Después de una primera comparecencia en julio, Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, volvió este miércoles ante el juez que investiga sus actividades profesionales en una ajetreada semana judicial para el líder socialista.

Las citaciones judiciales se suceden esta semana en las varias investigaciones que amargan la vida a Pedro Sánchez, que siempre ha defendido la probidad de su mujer y de su Gobierno.

El lunes compareció un empresario que es el principal acusador en un caso de corrupción que implica a un ex ministro socialista de Transportes, quien ya declaró la semana pasada. El martes le tocó a un exasesor de este ministro en el mismo caso y el miércoles a la mujer del presidente del gobierno en una causa distinta.

«Un auténtico carrusel judicial», bromeó el lunes Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular (PP), el primero de la oposición.

«Hay una manera muy simple de que la Justicia salga de la vida del Gobierno», añadió. «Que devuelvan lo que se han llevado y que dejen de malversar».

Gómez fue citada en julio para explicar las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que pesaban sobre ella, e hizo valer su derecho a guardar silencio.

La esposa de Sánchez llegó a los juzgados de Madrid un poco antes de las 10 (6 hs de Argentina) para comparecer ante el juez Juan Carlos Peinado por sospechas de apropiación indebida de programas informáticos creados para la universidad en la que trabajaba y «ejercicio ilegal» de una profesión en ese centro.

Gómez entró directamente en auto al estacionamiento subterráneo de los juzgados, ahorrándose desfilar ante la prensa que esperaba en la calle, como ya ocurrió en julio, y, a diferencia de entonces, no se acogió a sus derecho a no declarar y respondió a preguntas, pero sólo a las de su abogado, explicaron a la AFP fuentes judiciales.

La asociación Hazte Oír, próxima a la extrema derecha, está detrás de la querella en esta parte del caso y acusa a Gómez de haber registrado a su nombre un «software» financiado por empresas privadas y destinado a un máster que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid hasta el inicio del curso 2024.

En las otras piezas del caso, abiertas en abril a raíz de las denuncias de Hazte Oír y de otra asociación próxima a la extrema derecha, Manos Limpias, se acusa a la esposa de Pedro Sánchez, de 49 años, de haberse aprovechado del cargo de su marido en sus relaciones profesionales.

A mediados de noviembre, hablando por primera vez sobre estos asuntos ante una comisión del Parlamento regional de Madrid, Begoña Gómez, especializada en consultoría y recaudación de fondos, aseguró que las acusaciones contra ella tenían «un objetivo político evidente».

Pedro Sánchez, por su parte, insiste en que no hay «nada» que reprochar a su esposa y que su Gobierno está «limpio», acusando a la derecha y a la extrema derecha de estar detrás de esta «campaña» de desprestigio.

La semana pasada, durante un encuentro informal con periodistas, el jefe del Gobierno llegó a sugerir que los jueces estaban en connivencia con el PP al facilitarle información sobre casos contra sus allegados, comentarios que llevaron a la presidenta del Tribunal Supremo a defender la independencia del poder judicial.

Este miércoles, en el Congreso de los Diputados, Sánchez dijo estar «convencido de que una amplísima mayoría de jueces y juezas de nuestro país cumple con su labor con absoluto rigor».

La desgastadora semana judicial de Sánchez y su entorno concluirá el viernes con la citación como testigo de una empleada de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, sospechosa de haber trabajado en realidad para Begoña Gómez ayudándola con su trabajo en la Universidad Complutense.

A principios de enero, habrá una nueva cita: la comparecencia del hermano de Sánchez, investigado por malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida y fraude fiscal a raíz de otra denuncia de «Manos limpias».