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CTERA: “El gobierno debería tomar registro de la marcha y cesar su campaña de hostilización”

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Más allá de las 1.500.000 personas que se movilizaron para reclamar contra el brutal ajuste a la educación universitaria, desde el gobierno hicieron oídos sordos a las demandas planteadas. En este sentido, la prosecretaria Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y secretaria General adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Silvia Almazán, indicó: “Fue una histórica marcha, no solo en CABA sino en varias provincias del país. El gobierno debería tomar este registro y cesar con su campaña de hostilización, es decir no poner bajo sospecha la universidad pública o dejar de desconocer lo que producen en la educación terciaria”. 

“El gobierno tiene que cumplir con la ley de financiamiento educativo nacional y dejar de eludir su responsabilidad”, agregó. De este modo, profundizó: “La mejor respuesta para la movilización hubiera sido tratar la ley presupuestaria educativa y la del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), sin embargo los legisladores oficialistas y sus aliados no abrieron el quórum”. En torno a los controles que propone el gobierno, aclaró: “La mejor auditoría es recorrer las universidades, es decir la infraestructura, los equipamientos, las aulas y las condiciones en las que se trabaja”. 

Asimismo, Almazán diferenció el rol del gobierno nacional de los provinciales: “El vocero (Manuel Adorni) dijo que la educación es responsabilidad de las provincias, pero la principal e indelegable es del estado nacional, garantizando el financiamiento educativo y las políticas públicas, más el derecho social de estudiantes y docentes. A la inversión provincial le falta, en esta etapa, la complementariedad de la inversión nacional”.

Y concluyó: “La movilización demostró que la educación pública es intocable y debe ser garantizada por el gobierno nacional, en la calle estuvieron hasta los que votaron a esta gestión”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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La vicegobernadora de Neuquén, en la antesala de la votación que definirá su posible destitución: «No creo haber cometido ningún ilícito»

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A horas de que la Legislatura de Neuquén decida si destituye o no a la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz tras el proceso de investigación que se le inició por presunta «inhabilidad moral» debido a que fue vinculada y denunciada por irregularidades en su gestión, la exfuncionaria se defendió. «No creo que haya cometido ningún ilícito«, afirmó este miércoles.

Entre otras graves acusaciones, la mujer está en la mira por la compra de una camioneta, una piscina, la contratación directa de banners y spots publicitarios, y la designación de familiares, así como de personas que supuestamente cumplían funciones ad honórem. También se le imputa el gasto de cuatro millones de pesos en bombones con dinero de la Legislatura provincial.

Ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que estuvo acompañada por sus abogados, quienes solicitaron que el proceso sea declarado nulo y alertaron sobre la gravedad de expulsarla cuando aún no está imputada por la Justicia, Ruiz dijo que las acusaciones infundadas son «direccionadas y malintencionadas». Y, en la misma línea, completó: «No hay fraude, solo desprolijidades administrativas«.

Acerca de las acusaciones de nepotismo, en diálogo con LM Neuquén, Ruiz aclaró que solo tiene tres familiares directos: su hermano Pablo (está sospechado por supuesta malversación de fondos y fraude a la administración pública) su hermana Vilma y su esposo, Claudio Costa.

«No hay sobrinos ni primos nombrados. Incluso se acreditó la idoneidad de cada uno de los funcionarios señalados, algo que fue evaluado por mí misma antes de que asumieran sus cargos», expresó.

Según una investigación del diario Río Negro, el hermano de la vicegobernadora recibió haberes de parte de la Legislatura de 29.854.350 pesos y que se realizaron de sus cuentas extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos. Ante esto, la entidad bancaria detectó que el hermano de la vicegobernadora destinaba gran parte del dinero de su cuenta en constituir plazos fijos a su nombre.

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La sesión especial de este jueves, programada para las 15 horas, dará inicio al proceso, mientras que el viernes, a partir de las 10, se llevará a cabo la votación final.

Si se aprueba su destitución, un hecho sin precedentes en la historia de la provincia, no solo será separada permanentemente de su cargo, sino que también se suspenderán de manera inmediata todos los pagos relacionados con su remuneración, dieta o cualquier beneficio económico vinculado a su puesto.

Las irregularidades señaladas por los legisladores en contra de Ruiz incluyen el uso inapropiado de fondos públicos, contrataciones irregulares y sobreprecios, falsedad en las declaraciones patrimoniales y en sus declaraciones públicas, designaciones indebidas y nepotismo.

La vicegobernadora suspendida delegó en sus abogados la estrategia judicial para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la suspensión impuesta por la Legislatura neuquina.

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