CIUDAD DE MÉXICO — Un día después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreciera encarcelar a criminales convictos de Estados Unidos, incluidos ciudadanos estadounidenses, la pregunta de si tal plan podría realmente aceptarse e implementarse aún estaba sin respuesta.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien hizo escala en El Salvador durante su visita a Centroamérica esta semana, dijo el martes que la administración Trump tendría que “estudiar” la oferta de Bukele de encarcelar a los convictos de Estados Unidos, a cambio de una tarifa.

“Pero es una oferta muy generosa”, dijo.

Rubio dijo que no estaba claro si Estados Unidos podía legalmente enviar convictos, incluidos estadounidenses, a una prisión extranjera.

Pero la propuesta ha llamado la atención sobre las cárceles que Bukele ha utilizado en los últimos años para paralizar a las pandillas que alguna vez camparon a sus anchas en El Salvador.

Se han convertido en símbolos de su fuerza y ​​popularidad, incluso entre el presidente Donald Trump, incluso cuando grupos de derechos humanos dicen que las prisiones abarrotadas albergan a decenas de miles de personas detenidas en arrestos que han atrapado a inocentes.

Los analistas dicen que es poco probable que un plan de estas características se sostenga en los tribunales, particularmente cuando afecta a ciudadanos estadounidenses.

Pero independientemente de que la oferta de Bukele se lleve a cabo o no, los analistas dijeron que sirve como una forma para que los gobiernos de ambas naciones proyecten una visión compartida de un enfoque duro hacia los infractores de la ley.

“El anuncio es un triunfo de relaciones públicas”, dijo Gustavo Flores-Macías, profesor de gobierno y políticas públicas en la Universidad de Cornell, especializado en América Latina.

Esto le permite a Bukele demostrar que apoya totalmente a Trump y fortalece a la administración Trump, “que busca disuadir la migración indocumentada aumentando los riesgos si son detenidos”.

Y, sin embargo, cualesquiera que sean sus posibilidades de ponerse en práctica, el anuncio de Bukele inmediatamente desató preocupación entre los grupos de derechos humanos en Estados Unidos y más allá, que advirtieron que la cruzada antipandillas del gobierno de Bukele se ha producido a expensas de los derechos humanos.

“Si bien las pandillas ya no constituyen una amenaza, en el país ha surgido un sistema de terror y represión”, dijo Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para América Latina, un grupo de derechos humanos sin fines de lucro.

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2024, Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, dijo que el país está “cumpliendo con todos los estándares internacionales” para los presos y agregó que los informes de violaciones de derechos humanos son “acusaciones infundadas y alejadas de nuestra realidad”.

El Salvador alguna vez fue conocido como la capital del asesinato del hemisferio, con una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Pero en 2022, Bukele declaró el estado de emergencia para sofocar la violencia de las pandillas y envió a los militares a las calles, arrestando a decenas de miles de personas en todo el país, acusándolas de vínculos con pandillas u otros delitos.

Más de 25.000 personas fueron encarceladas en las primeras semanas de la represión de Bukele.

Casi tres años después, el estado de emergencia aún no se ha levantado.

En ese tiempo, la nación ha experimentado una transformación notable.

Los homicidios han disminuido drásticamente y los pagos de extorsión que las pandillas exigían a los empresarios y a los residentes también disminuyeron.

Como recordatorio de la política de tolerancia cero del gobierno y de mano dura contra el crimen, a menudo circulan fotos y videos que muestran a decenas de reclusos, a veces sin camisa y vestidos solo con calzoncillos, inclinados con las manos sobre sus cabezas rapadas.

Bukele se ganó la adulación de los líderes de la región y de otros lugares, y la mayoría de los salvadoreños lo apoyaron, no a pesar de sus tácticas de autoritarismo, sino gracias a ellas.

En noviembre, su índice de aprobación era del 91%, según una encuesta de CID Gallup, uno de los más altos del mundo para un líder mundial, aunque el apoyo hacia él disminuyó recientemente después de que su gobierno revirtiera una histórica prohibición minera.

Aún así, el enfoque de Bukele ha erosionado los derechos civiles en el país, dicen los expertos en derechos humanos: varios grupos documentaron arrestos arbitrarios masivos, hacinamiento extremo en las cárceles, informes de tortura y al menos 261 muertes en prisión entre 2022 y 2024.

Las cárceles de Bukele no son penitenciarías típicas.

Las pandillas de El Salvador alguna vez usaron las cárceles como centros operativos para dar órdenes, extorsionar a empresas del exterior y reclutar nuevos miembros, algo que también se observaba dentro de las cárceles de América Latina.

Eso ya no parece suceder “debido a las medidas extremas adoptadas para controlar a los presos”, según un informe de 2023 de Insight Crime, un grupo de investigación sobre el crimen organizado.

