«Esta es la oportunidad para juntar al campo. Porque no es un tema solamente de plata, es un tema de una filosofía política que nos quiere destruir. La provincia de Buenos Aires es el mejor ejemplo de que la fiesta sigue, y la plata es la nuestra». La contundente frase del productor Alberto del Solar Dorrego se hizo viral luego de la asamblea realizada en Salto y da la pauta de cuál es el estado de ánimo ante el «impuestazo» del gobernador Axel Kicillof.

Los productores de esa zona del norte bonaerense llamaron a no pagar el aumento del impuesto inmobiliario rural y se fijaron un plazo para, antes de la semana próxima, diseñar una «estrategia jurídica».

Un día antes, se había producido la asamblea rural de productores de Salliqueló -480 kilómetros al sudoeste de CABA-, donde se había dado el punto de largada para la «rebelión fiscal». Ignacio Irigoyen, el presidente de esa asamblea de productores, anunció que se harían acciones de amparo en la justicia, a título individual por parte de varios productores.

Además, se decidió denunciar a la directiva de ARBA, la agencia recaudadora provincial, alegando cálculos mal realizados para el cobro del impuesto rural.

Pero lo que terminó de darle el contexto político a este incipiente movimiento de rebelión fue la definición del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien llegó a comparar los aumentos de impuestos rurales con el conflicto de 2008 entre Cristina Kirchner y los productores sojeros por la célebre resolución 125, que establecía retenciones móviles a la exportación.

«El impuesto inmobiliario le quita toda la renta al campo y los productores están en llamas -dijo Francos-; va a poner a todos los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires en pie de guerra».

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La comparación con la 125 no es menor, dado que aquella pelea excedió largamente la cuestión técnica sobre el nivel de las retenciones y se transformó en una «grieta» de modelos económicos contrapuestos que se extendió durante toda la gestión kirchnerista. Hasta el día de hoy, cada vez que un dirigente político tiene un entredicho con Martín Lousteau -el ministro de Economía de aquel momento- suele recordarle que «puso al país al borde de una guerra civil».

Es probable que haya exageración en esa acusación, pero también es cierto que en 2008 se llegó a una situación de inestabilidad política tan grande que los partidarios de Cristina denunciaron un intento destituyente.

Ecos de la 125

Pasaron 16 años de aquel conflicto, pero en el campo el recuerdo sigue presente. Y el gobierno de Javier Milei parece dispuesto a exacerbar ese viejo resentimiento.

De hecho, el que dio la voz inicial para la rebelión fiscal fue el diputado José Luis Espert, cuando recién empezaron a llegar las boletas con aumentos.

La realidad es que la ley fiscal votada en diciembre en la legislatura bonaerense tuvo un amplio apoyo de la oposición: contó con los votos del PRO, la Coalición Cívica, la UCR y hasta un bloque legislativo electo por La Libertad Avanza. Pero lo que está en discusión es la metodología de la aplicación: el gobernador tenía el permiso para aumentos que llegaban al 200%, pero los productores denuncian que en algunos casos se llegó a subas de hasta 500%.

El titular de ARBA, Cristian Girard, argumenta que, en realidad, no existe el mentado «impuestazo» en la provincia. Su explicación es que se establecieron topes de aumento diferenciales según el valor de las tierras: así, se arranca en un nivel de 140% para el sector más bajo, que corresponde al 37,28% de las partidas rurales.

Y solamente queda sin tope un grupo reducido, que representa 0,71% del total, compuesto por 2.138 propiedades, con una base imponible superior a los $198,9 millones y una valuación de mercado superior a los u$s3 millones.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, comparó la pelea por el impuesto de Kicillof con el conflicto de 2008 por las retenciones a la soja

La defensa de Kicillof

Desde ese punto de vista, lo que está haciendo el gobernador Kicillof no es un aumento, sino una rebaja en el impuesto inmobiliario rural, dado que el 99% de las propiedades recibieron incrementos que no equiparan la inflación registrada en el período.

