POLITICA
Alertan sobre restricciones a la libertad de expresión en el gobierno de Javier Milei
Un destacado grupo de periodistas independientes y la presidenta de FOPEA alertaron sobre restricciones a la libertad de expresión por parte del gobierno de Javier Milei, en el marco de una «audiencia urgente» que está llevando adelante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que conduce Miriam Lewin.
La audiencia arrancó el viernes pasado, con 60 presentaciones, entre las que se destacaron las de Lewin y la periodista Silvia Mercado; continuó este lunes, con el CEO de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, la presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Paula Moreno Román, y los periodistas culturales Cristina Mucci y Osvaldo Quiroga; y finalizará el próximo miércoles, con la participación de Jorge Lanata, entre otros.
«La situación de la libertad de expresión se está agravando en el país. Estamos viendo que hay un crecimiento en los ataques al periodismo. La mayor cantidad de los ataques a los periodistas proviene de la primera línea política del país, con el mismo Presidente y su equipo de gobierno», alertó este lunes Moreno Román.
De hecho, cuando se cumplieron 100 días del gobierno de Milei, FOPEA destacó que «el 40% de los ataques al periodismo provienen del Gobierno».
Uno de los casos que se mencionó en la audiencia de la Defensoría del Público fue el de Silvia Mercado, a quien Milei atacó en enero pasado, cuando la acusó de mentir sobre el destino de sus perros en la Quinta de Olivos.
“La libertad de expresión está en riesgo en la Argentina”, dijo Silvia Mercado, en la audiencia. Y aseguró que fue «la primera periodista agredida por el Presidente, con un movimiento sorpresivo y violento, en redes, que tuvo consecuencia en mi trabajo, porque muchos me dejaron de contratar por eso».
«Tuve la solidaridad de las entidades de prensa y asociaciones de periodistas, incluso de los diputados de todos los bloques, excepto los de La Libertad Avanza. Lo que busca Javier Milei es instalar un discurso único entre sus electores, no solo por las agresiones, sino también porque es lamentable lo que se está haciendo con los medios públicos, con su eliminación», dijo Mercado.
Precisamente, la periodista Cristina Mucci contó que ella tenía su programa cultural en la TV Pública desde hace 37 años, «Los siete locos», pero que este año lo levantó la intervención del gobierno de Milei y ya no hubo nuevas grabaciones.
«Yo terminé de grabar en diciembre y nunca más tuve ningún contacto con nadie. Todo lo que pasan ahora es repetido, también de Los siete locos. Ahora estuvo la Feria del Libro, donde podríamos haber estado. Pero este año no tuve ningún contacto con nadie, así se terminó la relación», contó Mucci, en la audiencia de la Defensoría del Público.
También Osvaldo Quiroga contó que estuvo 24 años haciendo su programa cultural, que primero se llamó «El refugio» y luego «Otra trama», pero que este año dejó de emitirse por la TV Pública. Y destacó que también lamentaba el despido de la primera conductora trans de un noticiero que tuvo la TV Pública, Diana Zurco, «una excelente profesional» que conducía uno de los noticieros y fue despedida por el gobierno de Milei, que no le renovó su contrato.
Por su parte, el CEO de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, destacó que le inició tres juicios al gobierno de Milei: «Uno es como el que le está haciendo Lanata por calumnias e injurias, que tiene su versión penal y su versión civil, con el único objetivo que el dinero que produzca eso sea donado a la Academia Nacional de Periodismo. Y otro juicio por desbaratamiento de empresa, en la justicia comercial».
Fontevecchia presentó esas denuncias luego de que el Presidente expresara su explícito deseo para que “quiebre” Editorial Perfil, a cuyo diario llamó “pasquín” y a su dueño “Tinturelli” y “pautero”, en redes sociales y durante su entrevista con Alejandro Fantino, entre otras descalificaciones personales.
Al inicio de la audiencia, la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, planteó que el «desmantelamiento de políticas e instituciones está teniendo un grave perjuicio en el periodismo, además que los ataques digitales y verbales contra trabajadores de prensa y grupos empresarios está causando un grave perjuicio a la libertad de expresión».
