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POLITICA

La foto y la película necesitan entrar en sincronía

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La foto es regular, pero la película es buena. Esa es la imagen que podría resumir el estado del agro en estos días de acuerdo con los resultados de encuestas en el sector y de pronunciamientos públicos de las entidades rurales.

El último relevamiento cuatrimestral de los grupos CREA arrojó como resultado que el 77% de los empresarios agropecuarios de la institución cree que dentro de un año la situación económica del país será mejor que en la actualidad. Esa cifra representa un cambio de tendencia respecto de lo sucedido en los últimos cinco años, señala el relevamiento.

“Un antes y un después”: las empresas anticipan sus planes frente al inesperado ataque de la chicharrita

Pero que las expectativas sobre el futuro sean positivas no significa que el escenario haya cambiado 180 grados. De acuerdo con el Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA) de los CREA, el 62% de los consultados dijo que el contexto presente no es adecuado para invertir. “La inercia de una campaña caracterizada por un desastre productivo (2023/24), las malas relaciones entre el valor de los productos y los bienes de capital –aún caros en dólares– y la incertidumbre en el mercado financiero serían las causas de esa situación”, señala el informe. Apenas hay un 14% que cree que es un buen momento para invertir. ¿Serán aquellos que “la ven”?

Más allá de los visionarios, hay indicadores que están reflejando esa cautela. Uno de ellos es el índice que elabora la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario (FADA) que mide cuánto de la renta agrícola va a parar a manos del Estado en sus diferentes niveles: nacional, provincial y municipal. En su última medición, FADA dijo que el 65% de la renta agrícola la captura el Estado, con un incremento de seis puntos porcentuales respecto del porcentaje registrado en diciembre pasado.

Para la entidad con sede en Río Cuarto, el aumento de esa participación se explica por la suba de los costos de producción y la baja de los precios de los granos. Aunque alta, la cifra está lejos del 79% que capturaba el Estado hace un año, en plena sequía.

“Los impuestos no se reducen en la misma proporción que la renta, es más, casi que no lo hacen. Es por esto que cuando el valor cae o los costos suben, la participación de los impuestos sobre la renta aumenta”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefe de FADA.

El informe señala que el 94% de los impuestos son de origen nacional, un 5% provinciales y el resto, municipales. A su vez, puntualiza que el 67% de los tributos que pesan sobre el agro no son coparticipables.

En ese contexto, el Gobierno busca poner el foco de atención en el futuro más que en el presente. El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró en los últimos días que una vez que se regularicen las variables macroeconómicas impulsarán la baja de impuestos. Hay que reconocer que es un avance respecto de lo que pensaba llevar adelante hace dos meses. El paquete fiscal de la ley Bases incluía la suba de los derechos de exportación al maíz y al trigo, entre otros productos.

En foco

Pero en el ruralismo buscan traer el foco hacia el presente. La Mesa de Enlace le pidió al Gobierno que “anuncie ya” la reducción de los derechos de exportación como señal de estímulo para la próxima cosecha. Si los mercados internacionales no dan alguna sorpresa, especialmente climática, los números de la próxima campaña no se presentan como auspiciosos.

Este escenario deberían tenerlo en cuenta quienes rápidamente dan por sentado que el campo será uno de los motores principales de la recuperación de la economía. Lo será en tanto y en cuanto se remuevan varios obstáculos.

Sede del Banco Central

Al respecto, una de las principales distorsiones que todavía persisten fue expresada también por la Mesa de Enlace. El conglomerado ruralista recordó que solicitó derogar a las autoridades del Banco Central la resolución que encarece el crédito a productores agropecuarios que tengan más del 5% de stock de su trigo o soja. La medida coercitiva pretende que los productores se desprendan rápidamente de sus granos. Cambian de color las administraciones del BCRA, pero todas coinciden en restringirle la libertad a quien produce soja o trigo de vender los granos en el mejor momento que considera, de acuerdo a la estrategia comercial de su empresa.

