La decisión de la jueza Mercedes Maquieira, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°9, de declararse incompetente en el amparo que presentó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) contra 23 prepagas, generó la ira del Gobierno. Como primera medida, dijeron que apelarán la decisión, pero la cosa no quedó ahí.

Lo que hizo Maquieira, en un fallo firmado este martes por la noche, fue trasladar la causa al Juzgado 3 del mismo fuero, a cargo de Juan Rafael Stinco, con el argumento de que allí se tramita un amparo colectivo, denominado “Causa Wilson” por las cuotas de las prepagas.

Fuentes del Gobierno dijeron a Clarín que “la jueza decidió que era incompetente porque había un amparo colectivo planteado por un particular en el que se pide la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/23. Entonces, es un delirio jurídico. Dice: vamos a mandar todo esto que está pidiendo la Superintendencia a ese juez que es el titular del juzgado 3”.

Agregaron que la magistrada “no hizo mención alguna a la medida cautelar, pero entendió que ella era incompetente porque podía provocar sentencias contradictorias. O sea, no se atrevió a decidir nada y terminó enviando la causa a otra causa en la que se pide algo totalmente distinto”.

El enojo del Gobierno es evidente. La decisión de la jueza demora todo el trámite judicial que tiene por objetivo que las prepagas devuelvan lo cobrado por encima de la inflación en los últimos meses. Y hasta pone en riesgo de que el proceso avance, dado que, a su vez, el Juzgado 3 está peleando en la Corte Suprema con otro Juzgado Federal de San Martín para no un tema de competencia negativa: ninguno de los dos jueces quiere tomar la “Causa Wilson”.

Las fuentes del Gobierno dijeron que Maquieira “mete al Estado dentro de una misma acción que realizan particulares contra el propio Estado. Algo nunca visto. La postura de la Superintendencia es, obviamente, apelar la resolución. Esto va a tener lugar el día viernes, que es el plazo máximo, y se le pedirá a la Cámara que revoque lo que decidió la jueza y dicte la medida cautelar”.

Sumaron que “es realmente muy llamativo el accionar de la jueza. Desde el derecho, no resiste ninguna lógica lo que hizo. Tiene que actuar con la responsabilidad que el caso amerita. Se trata de corregir un abuso de las prepagas y un tema de salud. Es por esto que es la primera vez que se hace una medida de estas característica desde el Estado, a partir de las facultades que tiene la SSS como organismo fiscalizador”.

El amparo de la SSS avanza contra 23 prepagas con el objetivo de que la Justicia decida si corresponde que esas empresas devuelvan a los afiliados lo cobrado de más desde diciembre (en mayo las cuotas ya se ajustaron) y que además fije un criterio para los ajustes mensuales de las prepagas. Desde las compañías, al menos tres de ellas ya hicieron sus descargos y aseguran que la SSS no tiene legitimidad como litigante por no ser parte damnificada.