La política agrícola común, pilar de las políticas europeas (la Unión Europea dedica a ellas más de un tercio del presupuesto común) tendrá menos restricciones medioambientales, decidieron este martes los ministros de Agricultura del bloque. Cedieron así a la presión de las protestas del campo, que lleva meses movilizado justo cuando los europeos se encaminan a las urnas continentales el próximo 9 de junio y la extrema derecha, que animó esas protestas, intenta robar a los conservadores su tradicional voto del campo.

Las protestas, que se centraron en los pocos ingresos de los agricultores mientras las grandes empresas de alimentación fueron subiendo precios más allá de la inflación en el bloque y aumentando sus beneficios, también eran contra el encarecimiento de sus insumos. Las imágenes de tractores bloqueando accesos y zonas céntricas de grandes ciudades europeas no eran del gusto de unos dirigentes que no quieren dar a su electorado la imagen de vivir en una crisis continua.

La decisión llegó este martes masticada a los ministros de Agricultura desde el Comité Especial de Agricultura, el órgano que prepara las reuniones ministeriales y en el que se sientan los gobiernos con la Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque. Los representantes de los gobiernos aceptaron las propuestas de alivio de esas restricciones medioambientales que les propuso la Comisión Europea, que había sido encargada a hacerlo por los dirigentes nacionales tras las últimas protestas.

Para que entre en vigor debe ser aprobada a mediados de abril por el Comité de Agricultura del Parlamento Europeo. Su visto bueno debería ser fácil porque en ese órgano se sientan muchos eurodiputados que tienen la tradición de defender los intereses del campo por encima de los de la lucha contra la crisis climática.

Las medidas deben estar en vigor antes de finales de abril, mes y medio antes de la cita con las urnas europeas. Entre las medidas destacan la posibilidad de que los ministerios de Agricultura aprueben derogaciones temporales de la normativa medioambiental de la Política Agrícola Común (PAC) cuando haya acontecimientos climáticos no habituales, algo que empieza a ser habitual, como sequías duraderas, fuertes inundaciones o temporadas de mucho calor fuera de los meses de verano.

También habrá más flexibilidad para que los gobiernos gestionen los períodos en los que ciertos terrenos deben dejarse en barbecho y, además podrán cambiar el barbecho por cultivos alternativos, una exigencia esencial de las organizaciones de agricultores.

Los controles de inspectores y las sanciones para garantizar el cumplimiento de las normativas medioambientales no se harán sobre explotaciones que tengan menos de 10 hectáreas (hasta ahora se podían hacer a cualquiera). Ese cumplimiento se exige para recibir los fondos europeos que sostiene la PAC, que son esenciales para el campo europeo con más de 50.000 millones de euros al año. Los pequeños agricultores (ese límite de 10 hectáreas) serán subvencionados sin pasar por esos controles, así que para ellos serán voluntarios.

Esa decisión reduce sustancialmente la carga administrativa de los agricultores y de los ministerios y de la Comisión Europea porque, aunque esas pequeñas explotaciones representan menos del 10% de las tierras agrícolas europeas, son propiedad del 65% de los beneficiarios de las ayudas de la PAC.

Los ministros dieron su visto bueno a otras propuestas de la Comisión Europea, como la creación de un organismo de observación de precios que fije precios mínimos a los que pagar a los agricultores para que los presupuestos de la PAC les compensen si los precios de los mercados bajan de cierto nivel. Además, la Unión Europea aprobará en los próximos meses aranceles disuasorios a la importación de cereales rusos y bielorrusos para que las empresas europeas dejen de importarlos.

Esa medida, además de castigar a Moscú, debería servir para subir los precios de los cereales en Europa y aumentar los ingresos de los productores europeos. Por último, y esto lo va a pagar Ucrania, no se renovarán todas las exenciones aduaneras que tenían las importaciones agropecuarias ucranianas, una de las propuestas sobre todo del campo de los países vecinos, como Polonia.