El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, denunció irregularidades en el programa “Plan Nacional Argentina contra el Hambre“, creado en 2020 y que debía garantizar el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.

El plan que creó el gobierno de Alberto Fernández y que funcionaba bajo la órbita del extinto Ministerio de Desarrollo Social, tenía por objeto garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables.

El área que debía controlar el correcto funcionamiento de los comedores a los que se les destinaban fondos nacionales era la Secretaría de Inclusión Social que dependía del por entonces Ministerio de Desarrollo.

La denuncia penal a la que accedió la periodista Lucía Salinas de Clarín -y que ya fue radicada en los tribunales de Comodoro Py- refiere a un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En sí, el sistema de validación de los comedores para obtener la ayuda económica por parte del Ministerio de Desarrollo Social, debía realizarse en tres instancias: la preinscripción, la validación de todo lo presentado y finalmente, la matriculación.

La seguridad alimentaria era el primero de los lineamientos cuyo objetivo consistía en garantizar a las familias más vulnerables el acceso a los alimentos; y específicamente en su ítem 3, las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.

La matriculación tenía vigencia, según detalla la denuncia, durante el plazo de dos años, pero requería de una “revalidación a partir de esa fecha, caso contrario, no debía seguir siendo parte de los beneficiarios”.

Cuando la ministra Sandra Pettovello asumió al frente de Capital Humano, ordenó una auditoría sobre todos los programas que se encontraban vigentes. El estudio realizado por el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), arrojó una primera observación: “la gestión anterior del gobierno nacional no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”.

Esa primera omisión de los deberes de funcionarios público devino en otra situación que fue denunciada penalmente: Los comedores y los merenderos del RENACOM gestionaban alimentos por miles de millones de pesos, que provienen de diversos programas sociales, pero muchos de los comedores “eran inexistentes”.

Según señalaron desde la cartera estatal, las auditorías realizadas sobre el RENACOM creado durante la pandemia en julio de 2020 arrojaron “distintas irregularidades sistemáticas que corresponde denunciar”.

“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, se explicitó en el texto judicializado.