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POLITICA

Maximiliano Pullaro y el polémico caso del comisario Alejandro Druetta

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La pregunta incomodó al gobernador santafesino, en plena guerra contra el narcotráfico, con una población atemorizada, golpeada y violentada. Sin dudarlo, Mirtha Legrand le preguntó a Maximiliano Pullaro acerca del caso de una conocida autoridad policial que había sido condenada por narcotráfico, recibiendo como respuesta del mandatario: “Hablaba con un comisario y a los dos o tres días terminaba detenido”.

El paso de Alejandro Druetta por el ministerio de Seguridad entre 2011 y 2015, durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz, es clave. Según señalan en Santa Fe, el comisario era una de las voces más escuchadas por el entonces ministro Pullaro, ya que, incluso, hay quienes aseguran que se movía casi como su mano derecha.

Luego de una intensa investigación, durante el gobierno de Omar Perotti, el ex jefe de la Policía Antidrogas, Alejandro Druetta, fue encontrado culpable y condenado a diez años de prisión, por considerárselo «partícipe necesario en el delito de tráfico y comercio de estupefacientes doblemente agravado por haberse cometido mediante la concurrencia de tres o más personas en forma organizada y por su condición de funcionario público».

El caso, que fue resuelto por el Tribunal Federal Oral Nro. 3 de Rosario, resolvió que quien debía perseguir a narcotraficantes formaba parte de la banda comandada por Ignacio Actis Caporale, alias «Ojitos», quien había sido condenado a nueve años y seis meses de prisión por encontrárselo responsable del tráfico de estupefacientes.

En la misma megacausa también fueron condenados Leandro Cano, Daniel Illanes, Dante Pierani, Pablo Kresta, Carlos Edgardo Colombini, Román Emiliano Palamedi y Juan Ángel Delmastro, este último de extrema relación con Druetta. Pullaro y el comisario antinarcóticos habían mantenido polémicas conversaciones telefónicas previas a la llegada de Pullaro al ministerio de Seguridad.

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En ellas, Druetta señala: «¿Sabés qué Maxi? Ya me da por las bolas, me voy a tener que buscar un abogado porque están inventando boludeces que ya no tienen cómo probarlo, porque si entregan la denuncia que yo hice denunciándolo al ‘Totola’ (Aldo Orozco) tres días antes de que lo detengan. Yo nunca le ofrecí nada, ni mi personal. No tengo ningún personal que se llame Sebastián. Fue la comisaría la que tuvo problemas».

Recibiendo de Pullaro casi una solución a su problema: «Si vos querés yo te pongo un abogado, yo tengo uno de los que trabajan conmigo, de los que yo tengo, para que podamos poner para que te ayude», le dijo en 2012 el actual gobernador santafesino.

Sobre estas conversaciones, Pullaro reconoció: «Yo hablaba con Druetta y le decía que se quedara tranquilo. Que si era necesario le ponía un abogado que trabajaba conmigo. Esta posición de mi parte siempre fue pública. No sólo lo dije en el recinto de Diputados, sino también en la prensa y hasta en canales nacionales. Todos lo defendíamos. Nos movíamos así porque hasta ese momento, supuestamente, había sido buen policía. No tenía ninguna causa».

Sin embargo, más tarde Pullaro se negaría a profundizar en torno a este vínculo durante la campaña que lo llevaría a la gobernación de Santa Fe, desde donde hoy busca combatir el problema narco que sacude a Rosario y en el que persisten los vínculos entre traficantes, políticas y autoridades judiciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Mirtha Legrand, Miguel Lifschitz, Santa Fe, Omar Perotti, Rosario, Maximiliano Pullaro, Alejandro Druetta, Leandro Cano, Daniel Illanes, Dante Pierani, Pablo Kresta, Carlos Edgardo Colombini, Román Emiliano Palamedi, Juan Ángel Delmastro

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Desvincularon a Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia y denunció acuerdos con el Gobierno

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El reconocido periodista Marcelo Longobardi fue despedido este miércoles de Radio Rivadavia, donde conducía el programa Esta Mañana . Según explicó, recibió una carta documento en la que se argumentó su “falta de presencialidad” y cuestiones de audiencia como razones de la rescisión de su contrato. Sin embargo, Longobardi atribuye su salida a presiones políticas vinculadas al gobierno de Javier Milei y anunció que iniciará acciones legales. “Me vienen presionando de diversas maneras y encontraron la excusa de la presencialidad, que es irrelevante en el siglo XXI. Esto es una transacción con el Gobierno”, afirmó desde Miami.

Desde Alpha Media, empresa propietaria de la emisora, negaron que el despido tuviera motivaciones políticas y lo justificaron por cuestiones contractuales y artísticas. Jonatan Andreani, director de Rivadavia, declaró: “El programa pierde solidez cuando el periodista analiza la realidad argentina desde Miami. Además, no superó las expectativas en términos de audiencia”. Andreani también destacó que Longobardi trabajaba desde el exterior o desde Nordelta y que la desconexión con su equipo era evidente. A su vez, confirmó que otros miembros del programa continuarán en la radio, mientras que la columnista Maite Peñoñori también fue desvinculada por trabajar desde Miami.

Longobardi rechazó las explicaciones del medio y sostuvo que su promedio de audiencia era superior al de la radio en general. También cuestionó la falta de respaldo de la emisora ​​frente a los ataques que recibió del presidente Milei y sus seguidores. “Milei tiene un problema conmigo porque fui crítico de su gradual hacia una autocracia. Esto no tiene que ver con la audiencia ni con la presencialidad, sino con que la radio busca un perfil más amigable para el poder político actual”, afirmó el periodista, quien adelantó que intentará realizar su programa pese al conflicto.

El detonante del despido, según Longobardi, habría sido la emisión de una entrevista con el periodista Hugo Alconada Mon sobre una investigación contra un funcionario cercano a Milei. Por su parte, el periodista destacó que su trabajo en remoto había sido aceptado durante años y criticó que otros colegas como Nelson Castro y Jorge Lanata también trabajaban desde ubicaciones externas sin inconvenientes. Mientras tanto, Longobardi se prepara para enfrentar un proceso judicial con la empresa y denuncia una clara vulneración a la libertad de expresión.

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