El comienzo de la investigación se remonta al año 2017, cuando un grupo de vecinos elevó una denuncia penal por acopio antinormativo de productos agroquímicos en el aeródromo municipal de Chascomús, distrito conducido por el intendente Javier Gastón. En efecto, en el predio del aeródromo hay un tinglado en el que se guardan vehículos autopropulsados de agroquímicos o pulverizadoras. De acuerdo a los denunciantes, los peligrosos productos no estarían siendo manipulados correctamente, lo que genera un peligro para toda la población.

Por otro lado, a poco menos de 360 metros del lugar se encuentra un predio educativo que pertenece a una escuela rural. En dicho espacio, niños menores de edad manipulan la tierra y siembran productos naturales con el fin de ser consumidos. Este elemento despertó la alarma de los vecinos, quienes decidieron avanzar con las medidas legales correspondientes.

En consecuencia de la denuncia, la fiscalía de Dolores comisionó a la Policía Federal para hacer el allanamiento. Lo que el fiscal no tuvo en cuenta, sin embargo, fue que la misma fuerza realizaba sus prácticas de vuelo en dicho aeródromo, por lo que tenían contacto con las mismas personas a las que debían investigar. Como no podía ser de otra manera, los oficiales encargados del operativo anunciaron no haber encontrado nada irregular y el fiscal general, en base a dicho informe, se declaró incompetente.

El caso fue a parar a la fiscalía Nro. 10 de Chascomús, donde fue archivado. Con el correr de los años, denunciaron, la actividad ilícita continúo sin límites. Bidones con contenido tóxico arrojados por todos lados, pulverizadoras que entran y salen, y un particular protagonismo de la empresa Campo Limpio, dedicada, paradójicamente, a la gestión ambiental.

Mientras tanto, la alarma de los vecinos fue aumentando con el correr del tiempo, especialmente en base a lo que estas prácticas antirreglamentarias puedan ocasionar en los niños que llevan adelante prácticas agrícolas en la escuela agrícola de Chascomús, situada a poco más de 300 metros del peligroso hangar.

En el 2023, se llevó adelante una nueva denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigación Ambiental (UFIMA). En el mismo expediente, los denunciantes advirtieron que la Policía Federal realizaba prácticas de vuelo en el mismo predio del aeródromo de Chascomús, por lo que solicitaron que los allanamientos sean llevados a cabo por otros agentes.

La UFIMA, en efecto, notificó al ministerio de Desarrollo Agrario. Éste oficiaba de autoridad de aplicación de la ley 10.699 sobre el uso de agroquímicos y del decreto reglamentario 499 del año 1991. Finalmente, el 10 de noviembre de 2023 se lleva adelante la tan mentada inspección y encuentran montañas de bidones amontonados sobre el piso de tierra, sin techo, sin el triple lavado y sin la perforación correspondiente.

No sólo ello, sino que además se constata que el predio carece de habilitación provincial. De acuerdo a las autoridades que se presentaron, el lugar tenía una habilitación municipal, que no es válida para la actividad. A pesar de ello, el inspector, llamado Sebastián Steketee, sólo se limitó a tomar fotografías y asegurar, a pesar de que las imágenes muestran lo contrario, que los bidones estaban lavados y con la perforación correspondientes.

En consecuencia, la dirección de Fiscalización Vegetal, a cargo de Carlos José Otaegui Galarraga, decide archivar toda la investigación, considerando que no hay ninguna falta contravencional.

El 18 de diciembre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires inspecciona el lugar. Al llegar, encuentran los bidones tirados y la falta de control sobre la actividad, por lo que labra dos infracciones. La primera, por no contar con la habilitación correspondiente y, la segunda, por no cumplir con la ley de Residuos Especiales. Incluso, se encontró un carretón con hidrocarburos que se volcaba directamente sobre la tierra.

Cuando los vecinos toman conocimiento de los expedientes se dan cuenta del incumplimiento de los deberes de funcionario público en la inspección llevada adelante por el ministerio de Desarrollo Agrario y se vuelve a hacer una presentación, explicando que las fotos que presentó el propio inspector son las pruebas, y no coincide con lo que Steketee había expresado.

Finalmente, el 8 de mayo los denunciantes fueron recibidos por la dirección de Fiscalización Vegetal y por el mismo inspector denunciado. El resultado no fue el esperado por los vecinos de Chascomús. En efecto, las autoridades del gobierno de Axel Kicillof dejaron en claro que no tenían interés alguno en avanzar con la investigación, por lo que la causa volvería a archivarse.

Actualmente, la denuncia fue elevada a la Asesoría General de Gobierno, donde los vecinos plantearon sus preocupaciones y las sospechas de negligencia y corrupción en connivencia entre las autoridades bonaerenses y los productores rurales de la zona. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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