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Revelan que Hugo Moyano vació un sanatorio clave de la obra social de Camioneros: todos los detalles – Nexofin

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La crisis del sindicato de Camioneros se agudiza y tiene como eje un presunto desfalco de su obra social para tapar el déficit de las empresas que integran el holding familiar de los Moyano.

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El sanatorio que habría sido vaciado por Hugo Moyano.

La lupa judicial se encuentra posada sobre un sanatorio clave que funciona en el Partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que resulta clave para el funcionamiento de la cobertura de salud a los trabajadores afiliados.

Se trata del Sanatorio 15 de Diciembre, el cual dejó de brindar atención médica en varias áreas sensibles, como cirugías y guardias, siendo que el único sector que funciona de forma regular es el de laboratorio.

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Hugo Moyano quiere cerrar una causa por fraude millonario en un hotel de Camioneros

Esta situación tiene como trasfondo una caída de afiliados y recortes efectuados por el gremio, así como conflictos por problemas en el pago de salarios en cuotas al personal.

Posible triangulación de fondos

Sin embargo, según Clarín, también habría movimientos financieros sospechosos que indican un vaciamiento de la institución médica, pues la Justicia investiga transferencias multimillonarias desde las cuentas del sindicato y la obra social hacia fideicomisos relacionados al holding empresarial del clan Moyano, los cuales administra la esposa del sempiterno líder gremial, Liliana Zulet por medio de firmas como IARAI.

Este accionar derivó en denuncias internas y disputas dentro del gremio por el opaco manejo de los fondos de Camioneros y su obra social.

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Pases de factura, dos provincias en la mira y mensajes furiosos en redes tras la sesión caída en Diputados

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El Gobierno quedó en offside este miércoles después de convocar a una sesión que tuvo que dar de baja porque no consiguió quorum. Se iban a tratar la ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos proyectos que Javier Milei sigue en persona y que la Casa Rosada quisiera tener aprobados antes de fin de año.

Con una debilidad política expuesta justo en un momento en que necesita estar fuerte para aprobar la reforma eletoral, el oficialismo dio explicaciones de todo tipo y volvió a exponer sus propias internas.

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La primera reacción del Gobierno fue hablar de una “jugada inesperada” de los diputados de Provincias Unidas que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Los diputados de Provincias Unidas no se sentaron Fabián Marelli

Después, los operadores en redes ligados a Santiago Caputo cargaron contra el titular de Diputados, Martín Menem, a quien acusaron de no moverse lo suficiente por conseguir los votos para la ley Malvinas, ya que estuvo orquestada por el asesor presidencial.

En la Casa Rosada se tiraron la pelota respecto a quién negoció los votos para esta iniciativa, que finalmente no aparecieron. “Si no no abrís la sesión con semejante paquete (…). Debían estar confiados y no puntearon bien los números”, replicaron desde un despacho directo a Diputados.

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Es cierto que los legisladores que responden a Pullaro y Llaryora no bajaron al recinto. Según pudo averiguar , hubo un fuerte malestar en ese espacio porque el oficialismo no llamó a comisión para tratar el proyecto de biocombustibles que fogonean esas provincias, por lo tanto, no fue incluido en el temario de hoy.

Asimismo, esos sectores reclaman una silla en el Consejo de la Magistratura, que Cristian Ritondo pretende direccionarle a Pro.

El diputado nacional Cristian Ritondo, aliado de la Casa RosadaRodrigo Néspolo

Convencidos de que Menem jugó para Ritondo en las dos cuestiones, los santafesinos y cordobeses se ausentaron. “Nos están boludeando. Hay que plantarse”, se escuchó en la bancada de Provincias Unidas, donde hay enojo por la cantidad de veces que contribuyeron con la Casa Rosada sin retribución, según entienden.

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En el oficialismo de la Cámara de Diputados y el karinismo se agarraron de esa interna entre Ritondo y Provincias Unidas, que tiene como voz cantante en estos temas a Gisela Scaglia, jefa del bloque pero también exvicegobernadora de Pullaro, y dejaron ahí las culpas por la sesión caída.

“Fue una cuestión de mezquindad política. Pro no quiere los biocombustibles, Menem no lo puso por pedido de Ritondo, y se sumó la interna por el consejero de la Magistratura. Entonces en Provincias Unidas se enojaron, habían dicho que se sentaban y no se sentaron”, fue una de las explicaciones que se escuchó en los pasillos oficiales.

En esa misma línea se expresaron en sus cuentas de X diputados nacionales que responden a Menem, como Gabriel Bornoroni y Romina Diez, quienes hablaron de “intereses mezquinos”, sin hacer alusión directa a los santafesinos y cordobeses.

