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Renunció el director de Pesca: denunció presiones para ignorar actividad ilegal china en el Mar Argentino

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Este lunes, el Director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, renunció a su cargo. Ya lo había hecho, como se acostumbra, cuando asumió Javier Milei a la presidencia. Suárez venía de la gestión anterior, pero le pidieron que se quedara.

Sin embargo, una denuncia de pesca ilegal hacia el buque factoría Tai An -de bandera argentina, pero de capitales chinos- sumado a las presiones que denuncia que recibió de Cancillería y a un pedido de las autoridades de desregular la actividad pesquera y echar personal colmaron su paciencia.

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La historia lleva semanas. El buque Tai An matrícula 01530 es de la empresa Prodesur S.A, de bandera argentina pero de capitales chinos. El dueño es Liu Zhijiang, un extravagante empresario que el año pasado aseguró haber comprado un Rembrandt accidentalmente en Buenos Aires.

El Tai An es un buque de arrastre (una agresiva arte de pesca que levanta todo a su paso en el lecho marino) que produce surimi a bordo. Tiene permitido pescar de todo menos Merluza austral, langostino y las especies cuotificadas, como la merluza negra. Solo hay tres empresas argentinas que tienen permitido pescar merluza negra, con topes y en períodos de tiempo acotados ¿Por qué? Porque la supervivencia de la especie depende de un equilibrio delicado.

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Sin embargo, desde febrero que Tai An viene pescando merluza negra sin autorización. Pese a que el buque tiene dos observadores y un inspector a bordo, quienes lo detectaron inicialmente fueron las tres empresas que sí están autorizadas a hacerlo: Argenova S.A., Estremar S.A.U. y Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A. (Pesantar). El 8 de marzo lo denunciaron a la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera, a cargo de Suárez. La nota también tenía en copia al subsecretario de Pesca nombrado recientemente, Juan Antonio López Cazorla.

“Hemos tomado conocimiento que desde el área comercial de la firma Prodesur S.A se encuentra ofertando en mercados del exterior (Estados Unidos y China) merluza negra congelada a bordo de la marea en curso del citado buque”, se lee en el escrito. Las empresas pudieron corroborar esta pesca ilegal de primera mano gracias a los reportes que recibieron de los barcos Argenova XXI y San Arawa II, que sí están autorizados.

Suárez pidió los registros de recorrido del barco, los partes electrónicos que se actualizan automáticamente y también se comunicó con el inspector a bordo y pudo verificar que el Tai An llevaba 142 toneladas de merluza negra a bordo, violando así la ley Federal de Pesca. No se puede pescar en aguas argentinas sin tener la cuota de esa especie autorizada, por más que el barco sea argentino.

Suárez asegura que al constatar la irregularidad pidió a López Cazorla, como corresponde en estos casos, que el barco vuelva a puerto (Ushuaia) para ser examinado y para que se decomise el pescado. Incluso poner una multa. Pero que recibió presiones de Cancillería y que finalmente la única indicación que dio la subsecretaría de Pesca al Tai An fue que se retire de la zona en donde estaba pescando irregularmente. El barco lo hizo y recién en dos días tocará puerto, como estaba previsto. Es una incógnita qué ocurrirá una vez que eso ocurra.

Prodesur S.A emitió un comunicado en su página oficial en donde negó las acusaciones y aseguró que, de haber alguna irregularidad, se trataría de pesca incidental. Esto ocurre cuando la red de los barcos arrastra involuntariamente otras especies que ya no pueden devolverse al mar cuando tocan la cubierta. Se permiten 5 toneladas de by catch, pesca incidental. Es extraño que esto ocurra de manera incidental con 142 toneladas y más si se pesca en el área que solo tienen permitida buques con permiso de merluza negra.

“Toda la actividad pesquera se encuentra conforme a la normativa provincial y nacional. Respecto a la supuesta pesca irregular de merluza negra denunciada por firmas competidoras de capitales extranjeros, Prodesur S.A. informa que las capturas incidentales (o no deseadas) de forma involuntaria y extraordinaria, son declaradas y constatadas por los Inspectores de Pesca a bordo. Durante esta marea, a bordo del Tai An, se encuentran un inspector nacional y dos observadores”, explicaron en el comunicado.

Otras denuncias de Suárez

Pero el escándalo con el Tai An y las supuestas presiones de Cancillería fueron solo uno de los motivos por los cuales Suárez presentó su renuncia. Según informaron a TN fuentes cercanas al exfuncionario hay otras dos razones: se le pidió que elabore una lista con 50 nombres para echar de la Dirección de la que él estaba a cargo y también que de de baja regulaciones pesqueras aprobadas entre el 10/12/19 – 10/12/23. Es decir, durante todo el gobierno anterior.

