La compañía lowcost Flybondi reprogramó 71 vuelos entre el 24 y el 31 de diciembre, afectando a unos 13.000 pasajeros, según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Estos cambios se enmarcan en un plan operativo presentado por la empresa para normalizar sus operaciones tras reiterados incumplimientos. Desde Flybondi aclararon que “no se trata de cancelaciones recientes, sino de adecuaciones realizadas con casi 20 días de anticipación, informadas y reubicadas en vuelos posteriores”. Sin embargo, la ANAC señaló que los vuelos no fueron reemplazados, lo que técnicamente los califican como cancelaciones.

El conflicto surge en un contexto de críticas al desempeño de la flota. Según datos del Gobierno, en noviembre el 33% de los vuelos aprobados de Flybondi tuvieron incumplimientos. Además, un informe de la consultora Adventus reveló que Flybondi fue la empresa menos puntual de Argentina entre agosto y noviembre, con porcentajes de puntualidad inferiores al 60%. Estas irregularidades llevaron a la Secretaría de Transporte a anunciar sobre posibles sanciones, incluyendo multas de $200 millones, suspensión de rutas y hasta la revocación del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), que habilita a la empresa a operar.

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Desde la compañía argumentan que los problemas operativos se deben a la disponibilidad limitada de su flota, afectada por demoras en la cadena de suministro de la industria. “Un tema técnico que antes se resuelve en un día, ahora puede tardar hasta 96 horas. Esto genera un impacto directo en la programación”, explicaron. Sin embargo, fuentes gubernamentales cuestionaron la gestión de la empresa, afirmando: “Les dimos facilidades, como operar con tripulación extranjera y aviones de Lituania y España, pero no resolvieron nada. Noviembre fue un desastre”.

A pesar de estas dificultades, Flybondi asegura que su plan operativo ya muestra avances. La empresa destacó que entre el 9 y el 15 de diciembre realizó 577 vuelos con regularidad del 100% respecto a su programación, y prometió seguir trabajando para estabilizar sus operaciones. Sin embargo, la tensión con el Gobierno persiste, especialmente debido a la acumulación de actas de infracción y los reclamos judicializados que demoran la aplicación de sanciones.