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Luego del fracaso legislativo, hubo reproches de Menem a Scaglia y los suyos por no acompañar. También quejas de la bancada de las provincias, que sienten que el Gobierno no cumple con lo prometido. “Si les alcanza con la alianza con Pro y parte de los radicales, que gobiernen con eso entonces”, replicaron los diputados que tienen terminal en los dos gobernadores que hicieron una demostración de poder a la Casa Rosada este miércoles.

El Gobierno tampoco pudo salir de punta contra Llaryora y Pullaro porque los necesita para dar de baja las PASO, una iniciativa que el Gabinete considera clave en el camino a la reelección de Milei.

La interna de LLA

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Pero las interpretaciones fueron más allá y volvieron a revolver la interna oficialista. Los personajes más influyentes del esquema de redes que tiene terminales en Santiago Caputo culparon a Menem por la sesión fallida.

“Es como que hay un sector al que no le interesa la ley Malvinas pura y exclusivamente porque es impulsada por otro sector, ¿no? Como si la política les importara más que la Patria», escribió el diputado bonaerense Agustín Romo, en un dardo solapado a los Menem.

A los minutos se sumó Daniel Parisini (en redes, Gordo Dan), principal propagandista libertario, quien acotó: “Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes”.

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En su momento, Santiago Caputo había planteado la necesidad de que la Argentina recupere las Malvinas porque el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam”.

El menemismo, tras bambalinas, rechazó las acusaciones y habló de “miles de instancias” de negociaciones para encauzar la ley que todavía no consigue aprobación. “Están diciendo boludeces”, se escuchó en el bloque de Diputados.

Por su parte, Santiago Caputo no replicó los mensajes de Romo y Parisini, pero sí uno de Nicolás Promanzio, también de su entorno, que no arremetía directo contra los Menem, sino que decía que en la Argentina hay “políticos de mierda”, con un “nivel de irresponsabilidad total”.

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“Siempre les chupó y les va a seguir chupando un huevo (sic) hacer las cosas bien. Solo les importa rosquear un lugar de mierda en un Consejo inútil y aprobar sus changuitas electorales. Por eso la sociedad los va a odiar siempre. Porque son unos negligentes. Y le quieren seguir dejando todo en bandeja a los piratas, como siempre lo hicieron. Basuras. Ojalá recapaciten rápido y estén a la altura de lo que la Nación demanda”, dijo Promanzio. Caputo avaló esas expresiones. “Así piensa un ciudadano libre. Alguien no contaminado por la mierda de la política. Qué bueno que todavía haya voces que representen al ciudadano libre”, marcó el asesor.

Por ahora, en Diputados sueñan con volver a llevar el proyecto al recinto la semana que viene, pero el escenario todavía no está así de claro en los aliados.

El cimbronazo despertó dudas respecto del devenir de la reforma política, que negocia el jefe de Gabinete, Diego Santilli, porque en el mismo momento el Gobierno también desistió de las colectoras para intentar hacer caminar la anulación de las primarias para 2027, con los números y los tiempos al límite.

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Voces oficiales de la Casa Rosada intentaron llevar calma. “Los gobernadores son los mismos, pero las negociaciones se están manejando por carriles distintos”, se confiaron.



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Reforma electoral: el Gobierno consiguió dictamen y la suspensión de las PASO se tratará el jueves 26 en el Senado

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El Gobierno finalmente aceptó retirar las colectoras del proyecto de reforma electoral con el objetivo de conseguir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen que contempla la suspensión de las PASO de 2027. El proyecto se tratará el próximo jueves en el Senado.

El principal obstáculo para alcanzar el consenso era la incorporación de las listas colectoras, una modificación negociada entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados. El PRO, que ya manifestó su apoyo a la suspensión de las primarias, mantenía su rechazo a ese punto de la iniciativa.

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Al inicio de la sesión la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sorprendió al anunciar que “dejaron fuera del proyecto el sistema de adhesiones”.

Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Foto: Sofia Areco / Comunicación Institucional Senado.-

Al finalizar la reunión en Comisión, Bullrich afirmó: “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”. Por otra parte, confirmó que el proyecto sostiene Ficha Limpia, que alcanzará a quienes tengan una condena confirmada en dos instancias. “Es muy importante que de una vez por todas salga”, dijo.

Entre los cambios acordados, Bullrich señaló que se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad.

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Noticia que está siendo actualizada.-

Senado

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El Tribunal Superior de Justicia porteño limitó la actualización de intereses por despido a la nueva ley de Modernización Laboral

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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) impuso límites a la indemnización por despido de acuerdo con la denominada ley de “Modernización Laboral”, en lo que marca la jurisprudencia del tribunal en la materia, en consonancia con la Corte Suprema de Justicia.

