El Gobierno volvió a criticar al Papa Francisco, que había reclamado más justicia social, ante la grave situación económica que atraviesa el país. Desde el entorno del presidente Javier Milei, recogieron el guante y ratificaron que el “Estado presente les ha quitado todo y no les ha dado nada” a los argentinos.

“Con algunas de las frases no estamos de acuerdo y está muy bien que así sea. El papa es un líder espiritual y nosotros gobernamos la Argentina, una Argentina con problemas en absolutamente todos lados. El Estado, hay que ver cuál es la definición de un Estado”, apuntó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

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Durante su habitual conferencia de prensa el funcionario reparó en que “la justicia social en esta lógica de sacarle a unos compulsivamente para darle a otros ha generado en la Argentina un 50% de pobres, y muchos millones de argentinos que al que el bendito ‘Estado presente’ les ha quitado todo y no les ha dado nada”.

“Pueden ser frases muy lindas al oído pero no han provocado otra cosa que la vuelta al esquema inflacionario. La gente no quiere eso, lo demostró en las urnas. Parte de la campaña de Milei fue contar cómo quería dejar de gastar dinero para que la gente esté mejor. Respetamos la palabra del Papa, pero el Estado tiene que garantizar el acceso a la Justicia, que la ley sea igual para todos”, agregó el emisario presidencial.

Las declaraciones llegaron después de que se difundiera un mensaje grabado por el líder de la Iglesia Católica, en el marco de la inauguración de la primera sede en Buenos Aires del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), en donde indicó que “el Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social”.

Al respecto Adorni, remarcó que “por supuesto las palabras del papa Francisco las respetamos y la escuchamos”, pero aclaró que el Gobierno entiende que “el Estado tiene que garantizar el acceso a la Justicia, que la ley sea igual para todos, tiene que garantizar seguridad jurídica y algunas otras cuestiones que el Estado, al menos el que conocemos en Argentina, no lo ha hecho”.