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Cómo es el sistema de cárceles privadas que quiere implementar el gobierno de Milei

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En las últimas semanas, la ministra Patricia Bullrich anunció un ambicioso proyecto para reformular el sistema carcelario y terminar no solo con la superpoblación, sino además saldar una deuda que tiene que ver con el costo que implica mantener a miles de presos a diario.

“Estamos planificando la construcción de dos cárceles privadas, que están ya en proceso de comienzo de licitación”, declaró la ministra de seguridad durante un acto del gobierno porteño en el que abordaron la problemática del hacinamiento en las comisarías y alcaidías de CABA.

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Fuentes del Servicio Penitenciario Federal explicaron a TN que una de esas cárceles estará ubicada en Ezeiza, con una capacidad proyectada para 3200 internos, mientras que la segunda será construida en la zona del litoral, para 1800 reclusos.

En cuanto al modelo de gestión de iniciativa privada propuesto para estas cárceles, una de las fuentes aseguró que difiere del sistema de privatización total adoptado en Estados Unidos, donde las empresas tienen control absoluto sobre las instalaciones penitenciarias.

En la Argentina, la propuesta plantea una gestión mixta en la que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mantendría la vigilancia y la seguridad directa de los presos, mientras que las empresas privadas se encargarían de invertir en la construcción, mantenimiento, servicios médicos, alimentación, higiene y tratamiento de residuos.

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El penal de Marcos Paz es uno de los complejos de máxima seguridad en la Argentina (Foto: Servicio Penitenciario Federal).

A su vez, el sector privado se haría responsable de la administración de estas cárceles y del proceso de resocialización de los internos.

Uno de los aspectos más innovadores de esta propuesta es que las empresas pondrán el dinero para invertir en la construcción y en mantener los penales, pero el Estado pagaría un monto por cada preso alojado en estas prisiones. “Pasaríamos a ser un usuario de esa empresa prestataria que tendría a cargo una especie de concesión”, explicó la misma fuente.

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Sin embargo, puntualizó que los informes sobre el comportamiento de los presos, que influyen en el otorgamiento de beneficios judiciales, seguirán bajo la supervisión y firma del SPF.

Este modelo ya fue utilizado en otros países de la región como Chile, Brasil y Uruguay, cada uno con sus propias particularidades. En todos estos casos, la colaboración público-privada generó debates sobre la efectividad y ética de privatizar parte del sistema penitenciario.

Este sistema fue utilizado en otros países de la región como Chile, Brasil y Uruguay. (Foto: El desconcierto)
Este sistema fue utilizado en otros países de la región como Chile, Brasil y Uruguay. (Foto: El desconcierto)

Las empresas que participan en estos contratos buscan recuperar su inversión y obtener ganancias a través de la construcción y la gestión de los servicios, lo que plantea preguntas sobre la calidad y humanidad del trato a los internos.

No es ninguna novedad que el sistema penitenciario argentino enfrenta actualmente graves problemas, incluyendo sobrecostos en la alimentación y mantenimiento de los reclusos, y condiciones inadecuadas en algunas instalaciones, como la contaminación del agua en Marcos Paz, una denuncia que hizo el Gobierno en los últimos meses.

En este contexto, el nuevo proyecto busca reducir estos costos y mejorar las condiciones de vida de los internos, así como también delegar parte del control a un privado.

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Según pudo saber TN, la licitación de estas cárceles privadas se proyecta para comenzar en un mes y medio, con la coordinación de la Secretaría de Concesiones del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Aunque hay intereses diversos en juego, el Gobierno priorizará las propuestas que ofrezcan las mejores condiciones y costos para el Estado.

“Hay muchos interesados que ya se comunicaron para formar parte del proyecto, tanto a nivel nacional como de afuera del país, pero se hará de manera transparente por medio de licitación y saldrá elegida la empresa que tenga la mejor oferta”, aseguró otra fuente del SPF.

Cuánto gasta el Estado en mantener al Servicio Penitenciario Federal

En el presupuesto de 2024, se proyectó casi $183.000 millones para el Servicio Penitenciario Federal. Este monto incluye diversas partidas para actividades centrales, seguridad y rehabilitación de los presos, cooperación técnica y financiera para la laborterapia de internos, y formación y capacitación.

