Días de tensión atraviesa la provincia de Buenos Aires, entre la discusión del presupuesto 2025, el endeudamiento y la designación de jueces, entre otros temas pendientes, incluida la demanda de los intendentes peronistas bonaerenses, que presionan a un gobernador escaso de votos con diversas demandas a cambio de socorrerlo en su búsqueda de las mayorías legislativas indispensables.

Las reelecciones indefinidas de intendentes fueron prohibidas en 2016, pero luego, rosqueo político mediante, autorizadas por única vez, con el aval no sólo de los peronistas, sino también de los radicales y los del Pro que se verían afectados. Sin un horizonte de reelegibilidad, automáticamente los alcaldes se convierten en cadáveres políticos, pero no la tienen fácil, sobre todo aquellos que lo desean pero no pueden salir abiertamente a respaldarla por sus compromisos políticos con los libertarios o con el Frente Renovador, que fue la fuerza que, en su momento, le acercó los votos faltantes a María Eugenia Vidal para ponerles térmno.

Durante la presente semana más de una docena de intendentes peronistas se reunieron con Axel Kicillof y con sus legisladores para tratar de instalar el tema, y trataron de presionar para conseguir su apoyo exigiéndola como moneda de cambio por los votos que podrían acercar al gobernador en la discusión del proyecto de endeudamiento por unos 2.000 millones de dólares, de los que luego recibirían un porcentaje los 135 municipios en los rubros de seguridad y obra pública, la aprobación del presupuesto y otras cuestiones pendientes de tratamiento legislativo.

Todo transcurre, hasta ahora, entre bambalinas, sin ruido ni amenazas de demostraciones masivas. Los intendentes tienen en claro que su reclamo no goza de popularidad, pero precisan su aprobación como precisa el agua el viajero en el desierto. Saben que no es viable aceptar ser reemplazado por alguien de su entorno: la experiencia demostró que eso sólo lleva a la catástrofe y la atomización de su fuerza política.

Los intendentes aseguran contar con el respaldo de la “voluntad popular” de los vecinos, y que una norma no puede reemplazar sin más a la voluntad soberana. También tienen en claro que, con el nuevo sistema electoral, que ha separado los comicios provinciales de los nacionales, la posibilidad de la reelección indefinida los volvería prácticamente vitalicios, muy por encima del propio gobernador, que apenas tiene un período electoral para ser reelegido. Los gobernadores pasarían, mientras que los municipios se convertirían en una especie de señoríos cuasi feudales.

Para el caso de que no encontraran eco en la gobernación, los alcaldes guardan la carta del recurso judicial, aunque confían en que no tendrán que aplicarlo, ya que una negativa del gobernador tendría gravísimas consecuencias para la gobernabilidad de una provincia con lábiles mayorías legislativas.

También tienen en claro que, tácita o explícitamente, conseguirán el apoyo legislativo de sus pares del Pro y de la Unión Cívica Radical.

Por ahora sólo comienza a plantearse la cuestión, pero, en las actuales circunstancias de difícil gobernanza a nivel nación y provincia, por la dispersión de votos parlamentarios y las crisis internas de todas las fuerzas políticas, los intendentes tienen en claro que es el momento de dar el golpe. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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