El Consejo General de la Abogacía Española ha condenado este viernes la supuesta «difusión del contenido concreto de comunicaciones», en referencia a correos electrónicos, entre la defensa de Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía Provincial de Madrid, señalando que esto supone «una clara vulneración de la garantía de confidencialidad» entre las partes. Tras una reunión de su Pleno, el Consejo de la Abogacía ha rechazado esta supuesta revelación de datos en una declaración institucional, en la que también han reclamado una investigación «para determinar su autoría e iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda». Según ha explicado la Abogacía, «es legitimo que el Ministerio Fiscal, en el uso de las facultades que le atribuye su Estatuto Orgánico, informe en relación con hechos aparecidos en medios de comunicación en los que se cuestione su actuación». Sin embargo, el Consejo de la Abogacía ha expresado que «dichas comunicaciones no pueden, en ningún caso, exceder de las facultades de información que atribuye a la Fiscalía el citado Estatuto en el artículo 4.5, sino que deben realizarse en el marco de la Instrucción de la Fiscalía 3/2005 de 7 de abril sobre relaciones del Ministerio Fiscal con medios de comunicación». Así, ha instado «a respetar, en todo caso», el Protocolo de conformidades suscrito entre el Consejo General de la Abogacía y el Ministerio Fiscal, «para impedir que se puedan revelar datos que pueden perjudicar la posición del investigado en el proceso». El Pleno ha requerido «el máximo respeto a la confidencialidad de las comunicaciones entre las partes como garantía del Estado de Derecho», además de pedir «que se adopten las medidas oportunas para evitar que se produzcan este tipo de actuaciones y se garanticen el respeto debido a la confidencialidad en los procesos de esta naturaleza». Por último, ha exigido «la inmediata constitución» de una Comisión Mixta Fiscalía General del Estado-Consejo General de la Abogacía Española «para la revisión y actualización del Protocolo de actuación para juicios de conformidad».