Para el PSOE, la ley está «cerrada» y lista para ser votada y aprobada. Para ERC y Junts, la normativa que se pondrá a consideración del Congreso tiene un «agujero negro» por el que «caerá mucha gente», al entender que el texto no blinda todas las imputaciones de terrorismo.

«Si el texto queda como ahora, evidentemente hay un agujero negro o una brecha por donde jueces como García-Castellón intentarán no solo hacer entrar a las veintiséis personas del Tsunami y los CDR que ahora serían afectadas, sino todos aquellos que puedan. No creamos que el terrorismo se circunscribe a estas veintiséis personas hoy acusadas, sino que se rescatará un listado larguísimo de personas a las que quieren perjudicar», ha advertido este fin de semana el abogado del expresidente de la Gaeneralitat de Catalunya Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en una entrevista a un medio catalán.

Vale recordar que tras la reciente imputación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por terrorismo contra Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el PSOE aceptó la pasada semana que la amnistía pueda cubrir también presuntos delitos de terrorismo «siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos». 

García-Castellón admite acusación contra Puigdemont y podria quedar fuera de la amnistía 

Pero para los independentistas, esta enmienda es «incompleta» y exigen que suprimir cualquier alusión al terrorismo. Es la «única manera» de el día de mañana un juez tipifique como terrorismo conductas que nunca se habían calificado como tales con el único objetivo de para impedir así la aplicación de la amnistía.

Según Boye, este «agujero negro» es como «la grieta en una presa que permitiría que el día de mañana se produjera una gran inundación», en referencia a una traba generalizada para beneficiarse de la amnistía. «Y ellos -por los socialistas- lo saben», ha advertido. 

 «La amnistía solo será si elimina el terrorismo de las exclusiones», ha alertado en la misma línea otro referente independentista, el profesor Josep Pagès, exdiputado en el Congreso y asesor del partido en las negociaciones sobre la ley. 

Si el texto queda como ahora, evidentemente hay un agujero negro o una brecha por donde jueces como García-Castellón intentarán no solo hacer entrar a las veintiséis personas del Tsunami y los CDR que ahora serían afectadas, sino todos aquellos que puedan. No creamos que el terrorismo se circunscribe a estas veintiséis personas hoy acusadas, sino que se rescatará un listado larguísimo de personas a las que quieren perjudicar

Lo cierto es que pese a las quejas y las presiones para introducir cambios de última hora, el PSOE rechaza abrir nuevas negociaciones. «El texto que tenemos es el definitivo», señalan en Moncloa.

Ahora Junts reclama más cambios en la ley de amnistía para asegurar el blindaje a Puigdemont

El pleno en el Congreso se iniciará este martes las 15 horas. Junts y ERC confían en abrir una negociación in extremis. La votación final requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) al tratarse de una ley orgánica.

La Justicia reactiva el caso de los vínculos de Puigdemont con Rusia 

En medio de esta tensión,  el juez del ‘caso Volhov’ ha reactivado este lunes la investigación sobre la supuesta trama rusa del procés al considerar que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron «estrechas relaciones personales» con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Catalunya.

El magistrado sospecha a partir de nuevos «datos» que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una «legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos» y concluye que Rusia tenía interés en el procés por su propósito de «desestabilizar la Unión Europea».

La reactivación de este expediente tiene un fuerte impacto político: el texto de proposición de ley de la amnistía que se votará este martes excluye expresamente de su aplicación la colaboración con países extranjeros que ponga en peligro la independencia o seguridad de España o sus intereses.