La denuncia judicial de Lanata contra Milei
Jorge Lanata tiene previsto exponer el próximo miércoles y presentó una denuncia judicial contra Milei, ya que el Presidente lo acusó de “mentir”, de ser «larretista» y de recibir “sobres” para dar información, entre otras descalificaciones.
«Tildar de ‘mentiroso’ y de recibir ‘sobres’ tiene la unívoca intención de dañar la reputación de la persona atacada. Y adrede, consciente de sus miles de seguidores, difundió sus ataques para que llegaran a una numerosa e indeterminada cantidad de personas», planteó Lanata en la denuncia judicial que presentaron sus abogados Elba Marcovecchio y Patricio Carballés.
Lanata enmarcó la denuncia en un «plan trazado» de «ataque incesante a la prensa», como los que realizó contra Fontevecchia, Mercado, Jorge Fernández Díaz, Víctor Hugo Morales, Luisa Corradini y María O’Donnell.
«La lista continúa, pudiendo señalarse también expresiones contra María Laura Santillán, Romina Manguel, entre muchos otros casos. Todo esto generó la preocupación de asociaciones que nuclean a periodistas y medios de prensa como FOPEA y ADEPA», sostuvo la denuncia judicial de Lanata.
Los de Lanata y Fontevecchia son los primeros juicios de periodistas y medios contra el gobierno de Milei, luego de una seguidilla de ataques contra la prensa, que fueron repudiados por FOPEA, la Academia Nacional de Periodismo, la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), entre otras entidades.
POLITICA
La vicegobernadora de Neuquén investigada por corrupción aseguró que “no hubo mala intención”
La vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, se presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales para ejercer su derecho a la defensa tras ser acusada de “inhabilidad moral” en su rol como presidenta de la Legislatura. Ruiz, actualmente suspendida de sus funciones, calificó las denuncias en su contra como un llamado a la reflexión política y afirmó: “Puede ser que hubo alguna irregularidad, pero no hubo mala intención”. Su defensa incluyó un extenso descargo en el que cuestionó las faltas procesales del proceso y pidió su nulidad.
Entre las principales acusaciones figuran la designación de familiares en la Legislatura, la compra de una camioneta Toyota 4×4 con maniobras financieras cuestionadas y gastos protocoloares que superaron los 400 millones de pesos. Ruiz admitió haber nombrado a su esposo y dos hermanas, pero negó vínculos sanguíneos con otras personas mencionadas en el informe. Sobre la compra del vehículo, sus abogados presentaron varias versiones que los diputados consideraron inconsistentes, lo que llevó al diputado Marcelo Bermúdez a señalar: “No procede así una persona políticamente expuesta”.
Neuquén: la vicegobernadora investigada por corrupción pagó $32 millones por un evento religioso
Otro punto crítico fue la gestión de fondos públicos. Ruiz aseguró no tener conocimiento de que su hermano utilizaba fondos legislativos en su cuenta personal, afirmando: “Nunca hablaba de plata con él, me ocupaba de cuestiones políticas”. Los legisladores, sin embargo, criticaron la falta de control y transparencia en el manejo de estos recursos, mientras el sindicato de trabajadores legislativos, ANEL, aclaró que los empleados no son responsables de las decisiones políticas de las autoridades.
El informe también cuestionó la calidad moral de contrataciones directas y sobreprecios, como la compra de 200 latas de bombones por 4 millones de pesos, pancartas y gigantografías, y el presunto uso de fondos para promocionar su gestión en redes sociales personales. En paralelo, se mencionaron investigaciones judiciales que acusan a Ruiz de haber desviado fondos de una ONG para construir una pileta en un terreno propio cuando era intendenta de Plottier, lo que la vicegobernadora negoció en su defensa.
Ruiz cerró su intervención reafirmando su inocencia y defendiendo su gestión: “Nunca quise quedarme con ningún fondo, como se me acusa”. Reconoció que algunas irregularidades podrían haberse producido, pero aseguró que estas no tuvieron mala intención. Ahora, la decisión final sobre su futuro político está en manos de los diputados provinciales, quienes deberán definir si convocan a una sesión especial para tratar su destitución.
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