El área de Hacienda del Ministerio de Economía se encuentra abocada a la doble tarea de recopilar información para la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto para 2025 y, al mismo tiempo, analizar los elementos para la redacción de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establezca una nueva ampliación del cálculo de gastos y recursos en vigencia, ante la necesidad de alinear con la situación actual a un esquema pensado para otra realidad.

«Seguramente va a haber una nueva ampliación«, confió a iProfesional Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), luego de la modificación establecida el 26 de marzo mediante el DNU 280/24.

A esa tarea están abocados el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse (responsable constitucional del Presupuesto), el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, especializado en estas lides desde que se desempeñaba como uno de los principales investigadores de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

A igual que el DNU 280, la segunda gran modificación presupuestaria -hubo otra menor a través de la Decisión Administrativa 76/24, sin impacto en el resultado fiscal- tendrá un sentido diferente a las habituales de los últimos años, ya que no apuntará a una autorización de mayores gastos para incrementar el déficit, sino a formalizar una situación de hecho que tiene que quedar plasmada de manera oficial.

El porcentaje de ejecución del presupuesto, muy alto

Al respecto, Rangugni explica que «el porcentaje de ejecución es muy alto», con un 39,1% al cierre del primer cuatrimestre, superando el promedio de la última década y dejando escaso margen para el resto del año.

«Pero no es muy alto porque se haya ejecutado mucho, sino porque el denominador -es decir, la autorización de gasto- es bajo», planteó, para aclarar que lo es «porque se puede ver que está claramente por debajo del crédito total en relación con el ajuste por inflación«.

En otras palabras, la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 y sus modificaciones, en vez de recurrir a la sanción de una ley, acarreó una serie de desacoples derivados de un alza de precios imprevista: la ley 27.701 fue sancionada en 2022, en base a una proyección de inflación anual del 60%, casi cinco veces inferior a la interanual actual y entre dos y tres veces menor a la proyectada para todo el año.

Como los proyectos de Presupuesto cuentan con un cronograma de elaboración que comienza en abril y culmina con su presentación en el Congreso no más allá del 15 de septiembre, el que se ejecuta en la actualidad fue elaborado en sus inicios por el ex ministro Martín Guzmán, cuando la Administración Pública Nacional contaba con 21 ministerios; con la ley aprobada, fue Sergio Massa el encargado de ejecutarlo en 2023, ya con 19 ministerios, y su prórroga viene siendo administrada por Caputo, ahora con 8 carteras.

Problemas entre el presupuesto original y su ejecución

Los problemas entre los números del presupuesto original y su ejecución ya los tuvo Massa, quien el año pasado debió recurrir a 17 modificaciones (19 decisiones administrativas y un DNU) que terminaron por aumentar los créditos presupuestarios en un 39,6%. Si el 60% de proyección inflacionaria parecía una subestimación desde el inicio (la inflación de 2022 fue del 94,8%), quedó desdibujada ante el 211,4% de 2023.

La ley 24.156 de Administración Financiera faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar la ley de Presupuesto y sus modificatorias para el año siguiente si no se consigue la sanción del nuevo instrumento legislativo, algo que ya había sucedido en 2011 y 2022.

Sin embargo, en esta oportunidad aparecieron dos circunstancias que marcan diferencias respectos de esos dos años: la inflación es superior y en consecuencia se altera la proyección de los cálculos de ingresos y de gastos, pero además esta vez hubo un cambio de gobierno y, más que nada, de políticas económicas.

Dentro de estas últimas, el viraje en el plano fiscal se refleja en la decisión de Milei anunciada desde antes de asumir, en el sentido de considerar innegociable el superávit primario y, por lo menos, el equilibrio financiero.

Según datos oficiales publicados en el sitio de Presupuesto Abierto, al 6 de mayo se ejecutó el 41% del gasto

En ese sentido fue diseñado el DNU 280, pero los propios números oficiales dejan en evidencia que su aporte fue necesario, pero insuficiente.

Según datos oficiales publicados en el sitio de Presupuesto Abierto, al 6 de mayo se ejecutó el 41% del gasto y el 47% de los recursos. Los porcentajes habrían sido más altos si no se hubiera recurrido al DNU 280 del 26 de marzo y llegarían al 54% de los gastos y el 80% de los recursos. Todo eso en un lapso transcurrido equivalente al 34,7% de todo el año y cuando aún falta computar el pago de la primera cuota del aguinaldo de junio al personal de la Administración Pública Nacional y a más de 7 millones de jubilados y pensionados.

El DNU descomprimió en gran medida la situación: el crédito inicial (es decir, la ley de 2023 más las modificaciones introducidas ese año) era de ingresos totales por $28.061.785 millones y gastos totales por $40.250.029 millones, de lo que resultaba un déficit financiero de $ 12.188.244 millones con el que Milei, Posse y Caputo comenzaron el ejercicio 2024.

Con la modificación dispuesta en el decreto, los ingresos aumentaron en $19.413.669 millones, casi cinco billones de pesos más que el incremento de $14.483.403 millones. De esa forma, el déficit financiero proyectado para todo el año tuvo un recorte del 40,4% y quedó en $7.257.978, millones. Mejor que los 12 billones originales, pero lejos del equilibrio fiscal propugnado desde filas oficiales.

Es por esa razón que Rangugni da por sentado que «en función del ritmo de ejecución que se ve en el primer cuatrimestre, incluso con el DNU que salió en marzo, es necesario hacer una ampliación«.

«De cuánto será esa ampliación, es un poco prematuro decirlo, porque hay muchas medidas de gasto que todavía no están claras y también hay que ver cómo evolucionan los ingresos», agregó.

Al respecto, Rangugni explicó que «un escenario un poco más holgado que el inicialmente previsto, podría dar lugar a no tener que hacer tanto ajuste para llegar a una reducción del déficit, pero si hay una contracción más grande a la prevista, habría que hacer un ajuste mayor de gasto para llegar a un equilibrio».