En las últimas semanas, REALPOLITIK recibió tres nuevos testimonios que se suman a una lista creciente de denuncias de maltratos, discriminación y despidos arbitrarios en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Los relatos apuntan a una trama sistemática que deja entrever la manipulación de recursos, la falta de transparencia y el accionar discrecional de altos funcionarios de la gestión de Pedro Scarpinelli.

Entre los denunciantes, extrabajadores despedidos el pasado 31 de marzo de 2024 relatan una seguidilla de irregularidades que afectaron directamente a empleados con años de antigüedad. Según los testimonios, las desvinculaciones fueron selectivas y arbitrarias, sin consideración por la trayectoria, las evaluaciones de desempeño o las situaciones personales de los afectados.

El correo de los trabajadores denunciando las injusticias en la gestión de Pedro Scarpinelli.

Una lista negra con nombres propios

Uno de los afectados envió dos extensos mails al ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y a otros directivos de la ANSV donde relató, con nombre y apellido, quiénes son los responsables de esta ola de despidos masivos, maltratos y discriminación sinsentido. En estos correos, el trabajador apuntó contra Daniela Ortiz, Silvana Torbidone, Marisa Porreca, y otros directivos y jefes de áreas, quienes habrían confeccionado listas de despidos en complicidad con delegados sindicales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y referentes de la gestión albertista.

«Se protegió a los amigos, a los carpeteros, a los que entran tarde y se van temprano, mientras se dejó en la calle a quienes trabajaban y cumplían», detalla uno de los mails. Según los denunciantes, los mismos funcionarios habrían premiado a sus allegados con ascensos, viáticos abultados y vehículos oficiales. Además, aseguran que estos beneficios eran asignados en base a relaciones personales y no por mérito.

La situación se torna más grave al considerar las historias personales de algunos despedidos. «Dejaron sin trabajo a una persona con un trasplante renal, a una compañera que fue víctima de acoso, y a trabajadores con hijos a cargo», señaló uno de los denunciantes. Estas decisiones, según los testimonios, no solo carecen de fundamento, sino que también demuestran una total insensibilidad frente a la realidad de las familias afectadas. Además, estos relatos se suman a los que llegaron a este medio la semana anterior donde, por ejemplo, un empleado aseguró que discriminaron a su compañero por contraer SIDA, dejándolo incluso sin la posibilidad de conservar su oficina; y otra ex empleada que denunció haber sido echada de sus funciones un día antes de Nochebuena junto a otra decena de trabajadores.

Otro punto crítico es la falta de respuesta por parte de las autoridades. Los trabajadores aseguran que, al intentar obtener explicaciones, solo recibieron destrato y evasivas. Mientras tanto, quienes habrían cometido irregularidades -como malversación de fondos, robo de herramientas y acoso laboral- continúan en sus cargos, según las denuncias.

La complicidad de los sindicatos que deberían protegerlos

Uno de los correos señala a Amílcar Bonelli, delegado sindical de UPCN y jefe de base en Richieri, como un ejemplo de la connivencia entre los sindicatos y la administración de la ANSV. Según los denunciantes, Bonelli y otros líderes sindicales no solo habrían armado las listas de despidos, sino que también habrían sido cómplices de prácticas irregulares en las bases operativas.

«La Agencia Nacional de Seguridad Vial se ha convertido en la Agencia Nacional de los Amigos de la Seguridad Vial», ironiza uno de los correos. Además, también expusieron la falta de auditorías reales para determinar quiénes debían ser despedidos, dejando en evidencia un manejo discrecional de los recursos humanos.

Como si fueran mínimas las denuncias, también se mencionan casos puntuales de corrupción y abuso de poder en el taller de la base Hudson, varios jefes habrían hecho uso de los vehículos oficiales para fines personales, mientras que las tarjetas de combustible de móviles dados de baja seguían en uso. Según relata el correo, en Mendoza, un jefe de base de iniciales HC habría acosado a una empleada de una hostería sin enfrentar consecuencias; incluso habría sido grabado por una cámara de seguridad en una estación de servicio robando una hamburguesa y con el uniforme de la agencia, «¿Y qué pasó? Sigue trabajando como si nada», añade en otro tramo el mail.

Los trabajadores despedidos y los actuales empleados acusan a la agencia de ser manejada como una «mesa chica» para beneficiar a un grupo selecto de personas cercanas a la gestión.

Bajo este contexto, el pedido de los denunciantes es claro: una revisión exhaustiva de los despidos y una auditoría real que permita destapar las irregularidades y devolver justicia a quienes fueron afectados injustamente. Pero, por el momento, los cuestionamientos y denuncias solo se ven acumuladas, y no reciben respuesta alguna. (www.REALPOLITIK.com.ar)