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POLITICA

Tras el rechazo al DNU, el Gobierno ensaya una nueva sintonía con los gobernadores

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Aunque Javier Milei y su Gabinete apostaron después del rechazo del Senado al Mega-DNU a robustecer su mensaje –el relato– contra «la casta», en la Casa Rosada no ignoran que las acciones de los opositores dialoguistas y de los gobernadores crecieron en la negociación abierta por la ley de bases y, sobre todo, por el paquete fiscal que reclaman las provincias. Así y todo, después de una semana turbulenta, en el Gobierno confían en que contarán con el visto bueno de los mandatarios provinciales para sancionar el paquete de reformas.

Con esa certeza, el ministro del Interior Guillermo Francos sigue manteniendo reuniones mano a mano con gobernadores, que continuarán en los próximos días. Esta semana recibió al mendocino Alfredo Cornejo y al neuquino Rolando Figueroa. El sanjuanino Marcelo Orrego también estuvo de visita en la Rosada.

En JxC apoyan sin mayores miramientos la negociación de la abreviada y ajustada ley ómnibus y celebran que el Presidente haya abandonado por un rato los «agravios generalizados» contra ellos, pero los que tienen mayor experiencia reclaman “más política” y gestión. Milei, por momentos camina la banquina. “Los gobernadores entendieron que se equivocaron”, reiteró el Presidente este sábado en diálogo con Mitre.

A diferencia del primer intento fracasado para aprobar la ley ómnibus, el Presidente ungió al ministro del Interior como el principal armador político para negociar con las provincias y los diputados. “Está haciendo un trabajo excepcional y creemos que prontamente vamos a llegar a un acuerdo y reenviar la nueva versión de la ley bases», valoró el jefe de Estado.

Cornejo había enviado a su vicegobernadora Hebe Casado a la reunión del 8 de marzo en la Rosada que encabezaron el jefe de Gabinete Nicolás Posse y Francos. Defensor del DNU y de la ley bases, Cornejo reclamó por las obras nacionales que ya fueron adjudicadas, pero están paralizadas desde la gestión anterior y que Milei pisó. En Mendoza, igual que en otras provincias, no hay delegados de Vialidad Nacional. Es un problema de gestión que también genera resquemores políticos internos puertas adentro de LLA.

En su segunda excursión en dos semanas a Balcarce 50, Figueroa se reunió con Francos y Posse, cada vez más gravitante en las negociaciones políticas. Por la tarde, los senadores neuquinos votaron en contra del DNU, aunque en la Rosada son contemplativos, porque señalan que ninguno de los tres responde cerradamente al gobernador patagónico. El vecino de Figueroa, el chubutense Ignacio Torres, había avisado a Francos, a Santiago Caputo y Victororia Villarruel que una de sus senadores votaría en contra del DNU.

El sanjuanino Orrego, que está alineado con la política económica del Gobierno, visitó al secretario de Provincias Javier Milano y al director nacional de Vialidad. Espera que el Gobierno le dé luz verde al fideicomiso para financiar dos obras con créditos del BID y del BM.

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En materia de obras, ningún otro gobernador está más complicado que el principal beneficiado de la gestión anterior, Axel Kicillof. La Nación, de todos modos, no espera nada del gobernador preferido de Cristina Kirchner y el Presidente hasta apoyó una virtual rebelión fiscal de los contribuyentes bonaerenses.

En la Rosada, de todos modos, escucharon los consejos de los propios gobernadores de la oposición más cercana, para que el oficialismo concentre la negociación legislativa con los diputados (al revés de lo que repiten varios legisladores en el Congreso). No sobran votos.

«Propusimos que avancen en la negociación con los bloques y que los gobernadores se sumen en la última milla para juntar los votos que faltan para llegar a 129 votos que se necesitan. Así fue siempre», recuerda un mandatario provincial alineado con el Gobierno en público, pero muy crítico por privado por la falta de estrategia y de gestión. En sintonía con la mirada de los gobernadores, Francos recibirá este lunes a Miguel Pichetto, después de recibir a diputados del PRO y la UCR.

Del otro lado, con mayor consenso que en la negociación anterior, en Balcarce 50 sostienen que los mandatarios provinciales ya no podrán justificar la falta de disciplina de diputados que esgrimieron en febrero.

En el Gobierno festejaron como un triunfo propio el comunicado de los gobernadores de la UCR para despegarse del voto negativo contra el DNU de Martín Lousteau. Firmó hasta el jujeño Carlos Sadir, que responde a Gerardo Morales, enemigo público de Milei. El santafesino Maximilano Pullaro se excusó en pos de su amistad con el presidente de la UCR, pero apoya la batería de reformas que impulsa el Gobierno

Aunque ya nadie en la Rosada habla de un acuerdo político con el cordobés Martín Llaryora, los funcionarios nacionales de origen cordobés que estaban en la cuerda floja tras la salida de Osvaldo Giordano de la ANSES ya se sienten más seguros. Los diputados cordobeses no le dieron quórum al proyecto de la CC para tratar una nueva reforma de cálculo previsional.

Llaryora, en tanto, sigue apoyando la lejana convocatoria para el Pacto de mayo, mientras el Gobierno dilata la convocatoria de una comisión económica y otra política, que se acordó en la visita general de los gobernadores a la Rosada. Quedan por debatir las deudas cruzadas entre la Nación y las Provincias y transferencias por el fondo de ATN. «En los próximos días tendremos novedades«, prometen en el ministerio de Economía. Los gobernadores y cerca del Presidente coinciden en un diagnóstico: «Si no hay leyes, no habrá Pacto de Mayo».

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POLITICA

El Gobierno traspasa el Servicio Penitenciario a CABA para tratar la sobrepoblación en las comisarías

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El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron iniciar el proceso de traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la administración porteña, una demanda que la Ciudad venía solicitando debido a la sobrepoblación en comisarías. El acuerdo se cerró en una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien expresó la necesidad de que el distrito se encargue de la “responsabilidad de los presos de su distrito y así profundizar su autonomía”.

La transferencia de competencias implica que el Gobierno porteño asuma el cuidado y la gestión de las cárceles en su territorio para presos involucrados en delitos no federales. El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y otros funcionarios participaron en el acuerdo para iniciar el traspaso gradual.

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La sobrepoblación en las alcaidías de Buenos Aires generó varios problemas de seguridad, incluyendo doce fugas en los primeros meses del año. El Gobierno porteño utilizó cárceles contenedores en barrios como Chacarita y Saavedra como medida temporal para aliviar la situación, ya que las comisarías estaban desbordadas. Jorge Macri y otros funcionarios porteños insistieron en que las comisarías “no están preparadas para la cantidad de detenidos”, solicitando que la administración nacional se encargue de los reclusos hasta ahora.

Para la Ciudad, este traspaso implica la creación de un servicio penitenciario propio. Actualmente, solo el 5% de los presos en territorio porteño son juzgados por tribunales locales, mientras que el resto sigue bajo jurisdicción federal y nacional. Aún no se transfirió el Poder Judicial en la Ciudad, lo que plantea un desafío en la gestión de estos detenidos, quienes permanecen bajo juicio federal.

El Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos de la Justicia porteña informó que, al primero de abril de 2024, había casi 2.000 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad, cifra que dobla la capacidad ideal de estas instalaciones. Este contexto de hacinamiento y las demandas reiteradas llevadas al gobierno porteño a buscar una solución concreta a través de la gestión del sistema penitenciario local.

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