POLITICA
El Ejecutivo convocará al Consejo para definir un nuevo aumento del salario mínimo
El Gobierno de Argentina convocará al Consejo del Salario para el 30 de abril, con el fin de definir el aumento del salario mínimo correspondiente al haber inicial de mayo.
Esta convocatoria, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial, busca establecer el piso salarial para los trabajadores del país.
El Consejo del Salario es un espacio de diálogo en el que participan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar el monto del salario mínimo, vital y móvil.
La última convocatoria fue en febrero, tras varias postergaciones. Sin embargo, esa reunión no logró un acuerdo sobre las cifras y el Gobierno tuvo que fijar un aumento del 30% en dos tramos, en febrero y marzo.
En febrero, el salario mínimo pasó de $156.000 a $180.000 para los trabajadores mensualizados, mientras que para los jornalizados se estableció un aumento proporcional para alcanzar $900 por hora.
En marzo, el salario mínimo aumentó un 12%, llegando a $202.800 para los trabajadores con jornada completa, y a $1014 por hora para los trabajadores jornalizados.
Cómo impactaría la suba del Salario Mínimo en Ganancias y el Potenciar Trabajo
Cuando se actualiza, el salario mínimo impacta en el haber de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Sin embargo, el Gobierno había anticipado que buscaba desacoplar los planes sociales, pero hasta el momento no ha informado ningún cambio en ese sentido.
En febrero, los titulares del plan que reciben la mitad del salario mínimo por una contraprestación laboral de cuatro horas diarias cobraron $78.000.
Asimismo, la actualización también afecta la exclusión del impuesto a las Ganancias para los trabajadores que ganan menos de 15 salarios mínimos. Con el incremento del 15% en febrero, aquellos empleados que tengan ingresos mensuales por encima de $2.700.000 estarán alcanzados por Ganancias.
Por otro lado, el salario mínimo repercute en el sueldo inicial de los docentes (que por ley debe estar al menos un 20% por encima del salario mínimo) y en las jubilaciones, ya que su evolución determina el valor diferencial de la jubilación básica con el 82% móvil para aquellos con más de 30 años de aportes.
POLITICA
“Hasta la puerta”: un productor usó una imagen de Normandía para mostrar un fuerte contraste con lo que busca una provincia argentina
En medio de la preocupación de productores de La Pampa que intentan frenar la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas aprobada en 2020, a la que consideran perjudicial, un productor agropecuario compartió un video filmado en Normandía y trazó un paralelismo con lo que ocurre en la Argentina. Se trata de Santiago del Solar, exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, quien compartió las imágenes de un lote de maíz al lado de la ruta y muy cerca de las casas. En la red social X se abrió un debate sobre el límite en el perímetro urbano para realizar las aplicaciones de fitosanitarios.
“Nos hacen daño”: por qué hay un inédito avance de pumas, jabalíes y guanacos en amplias regiones del país
“Esto es Normandía (Francia). En La Pampa quieren restringir aplicaciones de agroquímicos y romper la ganadería y agricultura. Nadie en el mundo hace eso. Ni siquiera países ultras restrictivos con temas ambientales. Se siembra y aplican agroquímicos hasta la puerta. Es seguro”, puntualizó.
Dijo a LA NACION: “El paquete de herbicidas utilizados en Francia para la producción de maíz prácticamente no difiere de lo que hacemos en la Argentina. Sin embargo, en nuestro país tenemos infinidad de prejuicios infundados con estos productos”.
Reacciones
En tanto, en X, ante la pregunta de un usuario sobre “¿cómo llegaron a eso?”, porque, según dijo, duda que acá “se haga un 1% de lo que se hace allá, asumir que lo que funciona en B funciona en A sin tener en cuenta el contexto es un análisis muy escueto”. Del Solar, puntualizó: “No tienen los prejuicios que tenemos acá, al menos para agroquímicos. Si, en cambio odian GMO, irracional, pero está prohibido sembrar transgénicos. Aunque la soja que importan lo sea”.
Además, aclaró que los puntos en los que trabajaron en Francia para lograr esa falta de prejuicios con los agroquímicos, agregó que esto “lo piden los Concejos Deliberantes, no los consumidores. INTA hizo mil y una demostración a campo mostrando lo que es una deriva. Es mínimo”, afirmó. Según agregó Del Solar, “algunos herbicidas sí están prohibidos en Francia y acá no. Si no es imposible sembrar maíz”.
Este escenario se contrapone con zonas de la región agrícola de la Argentina. Por ejemplo, en La Pampa, los productores solicitaron la derogación de la polémica ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, aprobada en 2020, y que está cerca de reglamentarse.
En rigor, se tendría que haber reglamentado a los 120 días desde que salió. Según dijeron desde el Consejo Consultor de entidades del sector, en su redacción no se tuvo en cuenta el trabajo realizado en el seno de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave). Además aseguraron que “no tiene sentido lo que se está proponiendo”.
Hace unas semanas trascendió un borrador de la reglamentación: tiene fuertes exigencias para diversos actores vinculados con la actividad, como los usuarios de agroquímicos, técnicos, los distribuidores/expendedores y hasta para aplicadores. A los aplicadores se les exigen 18 puntos. Entre ellos, además de cumplir con buenas prácticas agrícolas, con normas de seguridad y capacitación, tener la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas y conservar por cinco años el remito o receta de compra del producto.
Para el usuario responsable, el productor, también hay requisitos que van desde conservar por cinco años la receta de compra del producto, garantizar la correcta aplicación, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas. En tanto, para los técnicos o asesores se plantea, entre otros puntos, que se hagan responsables de los daños de un eventual tratamiento incorrecto.
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