¿Cuánto cuesta robarle al Estado? Si se toma como vara las actuales penas que establece el Código Penal, la respuesta es: poco. Delitos como el enriquecimiento ilícito, la figura de la administración fraudulenta, tienen una pena máxima de seis años. El cohecho (las coimas) también, tienen una máxima de seis años, al igual que el tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, las dádivas no más de dos años de cárcel, y la lista sigue.

Ahora el gobierno de Javier Milei espera que en tres meses la comisión que trabaja en la reforma del Código, entregue el proyecto que se enviará al Congreso. El mismo tiene un particular foco en los delitos de corrupción, duplicando la pena, agravándolas si se es ex presidente o vice, y hasta incluyendo en algunas figuras a líderes sindicales.

A lo largo de los últimos 30 años, existieron 19 iniciativas para modificar el Código Penal Argentino. Ninguno de los proyectos llegó a buen puerto. Algunos lograron avanzar un poco más en el Congreso pero nunca se logró una revisión integral. La última modificación fue hace cien años.

La comisión reformadora del Código Penal en tres meses entregará al Gobierno el proyecto que esperan logre tener el acuerdo político necesario para encaminarse a ser la nueva ley penal del país. Bajo dos resoluciones del Ministerio de Justicia de la Nación se creó este equipo de trabajo, integrado por el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

Una de las metas de la comisión es la redacción de un “único digesto, posible, lógico, moderno, acordado y con penas de cumplimiento efectivo”. En ese proyecto, aún en lápiz negro pero con un consenso amplio, hay un apartado destinado a los delitos de corrupción: duplicar las penas, incorporar figuras para agravar las mismas, incluir a sectores a los cuales ciertos delitos no los alcanza, son algunos de los lineamientos.

Las estadísticas oficiales exponen dos hechos que conviven: los plazos laxos en las investigaciones y las penas, consideradas por los expertos, muy bajas. Esta idea, según la explicación que el juez Borinsky le dio a Clarín, se entiende de la siguiente forma: “Al Estado le sale carísimo y al que lo comete le sale muy poco. Los dos extremos. Sale carísimo porque no vuelve el dinero que fue producto de un delito contra los caudales públicos porque no tenemos decomisos desde el comienzo del proceso penal. Al final del proceso, no encontrás absolutamente nada”.

El problema con los expedientes que acumulan años en Comodoro Py es la prescripción de los delitos de corrupción. “El paso del tiempo y la prescripción de la acción penal, se vincula con el máximo de la pena y si la pena es baja, prescribe antes. Por eso, hay que incrementar las penas, no sólo para evitar la prescripción, sino porque el Código Penal debe ser un eco de los intereses fundamentales de la sociedad”.

Algunas cifras permiten entender este escenario: de 1.784 causas de corrupción identificadas por las Cámaras de Apelaciones en la base de datos que administra la Corte, hay aún 391 causas se encuentran abiertas en la etapa de instrucción. De ese universo de casos, 271 (un 69,3%) llevan más de seis años en esa etapa si se tiene en cuenta el momento en el que se dio impulso a la investigación.

Otro de los porcentajes enciende las alertas en Comodoro Py: de ese número de causas aún en etapa de instrucción, 104 expedientes (un 26,6%) llevan ya más de diez años en el mismo nivel de avance.

Los delitos contra la administración pública -nombre técnico de los hechos de corrupción- los más investigados son el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito que se observa en 322 causas.

En segundo término, las denuncias se radican por la presunta comisión del delito de defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública, con 295 casos. La omisión o retardo de actos de oficio ocupa el tercer puesto con 170 expedientes, mientras que las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública acumulan 143 casos en los que hay personas investigadas.

¿Qué nuclea a todos estos delitos? Su baja pena. Por ejemplo, José López fue el segundo ex funcionarios en décadas, en recibir una condena por enriquecimiento ilícito. Nunca logró explicar el origen de los nueve millones de dólares que intentó esconder en el convento de General Rodríguez. Le dieron la pena máxima: seis años.

Otro caso reciente. Cristina Kirchner fue condenada por haber defraudado al Estado en 80.000 millones de pesos, cuando ejerció la presidencia de la Nación a raíz del entramado que favorecía a Lázaro Báez con contratos viales en suelo santacruceño. La ex mandataria y su ex socio comercial, recibieron la pena máxima: seis años. El monto comprometido, no es un agravante.

