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POLITICA

Javier Milei dice que es «inexorable» un acuerdo con Mauricio Macri y define los cambios en el Gabinete

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Javier Milei dice no darle mayor importancia a lo que se dice en los medios de comunicación sobre el acuerdo con Mauricio Macri que habilitó durante su gira por Italia. No lo inquieta la discusión por el reparto de cargos, ni el dilema por lo que puede ser interpretado como un cogobierno y, menos, los cuestionamientos que surgen desde su propia tropa en la Cámara de Diputados. El Presidente confía en que es «inexorable» la fusión con el PRO y aclara que el ex mandatario «nunca» le pidió cargos para avanzar, pero descuenta que será «muy generoso» con sus eventuales socios.

«Siempre fui muy generoso, ¿por qué no lo voy a ser ahora?«, es la respuesta que les da el jefe de Estado a sus personas de confianza cuando evalúa el alcance de lo que puede ser un acuerdo con el PRO, aunque asegura que «no es un toma y daca» y garantiza que no va a ceder «a nadie» de su mesa chica ni la primera línea de su Gabinete.

A pesar de que en los últimos días fue puesto en duda desde el propio PRO, Milei no acusa recibo y prefiere quedarse con la última charla que tuvo con Macri, con quien quedó en reunirse a su regreso y a quien le destaca que siempre cumplió con su palabra: «El acuerdo inexorablemente ocurrirá», repite, convencido, el mandatario, que en su regreso a la Argentina se enfocará en pulir los detalles de las negociaciones para intentar conformar «un interbloque potente» en la Cámara de DIputados a partir del 1 de marzo.

En el Gobierno, a sabiendas de que los tiempos de la política suelen ser complejos, empezaron a poner reparos por si no se concreta antes de la apertura de sesiones ordinarias.

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El vocero presidencial se refirió a la posibilidad de incorporar a figuras del PRO al actual gobierno liderado por Javier Milei.

Sin embargo, Milei está convencido que lo podrá destrabar en el mano a mano que tengan «en los próximos días». «Los dos entornos tienen más miedo que nosotros», consideró el Presidente, pudo reconstruir Clarín, luego de escuchar supuestas condiciones que, según dirigentes del PRO, pondría Macri y de los reparos que dejan trascender desde La Libertad Avanza y los rumores de una supuesta ruptura que surgen del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

«En política hay un tema de egos que hace que mucha gente pretenda estar más alto de lo que le da», es el razonamiento que hace el mandatario, que está en plena etapa de revisión de su equipo.

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Tras echar a Osvaldo Giordano de la ANSeS y a la secretaria de Minería, Flavia Royón, este miércoles Milei definirá la suerte de los otros dos funcionarios de primera línea que responden a los gobernadores: el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard.

Fuentes inobjetables dicen que este último no va ser despedido: «No responde a (Juan) Schiaretti ni a (Martín) Llaryora, responde a Guillermo (Francos, el ministro del Interior)», 99 por ciento que se queda».

En tanto, Milei prometió analizar en profundidad a Mogetta. Aunque desde el ala dura del Gobierno le sugirieron que lo echara por su alineamiento con el gobierno cordobés, el Presidente quiere asegurarse que esa sea su terminal política e interiorizarse de la gestión que hizo en los dos meses que lleva en el cargo. El desenlace todavía no está claro. En Roma, había dejado trascender su intención de que no siguiera, pero alguien lo hizo cambiar de opinión. Todos miran a Francos.

En el Congreso, creen que se dará en forma natural la depuración. Es decir, no hará ningún movimiento para retener a ningún dirigente que reniegue públicamente en busca de contención: «Que hagan lo que se les dé la gana, pero cuando quieran volver con el caballo cansado, será peor».

El caso emblemático para Milei es el de Carolina Píparo, quien fuera su candidata a la gobernación bonaerense: «Ella traicionó y se fue de boca, e ignora que en 2025 tiene que renovar su banca», advierte. En esa misma instancia anota a su cuñada, María Lorena Macyszyn, aunque con mandato hasta 2027. «Muchos creen que son geniales y los gestores de sus bancas, pero después la vida los acomoda. Por eso hay que cambiar el sistema de elección y pasar a un formato uninominal de los diputados», dicen desde el entorno presidencial sobre la rebelión de los legisladores.



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POLITICA

Al igual que con CFK, se oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

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El Gobierno oficializó este viernes la quita de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, quien percibía $6.814.272 mensuales. La decisión se formalizó a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, en el marco de una política para anular las asignaciones especiales de ex funcionarios condenados por la Justicia.

La Casa Rosada fundamenta la medida en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias, y en el artículo 53 de la Constitución Nacional, argumentando que estas asignaciones son incompatibles con el “mal desempeño” demostrado por sentencias judiciales firmes. En 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou por la causa Ciccone, lo que lo convirtió en el primer vicepresidente en ser sentenciado por corrupción.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Ejecutivo anticipa posibles acciones judiciales por parte de los afectados, como Boudou y Cristina Kirchner, a quien también se le revocó su pensión y jubilación. La defensa jurídica de estas decisiones recaerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. En el Gobierno consideran que las condenas por delitos en el ejercicio de la función pública son razón suficiente para retirar estos beneficios, incluso sin un juicio político formal.

Según el texto de la resolución, la jubilación de privilegio debe estar vinculada a una conducta ejemplar durante y después del ejercicio del cargo. “La asignación de privilegio resulta jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado Nacional”, detalla el documento.

Desde sectores críticos se cuestiona la validez de la medida, argumentando que la ausencia de un juicio político impediría retirar la pensión. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las condenas judiciales por corrupción son prueba suficiente de una “conducta deshonrosa” incompatible con estos beneficios.

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