El lunes anterior, el ministerio de Seguridad de la Nación adjudicó una millonaria licitación a la empresa BVS TV SA, a quien le solicitó «modernizar y recambiar la sala de situación ubicada en Gelly y Obes». 

Según indica la resolución adjunta, la titular de la cartera, Patricia Bullrich, fue quien autorizó la convocatoria dado que, a su parecer, resulta «apremiante y urgente contar con la funcionalidad de la sala de monitoreo y situación ya que ello permite centralizar la información de todos los centros de monitoreo tanto de las fuerzas policiales como de Seguridad, como de los centros de vigilancia de frontera y la sala de monitoreo SINAME, de Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Vigilancia de Emergencias».

Si bien los fundamentos resultan certeros, también parecen ir en contra del mensaje que la gestión del presidente Javier Milei intentar dar. Por caso, solo este mes, el vocero Manuel Adorni informó que se echaron a dos representantes de la secretaría de Turismo que trabajan desde hace al menos treinta años en la dependencia. 

Este accionar se llevó adelante, según indicó el portavoz, para ahorrarle al estado unos, aproximadamente, 22 mil dólares mensuales. En la misma sintonía, el ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, lo que «resultará en un ahorro de 9.000 millones de pesos».

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— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) March 19, 2024

De la misma forma, Adorni anunció que se ejecutarán más recortes al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), eliminando «siete unidades operativas, lo que equivale a un ahorro de 1.791 millones de pesos».

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— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) March 21, 2024

Estas últimas medidas, que se suman a un sinfín de despidos en diversas dependencias del estado, intentan dar un único mensaje: austeridad. Entonces, claramente, la adquisición de la ministra Bullrich va en dirección opuesta, teniendo en cuenta que ya disponía de los artefactos solicitados y que esta «modernización» solo responde a una exigencia meramente personal y no funcional. 

Puntualmente, la aún titular del Pro solicitó: un televisor smart TV 75 pulgadas; un televisor smart TV 85 pulgadas; tres placas de entrada del sistema Datapath; una licencia LTSC Windows 10; cinco trasmisores KVM por IP HDMI 4K; cinco receptores KVM por IP HDMI 4K y el servicio de instalación de estos equipos.

En la compra de este breve listado, el estado desembolsó una suma de 87.104,39 dólares a la empresa BVS TV SA, lo que equivale a 88.846.080,00 (valor dólar blue). La empresa es presidida por María Pía Favelukes, y cuenta entre sus autoridades a Alejandro Facundo Favelukes y Roberto Santiago Favelukes. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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