El Gobierno analiza revertir un dictamen de la gestión anterior para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) pueda auditar las universidades públicas. Según pudo saber TN, el Ejecutivo quiere que el organismo que depende de Miguel Blanco tenga mayor incidencia en la revisión financiera, operativa y de gestión junto con la Auditoría General de la Nación (AGN).

La Casa Rosada quiere modificar un dictamen del 28 de noviembre del 2022 -que corre por el expediente IF-2022-128362119-APN-PTN- que impulsó el extitular de la Procuración del Tesoro de la Nación Carlos Zannini y establece que las funciones de la SIGEN no resultan “aplicables a las universidades nacionales“.

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Es la vía técnica que la Casa Rosada quiere establecer para poder incluir en la auditoría de las universidades públicas a un organismo distinto a la AGN, pero todavía no informó al Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra.

En Balcarce 50 sostienen que es una medida que le van a proponer a los rectores de las universidades en el próximo encuentro del 30 de abril en el Palacio Sarmiento. Las negociaciones las liderará el secretario de Educación, Carlos Torrendel, en vez del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y las supervisará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La cúpula del Ejecutivo tiene diálogo constante con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, ya que conoce al asesor presidencial Santiago Caputo de la militancia juvenil en “La Cantera”. La línea del oficialismo es intentar avanzar en la negociación presupuestaria y que les permitan sumar a la SIGEN a la auditoría.

En los pasillos de la Casa Rosada mantienen que la marcha universitaria fue “la más fuerte hasta el momento” y destacaron que los jóvenes “no ensuciaron la plaza ni hicieron quilombo”. Los cercanos al Presidente sostienen que van a intentar de que “le vuelva peor” a sus impulsores mediante la revisión de cuentas y del personal.

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Es por eso que quieren que la SIGEN -organismo que realizó la auditoría general del Estado- tome parte en la revisión financiera y operativa de las universidades públicas junto a la Auditoría General de la Nación (AGN), que lidera el opositor Juan Manuel Olmos.

Los integrantes de la mesa técnica de Milei pretenden que los encargados de la auditoría respondan a ellos para poder tener vía directa con los resultados que encuentren. En la Casa Rosada buscan utilizar el informe para capitalizar su discurso contra la corrupción.

Tras el dictamen de Zannini, la SIGEN tuvo que ceder sus Unidades de Auditoría Interna en las universidades y se quedó únicamente con inferencia en el Ministerio de Educación, la comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la fundación Miguel Lillo y en las universidades nacionales con convenio especial.

Una de sus funciones es “formalizar convenios de colaboración docente y actividades conexas con organismos públicos y privados y con Universidades Nacionales”. El exministro de Educación Jaime Peczyk firmó uno de estos el 1 de noviembre de 2023, pero no avanzó.

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Según la ley de Administración Financiera (24.156), la AGN es el organismo encargado de promover investigaciones de carácter federal sobre el contenido patrimonial en los casos que corresponda. Depende del Congreso de la Nación y está ligada a la comisión mixta Revisora de Cuentas.

La palabra de la AGN

Las autoridades actuales son el exvicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos (titular) y los auditores generales Francisco Fernández, Alejandro Nieva, María de la Rosa, Gabriel Mihura y Juan Ignacio Forlón. Para designar nuevos auditores, el oficialismo debe conformar la comisión y nombrar a sus doce integrantes (seis diputados y seis senadores).

Tras la marcha federal universitaria, los dirigentes de la AGN expresaron que el Gobierno no tiene la autoridad para establecer las auditorías universitarias y que “el Congreso Nacional es quien dispone qué, cuándo y a quiénes se audita a través del Plan Anual de Auditoría que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para cada ejercicio presupuestario”.

Argumentaron además que “se realizaron distintas auditorías que fueron programadas sobre las universidades de Rosario, del Litoral y de Buenos Aires y se comenzaron auditorías en las universidades nacionales de Formosa, Jujuy y Córdoba”.

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