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El Colegio Público de Abogados de CABA rechazó la nueva ley de Lavado de Activos: dice que es inconstitucional

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Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, manifestó este viernes su rechazo a la nueva ley de Lavado de Activos que fue aprobada el jueves en el Senado y que incluye a los abogados como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando detecten operaciones sospechosas de sus clientes en el marco del desempeño de su actividad profesional. Además, adelantó que pedirá la inconstitucionalidad de esa parte de la normativa.

El reconocido jurista fundó el planteo en que la relación entre los abogados y sus clientes está amparada por el deber de confidencialidad y que la aplicación de esta nueva normativa impide garantizar la debida defensa en juicio.

El representante del Colegio de la Abogacía además mostró su preocupación planteando que violar este secreto profesional trae aparejada una pena que puede llegar a inhabilitar a los letrados para ejercer su profesión por hasta tres años. Una medida conforme el artículo 156 del Código Penal, que reprime a quien «teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa».

«Todas las actividades que desarrolla un abogado, tanto litigiosas como de asesoramiento o representación, se encuentran protegidas por el secreto profesional, pues se trata de información suministrada por sus clientes en el marco de la relación de confianza y reserva que requiere el ejercicio profesional», explicó Gil Lavedra, que además de presidir la entidad que nuclea a los abogados de la Ciudad de Buenos Aires fue uno de los camaristas que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar en Argentina.

El presidente del CPACF remarcó que «obligar a investigar a sus propios clientes, establecer el origen de los fondos, las finalidades que se persiguen y eventualmente denunciarlos importa una violación grosera al deber de confidencialidad que afecta directamente a la defensa en juicio». Y al respecto agregó que «la mayoría de los abogados y abogadas carecen de los medios e infraestructura para efectuar las indagaciones que, por su naturaleza, pertenecen prioritariamente a las autoridades estatales».

Los senadores que votaron a favor de la reforma de la Ley de Lavado de Activos. Foto Sofía Areco/ Comunicación Senado.Los senadores que votaron a favor de la reforma de la Ley de Lavado de Activos. Foto Sofía Areco/ Comunicación Senado.

El jurista aseguró que «la reciente sanción de la ley modificatoria de las normas de lavado de activos importa, respecto de los abogados, una violación de disposiciones constitucionales; pues en todos los casos las actividades subyacentes que se incluyen en el deber de informar se encuentran suficientemente protegidas por otros controles, según las normas interpretativas de la propia GAFI en cuanto a que no es necesario -en estos casos- obligar a informar a los abogados».

Lavado de Activos: pedirán la inconstitucionalidad parcial

El CPACF ya se había expresado en contra de esta reforma en febrero, mediante un comunicado en el que remarcaban que la mayoría de los casos reportados ante la UIF quedaban fuera del ámbito penal y administrativo sancionador y que «el costo impuesto a los profesionales, en este contexto, ni siquiera tendría un efecto relevante sobre el combate de fenómenos como el terrorismo y el narcotráfico«.

Finalmente, y en defensa de la profesión, Gil Lavedra anunció que el Colegio Público de la Abogacía entablará acciones legales para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la parte de la Ley que incluye a los abogados como sujetos obligados a informar.

El proyecto de reforma del Código Penal fue aprobado y sancionado como ley -la primera del año- el jueves en la misma sesión del Senado en la que se trató el DNU de Javier Milei. La iniciativa había recibido media sanción en Diputados en abril del año pasado y formaba parte de un entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que adhería además a las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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La UTA encabeza una medida de fuerza: a qué líneas de colectivos afecta y qué dice el Gobierno

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Por el atraso en el pago del aguinaldo, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) anunció una medida de fuerza que desde este viernes a la madrugada afecta a diversas líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Fuentes de la Secretaría de Transporte advirtieron a LA NACION que si bien la responsabilidad de hacer ese pago es de los empresarios, la administración nacional giró los fondos compensatorios correspondientes a las transferencias para las compañías en materia de subsidios. Y añadió que ese dinero debería estar acreditado este 5 de julio.

