción de amparo. Según dijo, ya existía un procedimiento administrativo en trámite, iniciado por la Departamental de Escuelas. Consideró que la madre de la niña ya había optado por esa vía, por lo que no correspondía el planteo judicial.

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La mujer apeló y la Corte Suprema de la Nación le dio la razón.

El máximo tribunal nacional dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento con la urgencia del caso.

Para la Corte, el Superior Tribunal provincial incurrió en un “exceso ritual” al rechazar el amparo por un procedimiento administrativo previo porque ese trámite administrativo ya había concluido y había resultado inútil para dar respuesta a la niña, con lo que el Estado ya había vulnerado la tutela judicial y el derecho a la educación inclusiva de una persona en situación de vulnerabilidad.

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Según el fallo, “la sentencia apelada no brindó razones para comprobar la existencia de otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo para dar debida respuesta a los derechos constitucionales que se alegan como lesionados”.

“El superior tribunal de la causa se limitó a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad, máxime cuando las autoridades provinciales ya dejaron asentado que se han realizado ‘todas las intervenciones presentando a (la tutora de la menor) las distintas propuestas que el Sistema Educativo Entrerriano posee en Rosario del Tala (SIC)”.

En ese sentido, dijo la Corte, en el voto de Rosatti y Rosenkrantz, que el proceso administrativo “se encuentra concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto”.

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“Frente a ello, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, dijo la Corte.

“Asiste razón a la recurrente cuando plantea que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva. Más aun cuando el art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo”, señaló.

El voto de Lorenzetti

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En su voto concurrente, Lorenzetti destacó que “la claridad con que el derecho a la educación en general y en relación a las personas con capacidades diferentes está consagrado en el derecho, no puede ser una mera declaración”. Ponderó que “una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada”.

Destacó que “el procedimiento administrativo llevado a cabo por el CGE no fue iniciado por la actora, tampoco tiene carácter contencioso y está concluido”.



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Bullrich dijo que el Senado está listo para tratar la Ley de Discapacidad y volvió a enviar un mensaje al Gobierno: “Es con todos los argentinos”

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Tras la visita del papa León XIV, Patricia Bullrich aseguró este jueves que el Senado está preparado para aprobar la nueva Ley de Discapacidad y volvió a enviarle un mensaje al Gobierno en medio de las recientes fricciones por sus nuevos gestos de independencia política.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, remarcó la legisladora a través de un posteo en X.

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Luego, agregó: “Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.

Tal como contó este medio la semana pasada, Bullrich resistió intentos de la Casa Rosada de modificar el proyecto de Discapacidad que salió de Diputados y consiguió el respaldo de los aliados y de sectores de la oposición para avanzar con su sanción en el Senado. Así, la jefa del bloque de La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría sin introducir cambios en el texto y allanó el camino para su tratamiento en una sesión prevista para el 19 de noviembre.

Patricia Bullrich, senadora nacional La Libertad Avanza. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

La decisión expuso distintas estrategias entre Bullrich y un sector del Gobierno de Javier Milei, que buscaba incluir modificaciones el proyecto negociado con los bloques aliados y la oposición en la cámara baja. Sin embargo, la exministra de Seguridad priorizó los acuerdos parlamentarios que había construido con el resto de los bloques.

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El gesto se suma a las recientes muestras de autonomía de la senadora, que públicamente demanda que los resultados del programa económico del Gobierno alcancen a toda la población, además de diferenciarse en ciertos aspectos de la estrategia política de la Casa Rosada o los modos del Presidente.

En Balcarce 50 advirtieron que la exministra de Seguridad cruzó un límite cuando difundió una imagen de una reunión con su propia mesa política, en medio de las versiones de una posible candidatura para 2027. Sin embargo, la tensión quedó postergada por la visita del papa León XIV y hasta el momento el Gobierno decidió no escalar el conflicto interno.

Qué dice la ley que será tratada en el Senado

La iniciativa busca dar marcha atrás algunos de los puntos que había incluido el Gobierno en su proyecto de Presupuesto 2027 y ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal, además de permitir que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

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Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. También habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.

El Senado tratará la Ley de Discapacidad que ya recibió media sanción de Diputados. (Foto: NA - Daniel Vides)
El Senado tratará la Ley de Discapacidad que ya recibió media sanción de Diputados. (Foto: NA – Daniel Vides)

Otro de los puntos establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.

En cuanto a la suspensión de beneficios, la norma incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y establece un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo, seguido de una revisión por parte de la autoridad competente.

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Llaman a debatir la eliminación de las PASO y se profundiza la interna en el oficialismo en el Senado

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El debate por las modificaciones al sistema electoral argentino se retomará la semana que viene en medio de una interna en el bloque de LLA en el Senado que cada vez se profundiza más.

Luego de dos meses de silencio, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, citó para el próximo martes 17 de noviembre desde las 15:00 en el Salón Arturo Illia, para debatir el proyecto que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero que incluye otros aspectos como por ejemplo la apertura a capitales privados para el financiamiento electoral y la eliminación de los debates presidenciales.

