El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ha iniciado conversaciones confidenciales con importantes empresarios, incluyendo a Eduardo Eurnekian, para definir el contenido de un futuro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que regularía el mercado de biocombustibles en Argentina. Estos encuentros revelan la intención del presidente Milei de avanzar con aspectos de la Ley Ómnibus, que no pudo ser aprobada en el Congreso, mediante decretos presidenciales sin necesidad de negociar con diversos actores políticos.

Federico Sturzenegger, ideario del DNU y la Ley Ómnibus

El ex gerente de Tecpetrol, Luis de Ridder, ha sido designado para liderar las negociaciones, convocando a empresarios cercanos al Gobierno para revisar el texto del futuro DNU. Entre los participantes se encuentran Hilarion del Olmo, CEO de Explora, y Erik Bazarian, sobrino de Eurnekian y presidente de Unitec Bio. La propuesta, de concretarse, otorgaría a Eurnekian una porción significativa de la producción de biodiesel en el país.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector expresan preocupación ante la posibilidad de que la nueva regulación beneficie la concentración del mercado, lo que podría excluirlas del negocio. Este posible DNU ha generado incertidumbre y debate en la industria de los biocombustibles, destacando la importancia de un equilibrio entre intereses empresariales y la protección de la competencia en el sector.

Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía

Desde 2007, la Secretaría de Energía decide qué empresa puede vender biocombustibles en el mercado argentino, cuánto volumen puede producir y a qué precio lo venderá. Los grupos Bojanich y Essential Energy Holding se quedaron por decisión del Estado con el 33% del negocio que facturó más de 91.700 millones de pesos solo en diciembre por la producción de biodiesel, en tanto que ACA Bio, Promaíz SA y Bioetanol Río Cuarto se quedaron con el 52% de los 46.122 millones de pesos del bioetanol.

A través de la Ley Ómnibus el Gobierno había propuesto suprimir la limitación de empresas que puedan producir biocombustibles y abrir el juego a nuevos participantes, eliminar la cuotificación que mensualmente asigna la Secretaría de Energía y suprimir la fijación de un precio para los productos.  Ahora el gabinete de Javier Milei evalúa la posibilidad de avanzar con el proyecto a través de un decreto.