Los demandantes del juicio por la expropiación de YPF han respondido a la apelación presentada por Argentina en febrero, solicitando que la petrolera sea reincorporada al litigio para revisar sus responsabilidades al momento de la expropiación, a pesar de haber sido excluida previamente del caso.

“Desde marzo del año pasado sabemos que los beneficiarios tienen esta intención. Mientras el caso permanezca abierto, las chances de que YPF sea reincorporado al litigio están. Son pocas, pero existen”, sostuvo Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue los litigios contra la Argentina en el exterior. Un cambio en esta situación sería negativo para la compañía ya que podría afectar en el valor de su acción, que cotiza cerca de USD 20 y subió más de 15% en el año.

En su argumentación ante la Corte de Apelaciones, los demandantes señalaron: “Las promesas de los acusados aquí no fueron comentarios ni acuerdos casuales. Eran compromisos inusuales -e inusualmente claros- que eran necesarios para brindar comodidad a los posibles inversores y permitir que una nación extranjera con un pasado económico accidentado accediera a los mercados de capital estadounidenses y recaudara miles de millones de dólares”.

Y agregaron: “Si esas promesas pueden ignorarse con impunidad, los demandantes resultarán perjudicados en el corto plazo, pero todos los inversores y los gobiernos extranjeros por igual perderán en el largo plazo. Este Tribunal debería respetar las claras promesas de los demandados y reparar sus claros incumplimientos”.

Por otro lado, Sebastián Soler, ex subrocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, destacó que los demandantes también rechazaron los argumentos de Argentina sobre la competencia de la justicia estadounidense en el caso. 

A la vez, el experto resaltó que la mayor novedad fue que los beneficiarios preguntaron a la Corte de Apelaciones si la jueza Loretta Preska -de primera instancia- “se equivocó” al exonerar a la petrolera “a pesar del incumplimiento por parte de YPF de su propia obligación contractual independiente de tomar medidas si un adquirente violaba los requisitos de oferta pública de adquisición”.

Ahora, según explicó Soler, el proceso legal continuará con refutaciones de Argentina e YPF a los argumentos de los demandantes, seguido de otro intercambio de escritos finales. “A partir de septiembre la Cámara podría agendar una audiencia para escuchar a las partes. Su fallo recién en 2025”, anticipó el exfuncionario en sus redes.

En el escrito que presentó en febrero, la Argentina formuló tres preguntas que son la base de su defensa.

Por un lado, cuestionó la jurisdicción porque considera que la justicia estadounidense no debía intervenir en un caso ocurrido en la Argentina y entre accionistas de una empresa local. Al mismo tiempo, dijo que la acción legal en Estados Unidos permitió a los demandantes buscar una indemnización a pesar de los límites que establece el Código Civil argentino.

Finalmente, los abogados que representan al país se preguntaron si, como mínimo, el tribunal de primera instancia cometió un error al calcular los daños de los demandantes, al no aplicar la regla del día del fallo para la conversión de moneda; y al aplicar la fecha incorrecta de incumplimiento y la tasa incorrecta de interés previo al fallo según la ley argentina.