En septiembre de 2019, el fallecido juez Claudio Bonadio envió a juicio oral a Cristina Kirchner y a medio centenar de empresarios junto a ex funcionarios, acusados de participar de una estructura de sobornos que funcionaba desde el Estado. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), busca fijar fecha para el inicio del debate. En el presente, los jueces analizan el ofrecimiento de pruebas realizado por los 159 acusados en la causa central y en las seis conexas, en medio de la discusión sobre la situación de Ángelo Calcaterra.

En esta instancia los imputados sugieran medidas de prueba que complementen la realizada en etapa de instrucción. En esa etapa se impulsaron 231 medidas: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.

El TOF 7 es el responsable de llevar a cabo el juicio del caso que fue calificado como la mayor estructura de corrupción de los últimos veinte años. En la actualidad la causa que cuenta con más de 220 cuerpos, se encuentra en un punto crucial.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se encuentran analizando el ofrecimiento de pruebas realizado por todos los acusados y por la fiscalía a cargo de Fabiana León, en la denominada “causa madre” y en los seis expedientes conexos.

El extenso listado de procesados y enviados a juicio oral está encabezado por Cristina Kirchner, sobre quien pesa la mayor acusación: haber sido la jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de sobornos.

Si bien el ofrecimiento de prueba se había realizado por separado, todas las partes formularon las medidas que creen que deben realizarse previo a comenzar el debate oral.

Según confirmó Clarín con fuentes judiciales, en medio de la discusión sobre si Ángelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri- quedará finalmente afuera del caso Cuadernos -la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que los pagos que realizó, tal como dijo que en su confesión como arrepentido, no eran coimas sino aportes de campaña con lo cual debe pasar al fuero electoral- el TOF 7 no envió aún ese tramo del caso a la jueza María Servini, responsable de dicha competencia.

Los jueces continúan cuáles de todos los pedidos de pruebas acepta y cuáles rechaza, para avanzar con el juicio oral. La Sala IV de la Casación Federal, que supervisa el trabajo de los tribunales orales pidió, en uno de los casos conexos, que el TOF imprima celeridad y fije fecha de inicio del debate.

La causa está radicada en el Tribunal de juicio hace cinco años. En reiterados escritos la fiscal León se quejó por el retraso y denunció la situación ante la Casación. Si bien su denuncia fue rechazada, sí se convalidó su reclamo de que se avance definitivamente hacia la fijación de una fecha de comienzo de juicio.

El episodio Calcaterra también fue señalado por los jueces del Tribunal como otra causa de retraso para el inicio del debate oral. Se pidió que sea la Corte Suprema de Justicia la que intervenga y confirme o no el fallo de la Casación que excluyó al primo de Macri de la estructura de sobornos a ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.

El TOF 7 ni siquiera estima cuándo concluirá esta etapa de análisis de todas las medidas de prueba requeridas. Tanto Cristina Kirchner como un gran número de empresarios solicitaron que se realicen pericias de los ocho cuadernos que dieron origen al caso y que fueron escritos por Oscar Centeno. En otra causa, en instrucción, se determinó que algunos tramos de dos de estos cuadernos fueron alterados, por eso pidieron peritar la totalidad de los mismos.

Asimismo, se pidieron pericias contables de los movimientos financieros de varias compañías, como también la pericia de todas las obras públicas implicadas. Este conjunto de medidas de prueba requieren de mucho tiempo para su realización, lo que implica más retraso de cara al inicio del debate.

Por otro lado, el abogado de la ex vicepresidenta pidió que se perite el celular de José López, el ex secretario de Obras Públicas que se acogió a la ley del imputado colaborador en este expediente, es decir: es uno de los 31 arrepentidos con los que cuenta la causa.

El ex titular de la cartera de Obras Públicas implicó en su confesión a Cristina Kirchner en el circuito de coimas que pagaban empresarios de la construcción. Sostuvo, entre otras cosas, que la vice estaba al tanto del sistema que funcionaba -sostiene la justicia- desde 2003 y que era ella quien indicaba a qué contratistas debían priorizarse a la hora de liberar pagos.

La ex presidenta solicitó que también sea peritado el celular de Centeno. En ese listado de informes periciales, incluyó las llamadas entrantes y salientes del fiscal Carlos Stornelli y del fallecido juez Claudio Bonadio.

La situación de Calcaterra abre un camino que varios empresarios buscan transitar: el cambio de fuero y que no sean implicados en el delito penal de cohecho. En caso de ocurrir, esto tendrá una repercusión inmediata sobre los ex funcionarios acusados, ya que se les atribuye el cobro de sobornos.

En el expediente hay 31 imputados colaboradores que hablaron sobre la ruta de las coimas. Muy pocos de ellos sostuvieron que sólo pagaban en años electorales.

Pero la validez de las confesiones sigue cuestionada por parte de Cristina Kirchner quien, entre la batería de medidas propuestas por su defensa, requirió que se haga una consulta al Colegio de Escribanos sobre actuaciones vinculadas a los distintos arrepentidos.

Cristina Kirchner considera que es inconstitucional la normativa aprobada en 2016 y también critica cómo se implementó en el caso Cuadernos. Por ese motivo, requirió que se pida la opinión del Colegio de Escribanos para determinar la veracidad del accionar de la fiscalía a la hora de firmar los acuerdos de colaboración que después fueron homologados por el juzgado.