El Consejo de la Magistratura, responsable de evaluar, sancionar y remover a jueces nacionales y federales por mal desempeño, se enfrenta a un considerable número de denuncias pendientes, con alrededor de 270 presentaciones sin avances significativos. Este organismo, presidido actualmente por Horacio Rosatti, tiene dos comisiones encargadas de investigar casos de distintas gravedades: la Comisión de Disciplina y la de Acusación.

Jueces de la Corte Suprema (de izquierda a derecha: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti)

En la Comisión de Disciplina, donde se analizan sanciones, hay 252 denuncias pendientes, algunas dirigidas a figuras destacadas como el candidato propuesto para la Corte Suprema por Javier Milei o la jueza del caso Vialidad. Además, se señala la inacción frente a denuncias contra jueces prominentes como Daniel Rafecas, quien fue el candidato de Alberto Fernández para la Procuración General de la Nación, y María Eugenia Capuchetti, encargada de la causa por el atentado contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Daniel Rafecas

El juez Ariel Lijo, quien fue propuesto por Javier Milei para reemplazar a Helena Higthon en la Corte Suprema, acumula cuatro denuncias en su contra realizadas en 2023. A estas se suman otras que, por no haber recibido tratamiento, vencieron y fueron archivadas. Daniel Rafecas, por otra parte, tabién fue denunciado en el transcurso del año pasado. Su nombramiento en la Procuración General nunca avanzó debido a la oposición de Cristina Kirchner desde el Senado.

Ariel Lijo

Otros jueces vinculados al kirchnerismo también acumulan denuncias en su contra, por ejemplo, el juez Alejo Ramos Padilla fue denunciado seis veces entre 2022 y 2023.

La Comisión de Acusación, encargada de casos más complejos, tiene 18 causas en curso, con denuncias contra figuras como Sandra Arroyo Salgado y varios camaristas como Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. La necesidad de agilizar estos procesos se destaca tanto desde el Consejo como desde el Ministerio de Justicia, con propuestas para fijar plazos y digitalizar el proceso de denuncia para mejorar la transparencia y la eficiencia del sistema. Sin embargo, desde el Consejo se asegura que todas las denuncias tienen algún grado de movimiento y que se toman medidas para evitar que se archiven sin tratamiento.