El alcalde de una pequeña ciudad minera en el sur andino de Ecuador fue asesinado a tiros, pocos días antes de que se celebre una consulta popular con la que el Gobierno del presidente Daniel Noboa pretende aprobar reformas para enfrentar la crisis de inseguridad.

José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, «fue baleado y producto de ello perdió la vida» el miércoles, señaló la alcaldía de esa localidad en su página de Facebook.

Sánchez, de 52 años, estaba haciendo ejercicios físicos en horas de la noche acompañado de su equipo de seguridad, cuando hombres armados abrieron fuego contra él, según reportó la policía en la red social X.

Los sospechosos «se movilizaban en una camioneta que después fue presuntamente incinerada y localizada posteriormente», añadió.

El ministerio del Interior expresó su solidaridad con la familia y amigos del alcalde, quien había sufrido un atentado en su vivienda en octubre del año pasado.

«Este trágico suceso refuerza nuestro compromiso incansable de luchar contra graves actos criminales», apuntó el ministerio del Interior en un comunicado difundido en su cuenta de X.

Sánchez era abogado y en 2021 presidió la Cámara de Minería de Camilo Ponce Enríquez, donde existe extracción ilegal de minerales.

Con el asesinato de Sánchez suman cuatro los alcaldes ultimados en un año en Ecuador, y es el segundo en menos de un mes. En marzo, la alcaldesa de San Vicente, en Manabí, fue asesinada en circunstancias similares.

Brigitte García, que con apenas 27 años era la alcaldesa más joven de Ecuador, fue encontrada junto a su asistente de comunicación Jairo Loor en el interior de un vehículo sin signos vitales y con heridas por impacto de arma de fuego.

La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) solicitó en un comunicado una investigación «exhaustiva y rápida» sobre el crimen y exigió protección para los alcaldes del país. «Cada alcalde o alcaldesa caído es un golpe directo a la estabilidad y la gobernanza local», apuntó la AME.

La violencia política también incluyó al candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien en agosto pasado murió al ser baleado a la salida de un evento de campaña.

Las muertes de este año se han dado en medio de un rebrote de la violencia y de un conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa para combatir a las bandas criminales con las fuerzas armadas.

El próximo domingo, cerca de 13,6 millones de ecuatorianos están convocados a la urnas para votar por reformas legales y constitucionales cuyo eje principal es el combate a la violencia.

Es la tercera consulta popular para los ecuatorianos en poco más de un año. El gobierno anterior del presidente Guillermo Lasso llamó a las urnas en febrero de 2023 también sobre temas de seguridad y ganó el “no”.

Analistas coinciden en que, detrás de las 11 preguntas de la consulta, está la intención del presidente Noboa de posicionarse con miras a su eventual reelección en las presidenciales de 2025. Noboa asumió un gobierno de transición a fines de noviembre -tras la salida de Lasso cuando era sometido a un juicio político- para un período corto de año y medio que termina en mayo del próximo año.

Mientras tanto, este jueves comenzó a regir la suspensión por dos días de las labores públicas y privadas ante la crisis de electricidad causada por un déficit histórico en los embalses que abastecen las centrales hídricas, lo que derivó en apagones de hasta seis horas y puede traer pérdidas millonarias.

El mandatario Daniel Noboa decretó la «suspensión de la jornada laboral» el jueves y viernes, señaló la presidencia en un comunicado, que atribuyó su decisión no sólo «a circunstancias ambientales» sino a «actos inauditos de corrupción y negligencia».

Con información de Agencias