La promesa de viviendas sociales para numerosas familias en la localidad de Mercedes se ha convertido en un escenario de desilusión y controversia. El proyecto, anunciado en febrero de 2021 por el entonces presidente de la nación, Alberto Fernández, bajo el programa «Mi Terreno», tenía como objetivo la construcción de 166 hogares destinados a familias de bajos recursos. Sin embargo, la realidad actual dista mucho del sueño inicialmente presentado.

El municipio, gobernado por Juan Ignacio Ustarroz -hermano de crianza del ex ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro-, enfrenta graves críticas por el manejo del proyecto. Las viviendas fueron planeadas sobre terrenos de la familia Calabria, quienes cedieron el 50 por ciento de su propiedad a cambio de la inclusión del sector restante en trabajos de loteo, zanjeo y extensión de servicios, en el marco de la adhesión a la ley de Hábitat de la provincia de Buenos Aires. 

Este convenio, sin embargo, no se ha cumplido en su totalidad, dejando las obras incompletas y las viviendas sin terminar, pese a que ya fueron adjudicadas a familias que sueñan con el techo propio.

La construcción de las viviendas comenzó con un retraso significativo. En febrero de 2022, un año después del anuncio presidencial, se iniciaron los trabajos a cargo de la sociedad HBD, adjudicataria de los sectores 1 y 2 con un total de 116 viviendas, y la empresa Montelectro, encargada de las 50 viviendas restantes. No obstante, ambas compañías han sido señaladas por múltiples irregularidades y deficiencias en la construcción, presentando casas con dimensiones incorrectas y paredes mal alineadas. La situación ha generado preocupación y frustración tanto en la familia Calabria como en las familias adjudicatarias de las viviendas. 

Las reuniones entre funcionarios municipales y el actual con el subsecretario de Vivienda de la Nación, Rodrigo Aybar, no han producido soluciones concretas, dado que el gobierno nacional de Javier Milei ha decidido frenar toda la obra pública, entre otras cosas, por entuertos presupuestarios como el que empañó la finalización de estas obras.

La falta de acción por parte del municipio ha puesto en riesgo la continuidad del proyecto, dado que tampoco cuentan con los papeles para poder entregar las viviendas a las familias que han resultado sorteadas. Ahora, con el convenio vencido y las obras sin completar, la familia Calabria podría recuperar el control de las tierras, dejando a las familias adjudicatarias sin hogar. Esta posibilidad aumenta el temor a la usurpación de las viviendas, añadiendo una capa más de incertidumbre a una situación ya crítica de por sí. Los vecinos admiten en privado que “se robaron la plata que faltaba”, mientras esperan que desde la gestión del camporista Ustarroz les den una respuestas tres años después del anuncio. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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