Los gobernadores de ambos distritos plantean un manejo de las usinas en alianza con sindicatos y trabajadores. Vienen de intimar al Gobierno nacional

Por Patricio Eleisegui

28/02/2024 – 17:10hs

En medio del enfrentamiento que sostiene la gestión presidencial de Javier Milei con Ignacio Torres, mandatario provincial de Chubut, y el apoyo que éste viene recibiendo de los gobernadores patagónicos, Río Negro y Neuquén vuelven a la carga por el control de las hidroeléctricas que funcionan en la Cuenca del Comahue. En ese sentido, Alberto Weretilneck, gobernador rionegrino, anticipó que ese distrito evalúa avanzar con un manejo de las usinas en alianza con Neuquén, los gremios y los mismos trabajadores de cada complejo. El funcionario remarcó que el 25% de la energía eléctrica que abastece a la Argentina procede de esa zona del Sur, y que los patagónicos «no deben ser avasallados por el poder central», en referencia a las últimas decisiones del Ejecutivo nacional.

Weretilneck marcó su posición en un acto compartido con Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en el marco de la inauguración de la nueva sede de la Secretaría de Energía de Río Negro.

«Queremos la propiedad compartida de las represas con los neuquinos, con los gremios y trabajadores, aspiramos a discutir un nuevo precio de regalías, y un canon de agua como corresponde», declaró.

La Patagonia, clave en la electricidad del país

«El 98% del petróleo y el 96% del gas que se consume en el país es producido por los patagónicos, fundamentalmente de Neuquén», dijo. Para enseguida remarcar que «entre las dos provincias se produce cerca del 25% de la energía eléctrica que abastece a la Argentina».

El mandatario provincial enfatizó que «sin energía no hay bienestar ni posibilidad de crecer como sociedad», para luego señalar que tanto Río Negro como Neuquén defenderán su potestad sobre las represas basadas en el río Limay.

«A partir de 1994 los recursos naturales son de las provincias, nuestro gas, nuestro petróleo y nuestra agua es propiedad de los neuquinos y de los rionegrinos, y esa propiedad es la que pretendemos que sea respetada en los futuros contratos que se establezcan», dijo.

El Chocón, una de las centrales que genera cruces entre las provincias y Nación.

En la actividad desarrollada junto a Figueroa, Weretilneck reclamó, además, más respeto a la autonomía y los derechos de las provincias patagónicas sobre tus respectivos territorios.

«(Los patagónicos) deben ser respetados y que a través del diálogo se demuestre cómo formar parte de una Nación. Lejos de los conflictos, el interés de los pueblos es no ser avasallados por el poder central y que el esfuerzo y el aporte con sus impuestos y producción sea retribuido con mejora en la vida de los rionegrinos», expresó.

Río Negro y Neuquén no aflojan en el reclamo por las hidroeléctricas

A mediados de febrero, Neuquén y Río Negro emitieron cartas documento contra el Gobierno nacional intimándolo a desistir de cualquier intento por asumir el control de las hidroeléctricas, así como también señalando que impedirán todo movimiento unilateral relacionado con la concesión de los complejos.

En sus notificaciones los mandatarios de ambos distritos anticiparon que desconocerán las decisiones que se tomen en Casa Rosada respecto de las usinas, y remarcaron que la Constitución señala con claridad que las provincias son las dueñas absolutas de sus recursos naturales. El año pasado, y tras varios amagues preelectorales, la gestión de Alberto Fernández alargó los plazos de las concesiones que vencían antes de diciembre de 2023.

Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa subrayaron que los recursos naturales «son potestad de las provincias». Esto, ante el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.

De forma simultáneo, ambos gobiernos exigieron que «el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias».