El PSOE ya ha decidido sacrificar a José Luis Ábalos, un peso pesado del partido que cae por su «responsabilidad política» en la trama de corrupción en la que está involucrado su asesor y mano derecha, Koldo García.

Ferraz quiere aprovechar este duro golpe interno para reflotar un caso similar: las comisiones que por otro contrato público de compra de mascarillas durante la pandemia, otorgado a dedo por la Comunidad de Madrid, cobró Tomás Ayuso, hermano de la presidenta de esta CCAA, la segunda figura política más fuerte del PP.

Para eso, los socialistas ha anunciado este lunes que van a registrar «de manera inmediata» una comisión de investigación en el Congreso para «analizar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas en la época de la pandemia». 

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«La primera tarea que ocupará a esta comisión de investigación será el caso que afecta a un supuesto cobro de comisiones por parte de un exasesor del ministerio de Transportes y el pago de las mismas por varios empresarios», ha explicado Peña.

Vale recordad que la investigación que acorrala a Ábalos se inició por una denuncia del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

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La idea es que una «segunda tarea» se centre en el contrato del hermano de Ayuso, que ya ha sido investigado por la justicia española y europea, ambas archivadas.

En febrero de 2022, Anticorrupción abrió tras las denuncias de Más Madrid, PSOE y Podemos una investigación contra Tomás Ayuso por un supuesto cobro fraudulento de una comisión de 55.000 euros de un contrato para el suministro de mascarillas a la Comunidad de Madrid durante la pandemia. 

Días después, tras una guerra interna en Génova, el caso se llevó por delante al presidente nacional del PP, Pablo Casado, que había deslizado un posible delito en esta adjudicación pública.

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Respecto a la investigación de Anticorrupción, la causa cifró la comisión recibida por Tomás Díaz Ayuso en 234.203,52 euros: 175.000 provenientes de los trabajos realizados para Priviet y 59.203,52 euros de un bonus pactado por la obtencion del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía concluyó que ni la tramitación ni la ejecución del contrato incurrieron en «ilegalidad alguna». El PSOE tiene dudas sobre las pesquisas y quiere que el Congreso también investigue para, al menos, poner nuevamente en agenda el caso.