El paro, que fue definido por el gremio como “una abstención de tareas”, afectará a los servicios que recorren la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. “Lamentamos informar que como consecuencia de la falta de pago de salarios en algunas empresas habrá abstención de tareas”, dijo la UTA. El anuncio se produjo horas después de una audiencia entre empresas y la entidad gremial, que tuvo al Ejecutivo como intermediario pero que no llegó a buen puerto.

En este sentido, desde Transporte indicaron a LA NACION que no existe una fecha de pago obligatoria de fondos a empresas y, por tal motivo, “se instrumentarán todas las medidas necesarias para asegurarlos lo antes posible”. Además, confirmaron que el pago de compensaciones a cargo de la dependencia fue enviado al banco y se acreditará en las próximas horas en las cuentas de cada una de las compañías.

A su vez, también anunciaron sanciones por parte de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) para empresas que no presten los servicios, así como deducción de compensaciones del mes.

Pese al anuncio generalizado, hubo varias compañías que resaltaron que no adherirán a la protesta. En este sentido, el grupo DOTA informó que garantizará “el 100% de sus servicios”, mientras que otras líneas se replegarán a la medida de fuerza, como la 22, 114, 129, 143, 145, 148, 159, 219, 300, 338, 372, 382, 383, 406, 500, 584, 603, 619 y 620.

A pesar de que el reclamo inicial fue por la situación en el AMBA, el panorama no es muy distinto en otros puntos del país. Desde la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), en Córdoba, afirmaron a este medio que se adhiere al paro. “La Comisión Directiva, conjuntamente con el Plenario General de Delegados, decidió realizar retención de tareas (sin asistencia a los puestos de trabajo) por 24 horas desde las 00 horas del viernes 5 de julio, ante el incumplimiento por parte de las empresas del pago íntegro de haberes del mes de junio como así también del S.A.C. correspondiente al 1° semestre del corriente año, del cual se adeuda parte del mismo”, comunicaron.

Además, explicitaron que el viernes a las 16 habrá un nuevo plenario para debatir y considerar las medidas adoptadas, en caso de que “persista la reticencia al cumplimiento salarial de las empresas prestatarias del servicio”. “Exhortamos a los empresarios a ajustar su conducta y honrar los compromisos salariales asumidos y pedimos urgente la intervención de los organismos integrantes del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba”, detallaron a modo de conclusión.

Paro de colectivos en ConstituciónSantiago Filipuzzi

Tal como informó LA NACION, este jueves se reunieron representantes de la UTA, el gremio que reúne a los colectiveros, junto con empresarios y autoridades del Gobierno en una audiencia para resolver la falta de pago de aguinaldos al personal del rubro. Pero, al no lograr acuerdo, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, implementó la medida de fuerza.

Por un lado, los trabajadores exigieron el pago y, por el otro, el empresariado puso de manifiesto su dificultad para ponerse en regla, aunque comunicaron su intención de regularizar de manera urgente la demora salarial.

En paralelo, la Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor (Aaeta) le inició un reclamo administrativo al secretario de Transporte, Franco Mogetta, a quien se lo acusa de repartir irregularmente el subsidio “cupo gasoil” que el Estado les provee a las empresas.

El titular de Aeeta, Carmelo Capozzi, denunció un supuesto beneficio para otro grupo empresario entre 2022 y 2023, cuando el área se encontraba bajo el mando de funcionarios allegados a Sergio Massa. “Dicha afectación significó para el conjunto de las empresas no incluidas en este cambio, un total de $8,9 mil millones ó 16,7 millones de dólares a tipo de cambio no oficial, en menos, en sus ingresos entre los años 2022 y 2023″, expuso Capozzi en su presentación, a la que tuvo acceso LA NACION.

LA NACION

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