La pelea por los fondos fiscales se está tornando un asunto urgente no solo para las castigadas cajas de las provincias, sino también para el Tesoro nacional: después de haber celebrado el resultado financiero superavitario de enero, hay riesgo de que los números de febrero vuelvan a mostrar números en rojo.

Más concretamente, en febrero se habría registrado un superávit primario bastante acotado -un tercio del que se había obtenido en enero- mientras que el resultado financiero -es decir, contando los intereses de la deuda- ya directamente marca superávit.

En las últimas horas circularon datos provisorios, surgidos del sitio oficial Presupuesto Abierto, que muestra números de ingresos y gastos correspondientes a la Administración Pública Nacional. No es el resultado fiscal nacional, que incluye más rubros, y además está expresado sobre lo devengado -es decir, gastos autorizados pero no necesariamente ya pagados-. Esto implica que puede haber diferencias con el informe oficial del ministerio de Economía, que recién se conocerá dentro de dos semanas.

Lo cierto es que, aunque no sean números definitivos, marcan una tendencia preocupante: ingresos que bajan y gastos que suben. Nada sorpresivo, claro, porque las cifras de la recaudación impositiva de febrero ya habían dado cuenta de un desplome en la caja fiscal, como consecuencia del clima recesivo que domina a la economía.

Aun con una inflación de 15% en el mes, en febrero se registró una caída de los ingresos respecto de enero. Lo que había mostrado el dato de recaudación era una disminución nominal de 5,8%, que cuando se depura el efecto de la inflación se transforma en una caída de 18%.

Precisamente, ese dato era el que había generado el escepticismo entre los economistas, que marcaban lo difícil que resultaría mantener el equilibrio fiscal durante el resto del año. Sobre todo, lo que apuntaban los críticos era que enero había sido un mes atípico, porque se habían «pateado» gastos importantes -por ejemplo, subsidios energéticos- que se deberían contabilizar más adelante-.

En su discurso ante el congreso, Milei destacó el logro del superávit financiero logrado en enero

Y con una perspectiva de enfriamiento de la economía, no había mucho que esperar de parte de los impuestos más directamente vinculados al nivel de actividad, como el IVA y los aportes a la seguridad social.

Déficit: números que se deterioran

Lo cierto es que los números preliminares del resultado fiscal parecen confirmar las advertencias de los más escépticos: muestran que el ingreso de febrero -un total de $4,9 billones- cae un 13% nominal respecto del de enero, una situación grave considerando el contexto inflacionario.

Esto se combina con un aumento de los egresos, que marcaron una suba nominal de 30%. Como resultado, el superávit primario del mes para la administración pública se limita a $848.000 millones, apenas un tercio de lo obtenido el mes anterior.

Pero la cosa se pone peor en el renglón del resultado financiero: como consecuencia del pago de intereses por $1,14 billón, se llega en febrero a un déficit total -es decir, sumando el resultado primario y el de la cuenta financiera- por $294.000 millones.

Estos números se explican por los vencimientos de deuda a los que el ministro Luis «Toto» Caputo tuvo que hacer frente este mes.

Y la perspectiva a futuro no es esperanzadora para los números fiscales, dado que tendrá el impacto del gasto en rubros que hasta ahora habían evolucionado con un marcado retraso frente a la inflación, como el de las jubilaciones y pensiones. Ese rubro -que en enero había sufrido un desplome de 32%- estuvo en el centro de los análisis políticos, empezando por el que hizo el Fondo Monetario Internacional, que le advirtió al gobierno la imposibilidad de seguir sosteniendo el equilibrio fiscal sobre la base de la «licuación» inflacionaria del gasto social.

Por lo pronto, habrá una suba del gasto para el rubro previsional en marzo, como consecuencia del ajuste trimestral más el aumento del bono. Y, al mismo tiempo, hay en el Congreso varios proyectos para reformar la fórmula indexatoria a partir de abril, y todos tienen un componente de ajuste por inflación más una mejora con efecto retroactivo por el impacto inflacionario de enero.

¿Se agota el «efecto licuadora»?

Estos números dejan en claro por qué el gobierno está poniendo todo su esfuerzo de negociación política en la restitución del impuesto a las Ganancias. Esa fuente de ingresos, que hace un año representaba un 22% del total de la recaudación, ahora representa apenas un 15%.

La restitución de Ganancias, vital para asegurar un ingreso fiscal que le permita a Caputo equilibrar las cuentas

Hablando en plata, la virtual derogación de este impuesto para el sector de asalariados supuso una caída de ingresos por el equivalente a un punto porcentual del PBI, lo que implica una caída de 0,4 punto para la caja de la AFIP y de 0,6 punto para la coparticipación con las provincias.

Es por eso que la reinstauración de Ganancias se transformó en la llave para destrabar la pulseada por los recursos fiscales entre Javier Milei y los gobernadores. Y estos números explican también por qué las provincias trabaron la votación de la ley Bases cuando vieron que el presidente no estaba dispuesto a aceptar la coparticipación ni del impuesto al Cheque, ni del impuesto PAIS ni del impuesto a los combustibles.

Lo cierto es que, más rápido de lo que se preveía, los números fiscales están amenazando con volver al rojo, lo cual implica para Milei una mala señal política, después de haber elogiado en su discurso ante el Congreso el resultado positivo obtenido en enero.

El presidente intentó una señal de disciplina fiscal al incluir en el decálogo del Pacto de Mayo el compromiso con el equilibrio en las cuentas, lo que supone la imposibilidad de votar presupuestos sin financiación genuina, así como la prohibición de que el Banco Central imprima dinero para asistir financieramente al Tesoro.

De momento, el mercado parece haber recibido bien ese compromiso político, como se evidencia en la baja de la cotización del dólar en el mercado paralelo, así como en la recuperación de los  bonos de deuda soberana.

Sin embargo, el impacto recesivo y el agotamiento de la «licuadora» están llevando a que cada vez se ponga más en duda el sostenimiento de los números en azul. Si esta tendencia se profundiza, el gobierno se vería obligado a aplicar una mayor dosis de «motosierra». Es decir, un mayor recorte del gasto estructural, lo cual supone más cesantías de empleados estatales, lo que derivará en mayor tensión política y social.