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El llamado a la comisión tomó por sorpresa a un sector del bloque, incluida a su presidenta Patricia Bullrich, que no tenían en agenda este paso. “No están los votos. Y si están, que se encargue Santilli de traerlos”, aseguró una fuente parlamentaria en referencia al rol del Jefe de Gabinete.

Pero, además, el oficialismo no solo va a tener que contar con las firmas necesarias para dictaminar sino que va a tener que tomar una decisión respecto de otro tema crucial: ficha limpia.

Diego Santilli y Patricia Bullrich caminan por los pasillos del Congreso

Los dialoguistas —PRO y UCR— acompañarían siempre y cuando se apruebe ficha limpia, algo que el oficialismo ya demostró en varias oportunidades no compartir. Es por eso que el martes cuando se abra la comisión, los bloques van a llevar su propio dictamen al respecto. “Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás”, aseguran.

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El debate por la eliminación de las PASO lleva tiempo. En los últimos diez meses, la comisión que debe tratar el tema se reunió sólo dos veces. En ambos casos, el resultado fue el fracaso y un llamado a cuarto intermedio. Esto fue como consecuencia de la falta de flexibilidad de parte del bloque libertario que en una primera instancia había aceptado la posibilidad de una suspensión y después volvió con la eliminación de las PASO.

El proyecto, además, eleva los requisitos para los partidos políticos: exige reconocimiento en al menos diez distritos para obtener personería jurídica y fija nuevos pisos de afiliación y de votos para conservarla. Los partidos pueden perderla si no participan en dos elecciones nacionales consecutivas o no alcanzan el porcentaje mínimo establecido. También se restringen las condiciones para fusionar agrupaciones y conformar alianzas electorales, y se prohíbe contratar servicios de personas extranjeras para las campañas.

En materia de financiamiento, elimina los aportes estatales específicos para campañas y amplía el financiamiento privado, con aportes sin límite de personas y empresas, de forma regulada y trazable, con el objetivo declarado de reducir la influencia del narcotráfico. Se mantiene el Fondo Partidario Permanente, aunque con nuevos criterios de distribución, y se refuerzan las obligaciones de información sobre origen y destino de los fondos. La iniciativa también modifica la Boleta Única de Papel para permitir marcar una opción que vote por la lista completa de una agrupación e incorporar las categorías nacionales, provinciales y municipales en un mismo instrumento. Además, elimina el régimen de espacios cedidos de publicidad gratuita en medios audiovisuales, suspende la elección directa de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur en favor de una designación indirecta por la Cámara de Diputados, e incorpora herramientas digitales para la afiliación partidaria junto con nuevas exigencias de avales ciudadanos para presentar candidaturas.

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Internas y negociación

El debate no está ajeno a las internas que se viven en el bloque de LLA en el Senado y que su presidenta, Bullrich, mantiene con la Casa Rosada. En varias oportunidades la ex ministra de Seguridad señaló que no estaban los votos para poder avanzar. El Jefe de Gabinete Santilli aseguraba lo contrario. En ese contexto, Bullrich bajó un mensaje simple: “que Santilli consiga a los gobernadores y yo el resto”.

Pero, además, en los pasillos del Senado se especula que este repentino llamado y la falta de comunicación es la “reprimenda” de los hermanos Milei al continuo desmarcaje de la senadora con la Casa Rosada que hasta llegó a hacer correr la idea del Plan B.

Además, mientras los bloques se iban enterando del llamado —en muchos casos a través de los periodistas acreditados— muchos se preguntaban si Coto lo hizo a expensas de Bullrich o de Nadia Marquez, la “pastora” que responde a Karina Milei y que cada vez juega más cerca de los Menem.

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Otro punto a tener en cuenta y que siguen de cerca los opositores no aliados es el Presupuesto. Hoy hay un encuentro en Diputados para establecer la forma de avanzar pero hasta ahora no hay acuerdo con el proyecto. La pregunta que se hace es si el PRO y la UCR, más los provinciales, van a firmar un dictamen sin saber si hay fondos para sus provincias. “No saben qué va a pasar con el Presupuesto. Tampoco saben si Karina les va a meter candidatos en las provincias o les va a dejar lugares en las listas. El ministerio de Justicia manda pliegos de jueces como caramelos pero no los que pidieron los aliados. ¿Le van a firmar esto? ¿A cambio de qué? No tenés cerrado el Presupuesto, no sabés si Karina te va a cagar con las listas, no envían pliegos judiciales que pidieron aliados y van a firmar sólo la suspensión de las PASO”.

El martes a la tarde el Senado retomará el tema. Los plazos se acortan. Neuquén anunció que va a elecciones el próximo 14 de febrero y se lanza el cronograma electoral. Antes de que finalice diciembre el Congreso tiene que tener la ley aprobada para cumplir con lo que los organismos internacionales establecen como plazo mínimo.

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