Ciudad de Panamá, 2 jul (.).- El Supremo panameño declaró inconstitucional la Ley 20 de 2006 que modificó los límites de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá privando a la vía acuática de una importante extensión territorial para la creación de nuevos embalses que ayudarían a menguar la actual crisis hídrica de la franja interoceánica por la sequía, que le ha obligado a reducir el paso de barcos, informó este martes la prensa local.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) dio a conocer la tarde de este martes su decisión a través de un edicto de esa máxima corporación de justicia, publicó el diario local La Prensa.

La determinación tomada por el Supremo de la Corte revive la vigencia de la Ley 44 de 31 de agosto de 1999, por la cual se aprobaron los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

La Ley 20 de 21 de junio de 2006 fue demandada por el abogado panameño Publio Cortés, quien alegaba que esta norma violaba la Constitución al no haber sido propuesta por la Junta Directiva del Canal de Panamá, que es la que tiene iniciativa legislativa.

El demandante también pedía la restitución de la Ley 44 de 1999 para restablecer los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y que otorgó una protección para la conservación de los recursos hídricos que se encuentran adyacentes a la vía interoceánica, indicó el rotativo.

El diario recordó que el actual ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el abogado Juan Ramón Sevillano también presentaron en enero de este año una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 20 de 2006.

La Ley 44 de 1999 estableció los límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá con un área de 552.761 hectáreas que abarcan territorios en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. También incluye 7 distritos, 43 corregimientos y alrededor de 460 lugares poblados.

Sin embargo, la Ley 20, aprobada durante el Gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) previo al referendo que ratificó el proyecto de ensanche de la franja interoceánica con un nuevo juego de esclusas -inaugurado en 2016-, modificó dichos límites dejando por fuera el cauce de río Indio, valorado como vital por la ACP para la creación de nuevos embalses o reservorios de agua para garantizar la operación de la vía y el abastecimiento de la población.

En una reciente entrevista a EFE, el ministro para Asuntos del Canal y expresidente panameño, Aristides Royo, lamentó que en los últimos cinco años «no se ha echado hacia adelante el tema del agua, concretamente el tema de Río Indio», la cuenca vecina al oeste del Canal, para «proveer mayor cantidad de agua para el consumo humano», que es su prioridad, y para el tránsito de los barcos.

Royo citó un estudio contratado por el canal al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. (USACE) que examinó las áreas hídricas potenciales el cual concluyó que «la necesidad de agua, de nuevas provisiones de agua, se cumplirían con un gran apoyo de la cuenca de Río Indio, que no está despejada de habitantes, ni de viviendas; es una comunidad con la cual se ha venido haciendo un trabajo de manera colaborativa».

Se trata de unas 2.500 personas, a las que garantizan que en caso de que se vayan a inundar algunas de sus propiedades reciban una compensación con la construcción de una nueva casa y la dotación de un terreno.

Royo calculó que la construcción de la cuenca de Río Indio tomará alrededor de cuatro años, pero que está el problema de dos leyes, la Ley 20 y Ley 28 de 2006. La primera que establece los límites de la cuenca hidrográfica del Canal y no permite su ampliación con la nueva cuenca de Río Indio, y la segunda que impide al Canal construir nuevos embalses, normas que se ha pedido al Gobierno que derogue

La cuenca de Río Indio tiene una extensión territorial de 580 Km2, de acuerdo con la división político administrativa de Panamá, atravesando tres provincias (Coclé, Colón y Panamá Oeste), cinco distritos, 11 corregimientos y 228 lugares poblados.

El canal de Panamá, construido en 1914 por EE.UU. y paso relevante del comercio mundial que se ha visto obligado a reducir el tránsito diario de buques por la sequía, impactando sus ganancias y aportes al fisco.