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POLITICA

Ley Bases: Francos suma reuniones con los gobernadores y promete obra pública para garantizar la aprobación

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El Gobierno convocó al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para negociar la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. El ministro del Interior, Guillermo Francos, encabezará la reunión y será previo a tratar los proyectos en el recinto.

Según pudo saber TN, el Ejecutivo le hará un ofrecimiento al mandatario respecto a la obra pública que pidió que le reactivarán. Una comitiva de Zamora estuvo en la Casa Rosada hace dos semanas para presentar los proyectos que consideraban de mayor urgencia.

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En Balcarce 50 apuntan a sumar colaboración de los senadores de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora -expresidenta provisional de la Cámara Alta-, Gerardo Montenegro y José Emilio Neder. Quieren conseguir alguna abstención o ausencia en el día de la votación.

En el poroteo, la Casa Rosada considera que cuenta con 36 senadores a favor para la votación en general y con 32 en contra. Estos últimos son todos los legisladores de Unión por la Patria menos el senador Guillermo Andrada, que responde el gobernador Raúl Jalil (Catamarca).

El ministro del Interior, Guillermo Francos, durante la sesión de Diputados en la que la Ley Bases obtuvo media sanción. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).

El Gobierno apuesta a sancionar ambos proyectos en la Cámara Alta, pero no descarta que se le realicen modificaciones y deba volver a Diputados. Prevén trabas en el capítulo que modifica el esquema tributario del tabaco y en la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Es por eso que comenzaron a tender puentes con los gobernadores patagónicos. Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) firmaron con el oficialismo un convenio para ceder la obra del gasoducto cordillerano de Nación a las provincias.

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En el caso del mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal, la negociación corre por el futuro de la empresa pública Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). La Casa Rosada quiere que sea una concesión mixta y analiza cederle la parte estatal a la provincia para el apoyo de sus dos senadores José María Carambia y Natalia Gadano.

El Ejecutivo también negoció con el gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, y el líder provincial Carlos Róvira, que cuentan con dos senadores clave para el oficialismo: Sofía Rojas Decut y Carlos Arce. Según pudo saber TN, se llegó a un acuerdo que incluyó un trabajo conjunto en el armado provincial para las elecciones de 2025.

El artículo 7 del capítulo II de la Ley Bases (Fuente: Gobierno).
El artículo 7 del capítulo II de la Ley Bases (Fuente: Gobierno).

El Gobierno le ofreció a algunos gobernadores terminar obra pública mediante tres vías. Propuso hacerlo con financiamiento de Nación y también abrió la posibilidad de que los proyectos se transfieran a las provincias para que los distritos usen sus cajas. La tercera opción es implementar un sistema de bonos: que los gobernadores las terminen y la Casa Rosada las pague a largo plazo.

La segunda vía se encuentra detallada en el artículo 7 del capítulo II de la Ley Bases, que propone: “Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución”.

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En Santiago del Estero está sin terminar la autovía-ruta nacional 9, que va desde Santiago del Estero Capital hasta Termas de Río Hondo. Son 63,2 kilómetros, con un avance del 52,78% y un costo total estimado de $41.259.900.712.

En la misma lista aparece la repavimentación del tramo entre Añatuya y Los Juries de la ruta 7, que avanzó un 58,20% y tiene un presupuesto planificado de $13.769.566.597. Lo mismo aplica para el acueducto Lugones-Mailín, que cuesta $1.197.659.563 y se construyó un 34,61%.

Gobierno, gobernador, Ley Bases

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Guerra de negocios en Nacion Servicios y el BNA

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En abril se anunció hasta por el vocero presidencial la evolución del sistema SUBE, sin embargo, la empresa aún no conformó ni siquiera una mesa de trabajo para ejecutar el proyecto. Fuentes internas aseguran que no saben ni por dónde empezar y, mientras esperan, irían proyectando algunos negocios non sanctos.

“Están pensando seriamente en entregar SUBE a los bancos, tarjetas y billeteras, básicamente por esa idea libertaria de que el privado hace todo bien y el público es un inútil. Y de paso hacerse de grandes negocios”, deslizó una alta fuente local a REALPOLITIK.

El negocio de evolución -por no decir de entrega- de la SUBE es del orden de los 50 millones de dólares, aunque el potencial posterior es inmenso: esos dólares estarían comprometidos por empresas privadas a cambio del negocio, quienes además usarían a Nación Servicios SA como instrumento para evitar las licitaciones. Arrepentidos aseguran también que en el BNA utilizarían a los gerentes actuales de la empresa para que firmen y luego serían parte de una drástica reducción de autoridades. Se habla de por lo menos quinientas personas a despedir luego del casi cierre de SUBE.

En ese marco, siguen profundizando la desvalorización de Nación Servicios SA con casi todos sus negocios dando pérdidas. Hasta han perdido los beneficios de la ley de Economia del Conocimiento por errores administrativos, lo que significaría 1.500 millones de pérdida si no logran revertirlo con el recurso presentado ante el ministerio de Economía. 

En junio presentaron resultados en la empresa y pierden dinero casi todas las unidades de negocio, y las que no pierden en realidad constituyen una transferencia de recursos del estado a la empresa.

Ahora, en el mes de julio, el gerente General, Nicolás Callegari, intenta desesperadamente hacer ingresar a WorldPay SA en Nación Servicios como proveedor estratégico. La maniobra es tan polémica que puertas adentro del organismo deslizan que ni siquiera ha informado a los directores del negocio. De este modo, buscaría evitar un conflicto con otra empresa, que tampoco habría sido informada del tema. Se trata de un negocio de 20.000 millones de pesos o más para los próximos años de gestión. Sin facturas, sin órdenes de compra..

Para que ingrese la empresa que quiere Callegari, tienen que sacar a Global Processing SA y es casualmente en este punto donde se complican las cosas. Solo basta con analizar las referencias de los directores del BNA. Uno de ellos, Alejandro Henke, confirma en su CV que es socio de esa empresa. Otra autoridad del BNA, muy importante, también es accionista pero por lo menos no lo dice públicamente.

Los interrogantes son varios: ¿Por qué pasa esto? ¿Se trata de fuego amigo entre autoridades del BNA?  ¿Quién lo mandó a Callegari a sacarle el negocio de Global Processing? Todo es llamativamente extraño, aunque la explicación pareciera muy sencilla: el negocio es muy grande y los intereses de los directores del BNA no serían los mismos.

Finalmente, lo más caliente. Ya comenzaron los reclamos formales de Global Processing, ahora por la suma de 67 millones de pesos -aunque podría ser por muchísimo más- por incumplimiento de contrato a Nación Servicios. Contrato que, dicho sea de paso, firmó el mismo Callegari que hoy no lo cumple. 

Esta es una batalla que promete más conflictos en el seno libertario. Al parece, habrá varias batallas más, y ésto recién comienza. Lo que está claro es que ninguna batalla será para mejorarle la vida de la gente ni para ampliar derechos, sino para engrosar bolsillos propios. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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