POLITICA
Capital Humano llegó a un acuerdo con la Iglesia y le entrega de fondos millonarios para alimentos
En medio de las tensiones con los piqueteros, la Ministra Sandra Pettovello concretó un acuerdo de $310 millones con Cáritas Argentina destinados a la compra de alimentos.
La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, suscribió un acuerdo con Cáritas Argentina por más de $310 millones destinados a la adquisición de alimentos, en un contexto de fuerte presión por parte de organizaciones piqueteras en demanda de mayores recursos.
Este convenio con Cáritas representa el segundo pacto cerrado por Pettovello en la semana. Previamente, el lunes, había negociado un programa de apoyo con sectores evangélicos en José C. Paz, liderado por la organización Aciera, alcanzando un total de $177.500 millones.
En el caso de Cáritas, el acuerdo en lo relativo a montos es inferior, pero se trata de un segundo gesto de la ministra para evitar las negociaciones con los sectores piqueteros, que reclaman un incremento en los fondos asignados y que convocaron a una marcha hacia la sede de Capital Humano.
“Estamos muy felices de haber firmado la renovación del convenio de meriendas que desde hace mucho tiempo tenemos con el Estado nacional. Seguiremos trabajando junto a los que sufren la crisis alimentaria en el marco de la grave situación social que se vive. Renovamos el esfuerzo para que ninguna persona se quede sin cuidado ni protección”, declaró el director nacional de Cáritas Argentina, Luciano Ojea Quintana.
Asimismo, este acercamiento del Gobierno a la Iglesia se produce luego de que la Conferencia Episcopal expresara la urgencia de transferir los fondos de manera inmediata para abordar la crisis alimentaria.
Piqueteros reclaman comida en supermercados. Organizaciones sociales reclaman alimentos frente al Carrefour de Ruta 3 y Calderón de la Barca , partido de La Matanza – Foto: Guillermo Rodriguez Adami
En todo el país, Cáritas responde a las necesidades específicas y urgentes de familias, grupos y comunidades que se encuentran en situación de emergencia socioeconómica y vulnerabilidad, acompañados por más de 40.000 voluntarios.
“La organización tiene entre sus objetivos gestionar y planificar una alimentación organizada, responsable y estratégica para promover hábitos más sanos con una nutrición equilibrada”, indican desde Cáritas.
En paralelo, el Gobierno también firmó la transferencia de $243.000 millones para los dos principales programas de asistencia social que dependen de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias, en los hechos, la denominada Tarjeta Alimentar.
En el caso del Potenciar Trabajo, se trata de un universo de 1,2 millones de beneficiarios, mientras que la Tarjeta Alimentar repercute en cuatro millones de personas.
Para el Potenciar Trabajo, que le paga a los beneficiarios medio salario mínimo vital y móvil por mes ($78.000), se le giraron exactamente $110.993 millones. En tanto, la Tarjeta Alimentar ($69.000 para una familia tipo con dos hijos) recibió fondos por $132.347 millones.
Para todo el año, entre ambas partidas, se prevé que reciban $2,1 billones: $1,025 billón en el caso del Potenciar Trabajo y $875.000 millones la Tarjeta Alimentar. En total, ambas cifras representan un equivalente a $7.147 millones por día durante los primeros 34 días del año.
POLITICA
Código Penal: Diputados dio media sanción a los cambios en las figuras de reincidencia y reiterancia
La Cámara de Diputados aprobó con 138 votos afirmativos los cambios en las figuras de reincidencia y reiterancia en el Código Penal, con el objetivo de desactivar la denominada “puerta giratoria” en la Justicia. La iniciativa, respaldada por La Libertad Avanza, el PRO y sectores del radicalismo, fue rechazada por el kirchnerismo y la izquierda. Ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se espera una fuerte resistencia del sector cristinista.
El proyecto establece que “se considera reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”. Según la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, esta medida evitará que delincuentes con múltiples delitos eludan penas efectivas de prisión. “Para que un delincuente sea considerado reincidente y no tenga beneficios, debe haber sido condenado en dos o más delitos y solamente debe tener una condena firme”, explicó.
Además, el proyecto introduce un nuevo criterio para la aplicación de penas en casos de delitos reiterados. Actualmente, los jueces pueden combinar penas sin un criterio único, pero con la nueva norma “la pena final será la sumatoria de todos los delitos”, aseguró Rodríguez Machado. También se incorpora un tercer criterio para dictar prisión preventiva: además del riesgo de fuga y el entorpecimiento de la causa, los jueces deberán considerar las imputaciones previas del acusado.
El kirchnerismo criticó duramente la medida. El diputado Martín Soria afirmó que “no supera el mínimo test de constitucionalidad” y advirtió que “buscan que el Ejecutivo pueda encarcelar a ciudadanos completamente inocentes”. Según su interpretación, la reforma sustituye la presunción de inocencia por la evaluación subjetiva de los jueces sobre si un individuo podría delinquir en el futuro.
Por su parte, la radical Pamela Verasay defendió la iniciativa citando el caso de Mendoza, donde una legislación similar “terminó con la ‘puerta giratoria’ y redujo casi en 50% los delitos graves”. En tanto, la libertaria María Celeste Ponce justificó la reforma afirmando que busca “poner fin a la fiesta de los delincuentes, que entran y salen del sistema judicial como si estuvieran en un parque de diversiones”.
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