Pese a esas dificultades, predomina la expectativa de un cambio positivo. Cuanto más rápido se corrijan los desequilibrios más contundente será la respuesta del campo en términos de mayor inversión y crecimiento. Allí sí que se podría sincronizar la foto con la película.


POLITICA

Guerra de negocios en Nacion Servicios y el BNA

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En abril se anunció hasta por el vocero presidencial la evolución del sistema SUBE, sin embargo, la empresa aún no conformó ni siquiera una mesa de trabajo para ejecutar el proyecto. Fuentes internas aseguran que no saben ni por dónde empezar y, mientras esperan, irían proyectando algunos negocios non sanctos.

“Están pensando seriamente en entregar SUBE a los bancos, tarjetas y billeteras, básicamente por esa idea libertaria de que el privado hace todo bien y el público es un inútil. Y de paso hacerse de grandes negocios”, deslizó una alta fuente local a REALPOLITIK.

El negocio de evolución -por no decir de entrega- de la SUBE es del orden de los 50 millones de dólares, aunque el potencial posterior es inmenso: esos dólares estarían comprometidos por empresas privadas a cambio del negocio, quienes además usarían a Nación Servicios SA como instrumento para evitar las licitaciones. Arrepentidos aseguran también que en el BNA utilizarían a los gerentes actuales de la empresa para que firmen y luego serían parte de una drástica reducción de autoridades. Se habla de por lo menos quinientas personas a despedir luego del casi cierre de SUBE.

En ese marco, siguen profundizando la desvalorización de Nación Servicios SA con casi todos sus negocios dando pérdidas. Hasta han perdido los beneficios de la ley de Economia del Conocimiento por errores administrativos, lo que significaría 1.500 millones de pérdida si no logran revertirlo con el recurso presentado ante el ministerio de Economía. 

En junio presentaron resultados en la empresa y pierden dinero casi todas las unidades de negocio, y las que no pierden en realidad constituyen una transferencia de recursos del estado a la empresa.

Ahora, en el mes de julio, el gerente General, Nicolás Callegari, intenta desesperadamente hacer ingresar a WorldPay SA en Nación Servicios como proveedor estratégico. La maniobra es tan polémica que puertas adentro del organismo deslizan que ni siquiera ha informado a los directores del negocio. De este modo, buscaría evitar un conflicto con otra empresa, que tampoco habría sido informada del tema. Se trata de un negocio de 20.000 millones de pesos o más para los próximos años de gestión. Sin facturas, sin órdenes de compra..

Para que ingrese la empresa que quiere Callegari, tienen que sacar a Global Processing SA y es casualmente en este punto donde se complican las cosas. Solo basta con analizar las referencias de los directores del BNA. Uno de ellos, Alejandro Henke, confirma en su CV que es socio de esa empresa. Otra autoridad del BNA, muy importante, también es accionista pero por lo menos no lo dice públicamente.

Los interrogantes son varios: ¿Por qué pasa esto? ¿Se trata de fuego amigo entre autoridades del BNA?  ¿Quién lo mandó a Callegari a sacarle el negocio de Global Processing? Todo es llamativamente extraño, aunque la explicación pareciera muy sencilla: el negocio es muy grande y los intereses de los directores del BNA no serían los mismos.

Finalmente, lo más caliente. Ya comenzaron los reclamos formales de Global Processing, ahora por la suma de 67 millones de pesos -aunque podría ser por muchísimo más- por incumplimiento de contrato a Nación Servicios. Contrato que, dicho sea de paso, firmó el mismo Callegari que hoy no lo cumple. 

Esta es una batalla que promete más conflictos en el seno libertario. Al parece, habrá varias batallas más, y ésto recién comienza. Lo que está claro es que ninguna batalla será para mejorarle la vida de la gente ni para ampliar derechos, sino para engrosar bolsillos propios. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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