Otro delito: el cohecho pasivo como activo, es decir, la recepción y el pago de coimas respectivamente. El actual Código Penal, le atribuye una pena que va de uno a seis años de prisión. Es una de las principales acusaciones en el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas: la justicia investigó el circuito de sobornos que empresarios contratistas del Estado pagaban a ex integrantes de lo que fue el Ministerio de Planificación Federal.

En 2018 dos investigadores del Conicet y profesores de la UBA, determinaron que el costo de los sobornos en el expediente de los Cuadernos, podía ascender a US$ 36 mil millones, calculando un promedio de coimas del 20% en la obra pública, “en una década se perdió un 6% del PBI, similar al déficit fiscal total de hoy (por 2018)”, escribieron. No importa el monto, sino la acción y la pena máxima es de seis años, salvo que se lo concurse con otro delito.

¿Qué sucede con la malversación de fondos? Su pena es aún menor: tan sólo de tres años máximo. El peculado, la acusación que se le otorgó a Cristina Kirchner por haber usado la flota presidencial para trasladar muebles e insumos para sus hoteles de El Calafate, tiene una pena máximo de seis años. El prevaricato, por ejemplo, tan sólo una multa.

Son sólo, algunos ejemplos de un listado más extenso. El nuevo proyecto del Código Penal, busca modificar estas penas y duplicarlas en su totalidad.

El proyecto de Código Penal contempla un capítulo exclusivo dedicado a los delitos de corrupción de funcionarios públicos o equivalentes.

El delito de cohecho, en el nuevo proyecto, iría de cuatro a doce años. Pero si el mismo ya sea recibiendo o pagando las coimas, fue cometido por un funcionario público “se prevén penas de hasta quince años de prisión”.

El tráfico de influencias, aplicado a quienes utilizan la influencia de un puesto de poder para conseguir un beneficio económico, a través de un funcionario público, actualmente tiene una escala que va de uno a seis años de cárcel. El proyecto del nuevo Código, busca llevar ese delito a un mínimo de tres años, con un máximo de diez.

La admisión y ofrecimiento de dádivas. El proyecto establece una pena de prisión de seis meses a cuatro años. Actualmente la escala es de prisión de un mes a dos años. Por otra parte, se propone la pena de inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena. Como novedad se incorpora la multa.

La acusación que pesa sobre José López, que supo tener María Julia Alsogaray, el enriquecimiento ilícito, sufrirá modificaciones de progresar el proyecto elaborado por la Comisión. La escala actual es de dos a seis años de cárcel. Se busca llevar la escala penal de 4 a 12 años , incluyendo a los titulares de las obras sociales.

La novedad en este delito que sólo recae sobre los funcionarios públicos, es que se busca que puedan ser los sindicalistas como todo sujeto obligado, investigados por esta figura penal.

En cuanto a la administración fraudulenta, es el único que mantiene su escala penal: de dos a seis años de cárcel, pero amplía la inhabilitación perpetua, es decir, no sólo se aplica contra el funcionario público sino también sobre el empleado público, constructor, empresario o vendedor de materiales, involucrado en la maniobra. Además, se le incorpora el decomiso.

Las negociaciones incompatibles, que en el actual Código tienen una sanción de uno a seis años, pasará de tres a diez años. Por otro lado, la malversación de caudales públicos que en la actualidad la ley indica que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, iría de uno a cuatro años de prisión.

La comisión fijó como objetivo principal la elaboración de un nuevo anteproyecto de Código Penal en el menor tiempo posible, con el compromiso de modernizar y mejorar el marco legal vigente. La otra finalidad es conducir al Poder Judicial “hacia una administración de justicia más eficiente”.

Entre otras reformas, el nuevo proyecto cuenta con un amplio consenso en otros temas centrales, como: incorporar la figura penal el terrorismo, los delitos tecnológicos, el decomiso desde el comienzo del proceso, un Código que hablará sobre violencia de género

“Un código penal debe ser un espejo de los intereses fundamentales de la sociedad actual, debe reflejar los tratados internacionales, debe buscar previsibilidad y seguridad jurídica”, indicó Borinsky a Clarín.