«También es importante resaltar que la reducción impositiva al campo se llevó a cabo de forma tal que la carga resultara mejor distribuida entre los propietarios, de un modo más acorde a la real capacidad contributiva de cada cual», sostiene Girard.

Agrega, además, otro argumento de impacto político: que hoy todos los productores pagan menos monto, en términos reales, que el que abonaban en la gestión de María Eugenia Vidal: la mitad de las tierras de menor valuación pagan un 86% menos, en tanto que el 10% de los campos de mayor valuación tuvieron un recorte de 10,6% en su carga impositiva.

Y, para completar, recuerda que la emergencia agropecuaria decretada por la sequía ocurrida el año pasado supuso beneficios impositivos para 25.222 productores por un monto de $4.200 millones.

En definitiva, la gestión de Kicillof no solamente niega la existencia misma de un «impuestazo», sino que reivindica la legitimidad de los aumentos, destaca el principio de progresividad y, además, recuerda que todos pagaban más cuando Vidal gobernaba la provincia.

Pero del otro lado, no solamente hay quejas por lo que se entiende como una imposición confiscatoria, sino que además se interpreta un ataque directo, basado no solo en la necesidad de la caja, sino en una visión ideologizada por parte del kirchnerismo.

«Así estamos los productores en la provincia de Buenos Aires. En pie de guerra. No es que no queramos pagar impuestos. No queremos que nos roben», escribió el diputado Espert en las redes sociales, subiendo un escalón más en el conflicto.

Según Kicillof, apenas un 0,71% de los campos de la provincia recibieron aumentos por encima del 200%

¿Cómodos con la pelea?

Lo cierto es que se llegó a un punto en el cual el gobierno transmite la sensación de que desea la rebelión fiscal, incluso más que las propias gremiales rurales. De hecho, hay directivos que están tratando de poner paños fríos al conflicto, planteando a ARBA una revisión de los aumentos de mayor porte, sobre todo en casos de productores que todavía arrastran problemas financieros por la sequía del año pasado.

Pero el gobierno de Milei está argumentando con términos políticos para que se llegue a una situación de desobediencia civil por parte de los productores agropecuarios.

El ministro Francos ya adelantó que se descarta cualquier tipo de acuerdo con Kicillof en los temas de la agenda que se están negociando para reformular la situación fiscal y la coparticipación de impuestos.

«Difícilmente encontremos puntos de acuerdo porque tiene visiones muy distintas respecto del tipo de país que queremos. Nosotros queremos un país en libertad, absolutamente desregulado, y Kicillof quiere todo lo contrario. Quiere un país con alta regulación, con altos impuestos, haciendo todo mal, además. Y con eso no nos vamos a poner de acuerdo», dijo el ministro.

Es, en definitiva, una antinomia política en la cual las dos partes parecen sentirse cómodas. Milei sabe que en un momento de ajuste le rinde, desde el punto de vista político, la confrontación con la principal figura kirchnerista. Y Kicillof, que se perfila como candidato presidencial para 2027, también consolida su liderazgo opositor en esa pelea.

El gobernador bonaerense, durante su discurso ante la legislatura, ya había anticipado que no le interesaba el diálogo «para fotos y marketing», aunque sí estaba dispuesto a debatir sobre la coparticipación.

Claro, los números le dan argumentos en su favor. Después de todo, a la hora del reparto, Buenos Aires apenas se queda con el 25% de los recursos tributarios para las provincias, cuando su aporte a la economía nacional es del 40%.

Y estos números hacen referencia al 2023, cuando Kicillof todavía disfrutaba del fondo de refuerzo provincial que le había creado el ex presidente Alberto Fernández tras el controvertido recorte de la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires. Lo cual hace suponer que, de no introducirse cambios en los criterios del reparto, la provincia podría este año empeorar incluso su situación fiscal respecto del resto del país.

Todavía no se sabe qué tan lejos llegarán los productores rurales que quieren judicializar las subas de impuesto de Kicillof, pero lo que ya quedó en claro es que el conflicto entre la provincia y el gobierno nacional tiene condiciones como para escalar. El fantasma de la 125 aparece como una amenaza cada vez más concreta.