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“Se trata de regulaciones fundamentalmente ligadas a más controles sobre todas las pesquerías, mejoras en la administración y gestión, trazabilidad, etcétera”, indicaron a TN.

Suárez se negó en ambos casos y presentó su renuncia.

En la Ley Ómnibus original que presentó el Gobierno a principios de año había un capítulo dedicado a la pesca que buscaba desregular la actividad por completo e incluso otorgar permisos de pesca a flotas extranjeras (algo que está prohibido y que no ocurre en ningún lugar del mundo). Gracias al reclamo de los gobernadores patagónicos y del intendente de Mar del Plata, se dio marcha atrás con todo y se retiró el capítulo entero. No volvió a ser presentado en la nueva versión de la ley.



PESCA, Cancillería

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PASO, aportes de campaña y boleta única: el Gobierno trabaja en una reforma del sistema electoral

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Aprobados la Ley Bases y el paquete fiscal, y expectante por la firma del Pacto de Mayo, el Gobierno ahora va por otras grandes apuestas. El propio Javier Milei adelantó públicamente que se viene un nuevo megaproyecto para desregular la economía, pincelado otra vez por Federico Sturzenegger. Pero la cosa no acaba ahí.

El presidente quiere impulsar una reforma política para modificar tres de los pilares del sistema electoral argentino. Es por ello que le encargó a su jefe de Gabinete la tarea de producir una idea y enviarla al Congreso de la Nación. Pues claro: la Constitución Argentina le impide al presidente dictar decretos en materia electoral (artículo 99, inciso 3). No tiene otra que pasar por el Parlamento.

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El Presidente compartió un mensaje dedicado a la Vicepresidenta tras la aprobación de la Ley Bases. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

La persona a cargo de semejante tarea es el vicejefe de gabinete de ministros, Lisandro Catalán, mano derecha de Francos. Secundó eficaz y eficientemente a su jefe durante el armado y la negociación política que permitieron aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal. Ahora tiene la responsabilidad de preparar un proyecto que ancla en tres ambiciosos objetivos.

En primer lugar: eliminar las PASO. Para ello, trabaja en dos direcciones. Por un lado, la posibilidad de convertirlas en “PAS” (Primarias Abiertas Simultáneas), es decir, quitándole a la herramienta la cuota de obligatoriedad. Sería para el Gobierno un gran avance pero no resolvería del todo algo que para Milei es un problema: las PASO cuestan dinero, y mucho.

Solo para tener en cuenta: las PASO 2023 le costaron al Estado más de 8000 millones de pesos. Para peor, muchos de los espacios políticos presentan un solo candidato. Eso significa que, en esos casos, las PASO solo sirven para demostrar capacidad electoral y se convierten en una encuesta pagada por el pueblo. Es por eso que dentro del Gobierno hay quienes consideran que directamente habría que eliminarlas, hasta tanto la Argentina no resuelva su crisis socioeconómica.

Guillermo Francos junto a Lisandro Catalán (Foto: Reuters).
Guillermo Francos junto a Lisandro Catalán (Foto: Reuters).

En segundo lugar: el financiamiento de las campañas políticas. Un lugar oscuro del sistema. Si bien es cierto que la ley impulsada por el exministro del Interior Florencio Randazzo durante su gestión en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner produjo grandes avances, lo cierto que es aun persiste lo que suele llamarse “campaña en negro”, es decir, aportes no declarados.

Lo que el Gobierno plantea es la necesidad de sincerar. Es decir, terminar con la hipocresía de no poner el tema sobre la mesa. Considera que es el momento de hacerlo, de liberar el financiamiento de las campañas, pero con un sistema de control y auditoría para prevenir la comisión de delitos o el encubrimiento (narcotráfico, por ejemplo). Fiel a su estilo liberal, el presidente considera que -como el resto de las actividades- hay que desregular el sistema de financiamiento de las campañas.

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Por último: el sistema de boleta única. En este caso, hay un camino allanado. Hay una media sanción lista para ser tratada en el Senado de la Nación. Pero, según el Gobierno, hay un pequeño tema a resolver. Al parecer, algunos senadores objetan el proyecto aprobado en Diputados porque promueve el “modelo cordobés”. Es decir que propone el modelo de boleta con un casillero que dice “vota todo”, “vota completo” o “vota todas las categorías”. Según algunos creen, esa opción destruye el espíritu “reflexivo” que el sistema de boleta única promueve, beneficiando a los partidos políticos grandes que tienen capacidad de movilizar el aparato, escondiendo dentro de un sistema progresista el engaño “conservador” de fomentar el voto de la boleta completa. El Gobierno entiende que puede impulsar una nueva iniciativa que subsane este inconveniente.

Como sea, se trata de un proyecto ambicioso para un gobierno que, cerrado el capítulo de la Ley Bases, necesita de nuevas iniciativas que cautiven a la opinión pública.

Política, Javier Milei, Elecciones

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