“Acá nunca funcionó ningún comedor”: la respuesta se repite en distintas casas particulares de barrios vulnerables repartidos por todo el conurbano bonaerense. La Matanza, Quilmes, Berazategui, Ezeiza, Moreno y José C. Paz son algunos de los municipios que concentran la mayor cantidad de estos comedores y merenderos fantasma.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Secretaría de Niñez y Familia, en la órbita del Ministerio de Capital Humano. En el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom) figuraban, hasta 2023, más de 40 mil centros en todo el país. Sin embargo, menos de 5 mil cumplían “todos los requisitos de inscripción” y fueron dados de alta para recibir asistencia alimentaria del Estado.

El año pasado, los desembolsos de la ahora readaptada área de Desarrollo Social en licitaciones de compras de alimentos para esos comedores superaron los $40 mil millones. Sin embargo, la sorpresa apareció al momento de auditar esos gastos en 2168 espacios: el 54% no existía.

En una recorrida que hizo Telenoche se encontraron todo tipo de casos. Desde direcciones inexistentes o teléfonos de contacto que no corresponden a los titulares del lugar hasta viejos comedores que llevan años sin abrir, pero que seguían en la lista de beneficiarios habituales.

Hay zonas específicas en las que se acumulan los falsos centros comunitarios con distancias mínimas entre sí. Un ejemplo concreto: en Bernal, a metros de la populosa Villa Itatí, apenas cien metros separan a “Tejiendo Redes de Inclusión” y “Soplo de Vida”, sobre la calle Los Andes. Una de las ubicaciones ni siquiera aparece entre la numeración de la cuadra y los vecinos confirman que en esa ahí nunca hubo nada. La otra es la casa de Roberto, un desempleado que no se demora en pensar lo bien que le vendría hoy un comedor en su barrio.

Cada uno de esos centros, en realidad, responde a alguno de los movimientos sociales que, durante la gestión del Frente de Todos, tuvieron un estrecho vínculo con Desarrollo Social. El Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, MTE o Pueblos Unidos son los más mencionados por los vecinos cuyos domicilios fueron utilizados sin su consentimiento.

El Renacom y el sistema de intermediación

El Renacom se creó con una resolución en 2020, en tiempos de la cuarentena más férrea por la pandemia del Covid. El ministro era Daniel Arroyo, que llegó con el comienzo de la presidencia de Alberto Fernández, pero la funcionaria designada a cargo fue Laura Valeria Alonso, titular de la Secretaría de Inclusión Social y dirigente de la Cámpora.

El documento anexo a la resolución 480, publicada en el Boletín Oficial en octubre de ese año, asegura que el Registro “tiene por objeto acreditar la existencia y el funcionamiento de los espacios físicos”. Una tarea que, por lo que señala la evidencia, no se cumplió. “Es posible que en algún momento haya existido una inscripción compulsiva de comedores”, reconoce un exfuncionario. Agrega también que el sistema tenía “agujeros”.

Los alimentos que compraba el Ministerio eran repartidos en puntos de almacenamiento oficiales y desde ahí se trasladaban a los galpones de las distintas organizaciones. La cantidad a repartir dependía de dos elementos: cuántos comedores tenían que suministrar y cuántos comensales se acercaban a cada uno. En última instancia, los referentes zonales decidían lo que correspondía por lugar.

Hoy, en la Libertad Avanza definen aquel modelo como “discrecional y extorsionador” y se trazaron como objetivo central de gestión en este rubro la “eliminación de los intermediarios”. Fue, de hecho, una de las promesas de campaña de Javier Milei. Y el mismo planteo hizo la ministra Sandra Pettovello en sus escasas participaciones públicas.

Entre julio y agosto de 2023, durante el período electoral, la cartera entonces a cargo de Victoria Tolosa Paz presentó la Prestación Alimentar Comunidad. Un aporte mensual para centros comunitarios con un formato similar al de la Tarjeta Alimentar, aquella que reciben las familias para la compra exclusiva de elementos de la canasta básica. La actual gestión asegura que no se puso en marcha hasta 2024.

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