La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quedó envuelta en un escándalo luego de que el directorio conociera sus últimos movimientos en la entidad financiera. Según contó la periodista Cecilia Boufflet en PPT (eltrece), contrató familiares para importantes puestos y habilitó el pago de sueldos millonarios sin consultar.

En julio, la exministra de Economía envió a las autoridades la lista de nombramientos que asumirían al mes siguiente. Dentro de las personas que estaban anotadas, incluyó a alguien particular para la gerencia de Sistemas: se trata de Héctor Javier Silva, su exmarido.

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Silva tiene 59 años y, si se compara con las contrataciones que se realizaron históricamente en el BNA, no es una incorporación tradicional.

Al no avisar nada sobre su vínculo personal con él, se genero un malestar entre los miembros del directorio por omitir esa información. En ese sentido, en el caso de que Batakis dejara su puesto tras las elecciones, él continuaría en el cargo, ya que se oficializó su paso a planta permanente.

Por otro lado, la titular del BNA aprobó a través de una carta, sin consultar y sin someter a votación, que la gerente general de la entidad, María del Carmen Barros, comenzara a cobrar una desorbitante cifra.

Conformado con premios y bonos, el sueldo que percibe Barros se acerca a los 9 millones de pesos. Su primer cobro fue equivalente a US$15.000.

El argumento que usó Batakis es que en otros bancos, incluso en aquellos que son públicos, el gerente general tiene un salario de esa dimensión, por lo que correspondía habilitar esa suba. Sin embargo, el directorio cuestionó la decisión no solo por haberla tomado de manera unilateral, sino por el contexto económico pos PASO en el que lo definió.

La polémica con Barros no termina ahí: la mujer está en pareja con Juan Manuel Romero, integrante del equipo de manejo de los camiones de caudales del banco.

Consta en los registros que Romero va poco a trabajar. Por ese motivo, le hicieron un sumario porque no se presenta a hacer las recorridas, pero usa la tarjeta corporativa para comprar combustible. Desde el directorio, sospechan que tienen un arreglo con las estaciones de servicio y vende esos vouchers para tener otro ingreso.

Además, tiene una denuncia penal porque la única vez que fue a trabajar intentó viajar en el camión de caudales a Bariloche y quiso llevar a un amigo. Ante esa situación, la Policía de la Ciudad lo retuvo en un operativo y elevó la queja porque no está permitido.