Por mayoría, el máximo tribunal porteño hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco Hipotecario S.A. y revocó una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

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Lo que la Corte porteña dispuso es que los intereses y la actualización de la indemnización por despido se determinen l régimen establecido en el artículo 55 de la nueva legislación, aprobada el 28 de febrero pasado.

El 6 de marzo de 2026, durante el trámite judicial, entró en vigencia esta nueva norma número 27.802. Allí se establece cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios en trámite que no tienen sentencia definitiva. Fija como regla la tasa pasiva del Banco Central, con un techo y un piso. El resultado no puede superar lo que daría el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual, ni ser inferior al 67% del monto que surgiría de aplicar esa fórmula.

Ahora, con este criterio, el Tribunal Superior de Justicia porteño falló en la causa “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/despido”.

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La Cámara Nacional del Trabajo había confirmado la condena al pago de la indemnización por despido y había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 que prohíben la indexación. Había ordenado actualizar el crédito desde su exigibilidad mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC), más un interés puro del 3% anual.

Frente a ello, el Banco Hipotecario recurrió ante el TSJ al alegar arbitrariedad y apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los precedentes “Oliva” y “Lacuadra”.

La empleada del Banco Hipotecario que fue despedida planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, lo que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia porteño.

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En esta sentencia, el TSJ sostuvo que la declaración de invalidez de una ley es el último recurso al que se puede acudir.

Los magistrados destacaron que el esquema transitorio diseñado por el Congreso responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo que no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad.

Señalaron que el piso mínimo del 67% resulta compatible con la doctrina de no confiscatoriedad sentada por la Corte Suprema de Justicia.

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Decidieron que el artículo 55 de la Ley 27802 resulta aplicable para determinar la forma de actualización del crédito de la trabajadora, en coincidencia con el fallo de la Corte Suprema del 5 de noviembre pasado en el expediente Cabana Opanasiuk, Leonardo.

Cuando un trabajador gana un juicio por despido, el dinero de la indemnización debe actualizarse desde el momento en que debió pagarse hasta el momento del cobro efectivo para no perder su valor frente a la inflación.

En este fallo, el Tribunal Superior de Justicia definió qué regla debe usarse en los juicios laborales que ya estaban en trámite cuando se sancionó la denominada ley de “Modernización Laboral”.

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La mayoría del tribunal resolvió que es válida la fórmula fijada por el Congreso para estas causas pendientes. Se calcula el interés con la tasa pasiva del Banco Central, garantizando que el monto final nunca sea menor al 67% de lo que resulte de actualizar el capital por inflación (IPC) más un 3% anual, ni mayor al 100% que resulte de actualizar el capital con la misma fórmula.

Votaron por la validez de la norma Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, y votaron en disidencia Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz.

En su voto conjunto, De Langhe y Otamendi sostuvieron que no es irrazonable que los créditos laborales tengan un régimen propio, distinto del que rige para las deudas civiles y comerciales.

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Tampoco consideraron discriminatorio que el artículo 55 trate a los juicios en curso de manera diferente que el artículo 54, que regirá para los casos nuevos.

Según los jueces, se trata de un mecanismo transitorio, pensado para causas que se tramitaron bajo la prohibición de indexar, con alta inflación y después de que la Corte Suprema descalificara varias fórmulas de la Justicia laboral por arrojar resultados “desproporcionados”.

Weinberg llegó a la misma conclusión con un voto propio. Allí puso el foco en que la trabajadora no demostró con números concretos cuánto perdía con la nueva fórmula, y advirtió que una objeción de esa gravedad exige probar el perjuicio en el caso.

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Para la jueza, el piso legal protege al trabajador y la previsibilidad sobre el monto de las deudas también cuida la fuente de empleo. “La adopción de un mecanismo de excepción y transitorio para resolver las causas en trámite constituye una decisión legislativa que, más allá de su acierto o error, por sí misma, no resulta arbitraria ni discriminatoria”, afirmó.

Lozano y Ruiz, desde el peronismo, votaron en contra y declararon inconstitucional la ley de Modernización Laboral. Consideraron que discrimina a los trabajadores, a quienes la Corte define como “sujetos de preferente tutela”, porque les otorga por la mora una reparación muy inferior a la que recibe cualquier otro acreedor, y además por el hecho de haber ido a la Justicia.

Para ilustrarlo, hicieron la cuenta de este expediente: entre el despido, en marzo de 2017, y agosto de 2026, el IPC subió 11.980%, la tasa pasiva que impone la ley arroja un 5930% y la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del BCRA, que se aplica al resto de las deudas, da 12.186%.

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Con el voto de la mayoría, según la nueva Ley de Modernización Laboral, por cada 100 pesos de 1987 le correspondería al trabajador en 2017 unos 10.400 pesos. Y, según el voto de la minoría, los 100 pesos se convierten en unos 12.290 pesos.



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