La estrella de la estrategia de Bukele es su llamada mega prisión:

el Centro de Internamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, un enorme centro de detención abierto en 2023 a una hora de la capital del país, San Salvador.

La instalación es lo suficientemente grande para albergar hasta 40.000 reclusos, algunos de ellos de hasta 12 años.

La gran mayoría de los 85.000 salvadoreños detenidos bajo el estado de excepción de 2022 —que permite detenciones masivas sin el debido proceso— han desaparecido esencialmente en el sistema penitenciario, donde muchos han estado recluidos durante años sin juicio y sin que sus familias sepan siquiera si están vivos.

Si bien el imponente CECOT ha atraído la atención internacional, la mayoría de los prisioneros están recluidos en otras instalaciones más pequeñas donde “han sido sometidos a un trato cruel e inhumano”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo del grupo de defensa salvadoreño Cristosal, que ha entrevistado a cientos de detenidos arrestados bajo el estado de emergencia.

Cristosal y Human Rights Watch denunciaron que los reclusos estaban siendo torturados y privados de alimentos.

El destino de muchos reclusos se decidió en juicios masivos con jueces cuyas identidades se mantuvieron en secreto.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que Bukele ofreció recibir a migrantes que viven ilegalmente en cualquier país, no solo en El Salvador, que hayan sido condenados por delitos, incluidos miembros de las pandillas MS-13 y el Tren de Aragua.

Y en lo que el Departamento de Estado llamó “un gesto extraordinario, nunca antes realizado por ningún país”, dijo que Bukele había ofrecido albergar a “criminales estadounidenses peligrosos, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales”.

Los analistas dicen que es probable que tal medida sea cuestionada, incluso si fuera aceptada por la administración Trump.

“No creo que se sostenga en los tribunales”, dijo Mneesha Gellman, profesora asociada de ciencias políticas en el Emerson College, citando múltiples leyes nacionales e internacionales que rigen el tratamiento tanto de las personas en Estados Unidos sin status legal como de los ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, los dos gobiernos podrían llegar a un acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar a un gran número de personas a El Salvador, incluidos no salvadoreños, dijo Gellman.

Estados Unidos está ansioso por encontrar lugares para deportar a migrantes cuyos países no aceptan vuelos de deportación regulares estadounidenses, como los cubanos y los nicaragüenses.

Ya sea dentro o fuera de las cárceles, los migrantes se encontrarían extremadamente vulnerables en El Salvador.

“No tendrían derechos ciudadanos en ese país”, dijo Gellman, señalando que los migrantes en El Salvador han denunciado haber sufrido abusos a manos de grupos criminales, así como de actores estatales, como la policía y el ejército.

En 2019, El Salvador firmó un acuerdo con la primera administración de Trump para recibir a migrantes no salvadoreños que habían sido detenidos en Estados Unidos después de que funcionarios estadounidenses cortaran parte de la ayuda a El Salvador, acusando al país de no hacer lo suficiente para frenar la migración ilegal.

También acordó procesar las solicitudes de asilo para evitar que los migrantes se dirijan al norte, a Estados Unidos.

El acuerdo, conocido como acuerdo de “tercer país seguro”, nunca se implementó debido a la pandemia de coronavirus y finalmente fue rescindido por la administración Biden.

Bukele se refirió a ello el lunes, diciendo que su nueva propuesta era “más importante y de un alcance mucho más amplio que los acuerdos alcanzados en 2019”.

Bukele se ha mostrado ansioso por fortalecer sus vínculos con la administración Trump, y la última oferta “claramente ayuda a consolidar esta relación entre el mundo MAGA y El Salvador”, dijo Manuel Meléndez Sánchez, politólogo salvadoreño e investigador de la Universidad de Harvard.

Pero las relaciones entre ambos gobiernos no siempre han sido estrechas.

En 2022, Rubio criticó a Bukele durante una audiencia en el Senado, acusándolo de burlarse “muy abiertamente” de las instituciones estadounidenses.

Durante su campaña presidencial, incluso Trump lanzó una indirecta inesperada a Bukele, diciendo que estaba enviando “a todos sus criminales, a sus traficantes de drogas” a Estados Unidos, y agregó:

“Está tratando de convencer a todos del maravilloso trabajo que hace al dirigir el país; bueno, no hace un trabajo maravilloso”.

Además de ganarse el favor de la nueva administración, la oferta de El Salvador también tiene un incentivo financiero, dado que su política de prisiones es costosa de mantener.

“Hay un gasto que hay que atender.

“No es sostenible para el pueblo salvadoreño mantener al 2% de su población en cárceles indefinidamente”, dijo Bullock.

c.2025 The New York Times Company