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POLITICA

Habló Flavia Royon después de ser echada del Gobierno: “No puedo responsabilizarme de qué hayan votado los diputados”

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La reciente destitución de Flavia Royon de su cargo como secretaria de Minería ha generado comentarios por parte de la exfuncionaria, quien habló públicamente sobre su despido tras la caída de la Ley Ómnibus y los votos en contra de diputados salteños, que se presume fueron influenciados por el gobernador Sáenz. Royon, oriunda de Salta, reconoció que entendía la decisión del presidente Milei y reveló detalles de su conversación con el gobernador local.

“Si el Presidente entiende que Sáenz merece castigo y yo soy salteña, él tiene que tener su equipo con gente de su confianza. Está bien que haga los cambios” expresó en tono irónico en declaraciones radiales la ex secretaria.

La exfuncionaria indicó que había puesto su renuncia a disposición, destacando que nunca participó en acuerdos políticos relacionados con los votos en contra de la ley.

Según lo revelado por Royon, su salida del cargo se anticipó a través de rumores mediáticos, y ella misma se comunicó con el ministro Caputo para ofrecer su renuncia. Sin embargo, la desvinculación se confirmó luego de que Milei y su equipo dirigieran críticas hacia los gobernadores por el revés legislativo. Royon enfatizó que su enfoque siempre estuvo en la gestión y que no tuvo contacto con los diputados salteños.

A pesar de su desplazamiento, Royon deseó éxito a la gestión de Milei y destacó la importancia de discutir la Ley Ómnibus, especialmente en el sector minero. Además, hizo hincapié en la necesidad de tomar con naturalidad y respeto los cambios en el equipo de gobierno, mostrando su compromiso con la democracia y el país.



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POLITICA

Montoneros, de ayer a hoy (Última parte). Libres, impunes y activos

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Escondidas tras la fachada de una falsa “militancia popular” esas mismas organizaciones y personas de fuertes vínculos internacionales que sembraron el terror en los años 70 hoy siguen brindando apoyo y solidaridad a Irán, a Hezbollah y a los demás grupos terroristas que de ellos dependen. Son las mismas que extienden su actividad a manifestaciones y expresiones incluso de extrema violencia contra los Estados Unidos y el Estado de Israel, con la excusa de una supuesta lucha contra “el sionismo internacional”.

Es precisamente la dirección en que se ha movido, entre otros, Emilio Pérsico, un oficial de Montoneros que participó en la Contraofensiva bajo el nombre de guerra de Arturo. Con el tiempo, fue funcionario público durante gobiernos kirchneristas y referente del Movimiento Evita. Junto a sus antiguos compañeros de armas Roberto Perdía y Fernando Esteche, fue también fundador del violento movimiento Quebracho, que marchaba por el centro de la Capital con consignas antisemitas, desplegando banderas de Irán y de Hezbollah.

Durante el gobierno de los Kirchner, parte de estos sectores de agitación, ocupantes de tierras y reivindicadores del terrorismo, se convirtieron en movimientos piqueteros con el propósito de constituir milicias populares. Los Kirchner financiarían a muchos de ellos con fondos millonarios del Estado convirtiéndolos por décadas en intermediarios de la ayuda social estatal.

La agrupación Madres de Plaza de Mayo, en la facción que lideraba Hebe de Bonafini, fue otra de las organizaciones que contaron siempre con el apoyo de Montoneros y desde la cual se alentaron acciones violentas contra el Estado de Israel. Con dinero del Estado, esa organización fue responsable de un millonario desfalco en viviendas populares cuyos adjudicatarios recibían adoctrinamiento político por parte del personal de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

Cabe recordar que Hebe de Bonafini, de fuertes lazos con los Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, concurrió como invitada especial a la recepción que el presidente Evo Morales dio al mandatario iraní Mahmud Ahmadinejad, aliado estratégico de los gobiernos venezolano y boliviano.

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Muchos montoneros han cobrado millonarias indemnizaciones mientras injustamente no recibieron el mismo trato las víctimas de la guerrilla. Hubo que esperar décadas para que recién este año el Ministerio de Defensa anunciara que se pagará una compensación económica a los familiares de los nueve soldados conscriptos asesinados y también de los heridos durante el sangriento copamiento de parte de Montoneros al Regimiento de Infantería de Formosa, en 1975. Esa decisión había sido adoptada por decreto de Mauricio Macri, pero el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por cuestiones claramente ideológicas, nunca las pagó. Finalmente, el 4 de este mes, se publicó en el Boletín Oficial la citada indemnización.

Otra fue la historia para los montoneros, beneficiados también con el acceso a importantes cargos públicos, pese a haber sido cultores de la violencia, la destrucción y la anarquía.

Mario Firmenich fue contratado como asesor del gobierno del nicaragüense Daniel Ortega. Fernando Vaca Narvaja se dedicó a procurarles asistencia legal a grupos seudomapuches que vandalizaron propiedades, ocuparon tierras públicas argentinas y atentaron contra habitantes de la región. Roberto Perdía, hasta su reciente muerte, también estaba detrás de la toma de tierras y alentando a grupos piqueteros. Muchos que han llegado a ser gobernadores, embajadores, diputados, funcionarios municipales y asesores se suman a la política portando sin culpas ni vergüenzas su pasado asesino, un sangriento historial desconocido para los más jóvenes.

El prestigioso historiador Félix Luna lo ha dicho con claridad y contundencia: “Hallo injustificable la actitud de políticos, artistas, sacerdotes, gremialistas, periodistas y otros que, por esnobismo o cálculo, contribuyeron a crear un clima de simpatía hacia Montoneros o pretendieron dar jerarquía política a cónclaves donde se procesaba secretamente a determinados personajes, se las condenaba a muerte y se ejecutaban tales sentencias. ¡Muy enfermo debió estar nuestro país para que ocurrieran estas aberraciones!”.

Las jóvenes generaciones deben acceder a datos fehacientes sobre estos protagonistas de nuestra historia reciente, pues su nefasta influencia no cesa.

La paz, la reconciliación y la unión nacional son siempre objetivos prioritarios para cualquier nación. Si indignan las abultadas indemnizaciones y los privilegios de los que gozan los responsables de tantos dolorosos crímenes, más conmocionan la falta de reconocimiento y las violaciones a los derechos de sus víctimas, al igual que la negación de la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años y la añosa persecución a miembros de fuerzas armadas y de seguridad, que, en nombre de la Nación y cumpliendo el mandato de ella recibido, los combatieron. Deberíamos preguntarnos si tanta injusticia no nos vuelve en cierto modo indignos de la libertad de la que hoy gozamos.

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