Según fuentes del Gobierno, actualmente el mayor gasto se destina a recursos humanos, es decir, al personal penitenciario, así como también a la atención médica y en la comida que se le da a los presos todos los días.

Uno por uno, los gastos del Servicio Penitenciario Federal que figuran en el Presupuesto para 2024:

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  • Actividades Centrales: se destinan más de $25.746 millones, con 1990 cargos de personal.
  • Seguridad y Rehabilitación del Interno: se proyectan $139.398 millones, con 15.472 cargos. De ese total, se destinan $9.574.134 millones a la atención médico sanitaria, unos $6496 millones en seguridad y traslados, y $123.327 millones en alojamiento y tratamiento.
  • Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos: presupuestaron unos $14.516 millones en 2024. Disponen de 246 cargos de personal, con un gasto de $1.773 millones. En bienes de consumo destinan $1.170 millones, en servicios no personales $11.437 millones, y en bienes de uso unos $135 millones.
  • Formación y Capacitación: se proyectan $3-260 millones, con 446 cargos de recursos humanos.

Cárceles, Servicio Penitenciario Federal, presos, Patricia Bullrich

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Escándalo cripto: el fiscal impulsa una batería de medidas para determinar el rol de Milei

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En la causa iniciada el viernes pasado, donde se investiga en el marco del escándalo suscitado por el lanzamiento de la criptomenda $LIBRA difundida por el presidente Javier Milei a través de su red social X, el fiscal Eduardo Taiano impulsó una batería de medidas de prueba para poner en marcha la investigación. Registros oficiales de audiencias entre Milei y los involucrados en el expediente penal, pedidos de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, detalles por parte del Inspección General de Justicia respecto a las empresas involucradas en la posible estafa, la recuperación del tuit borrado por el Presidente, videos y grabaciones, entre otras, son parte del extenso listado al que accedió Clarín.

En este expediente, según consignó el Ministerio Público Fiscal, se procura establecer las “circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA”.

Asimismo, en ese contexto, se busca determinar qué grado de participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados.

Los sucesos relatados en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano podrían encuadrar en las figuras delictivas de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

“Con el objeto de recabar mayores elementos que permitan precisar los sucesos denunciados, y en particular establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA”, escribió el fiscal, se impulsó una gran cantidad de medidas de prueba a las que accedió Clarín.

Recupero del tui del Presidente

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La primera decisión adoptada por el fiscal fue pedir la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, “a efectos de que preserve las pruebas digitales que puedan resultar relevantes para las actuaciones”.

El particular interés de esta medida radica en la presentación de documentación como todas las grabaciones realizadas y difundidas por Hayden Mark Davis, en las que se hubiese referido respecto de lo ocurrido con el token $LIBRA.

También se solicitó el video correspondiente a la grabación en vivo de “Rowdy Crypto” de fecha 14 de febrero de 2025, simultánea a la publicación realizada por Javier Milei a través de X.

En esa misma línea, el fiscal Taiano requirió a esta área especialidad el video de la entrevista realizada a Diógenes Casares, cofundador de Stream Finance, en el capítulo emitido el 18 de febrero pasado en el podcast Unchained.

Las medidas de prueba impulsadas en esta etapa también incluyen el pedido de recuperación del tweet publicado en la cuenta del presidente (@JMilei) el día 14 de febrero de 2025 a las 19.01 horas (GMT-3), “que fuera eliminado horas más tarde”.

Audiencias de Milei con los emprendedores

En lo que concierne al dominio el representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó que “se determine la fecha de registro de la página, dirección de IP de creación y su titularidad”.

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Una parte de la investigación que inició el viernes tras los hechos relatados por el fiscal Taiano, se concentran en la “pata oficial”, es decir, poder determinar posible comisión de delitos por parte de integrantes de la actual gobierno.

Se pidió en este sentido compulsar la página web del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior “para relevar información sobre las reuniones que hubiesen mantenido el presidente y/o cualquier funcionario público de la gestión de gobierno actual con las siguientes personas: Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, Julian Peh y Hayden Mark Davis”.

Sobre este aspecto, el dictamen fiscal explicita que se debe dejar “debida constancia de los resultados obtenidos de esas búsquedas”. Se busca determinar el motivo de tales encuentros.

Para continuar con esa línea de investigación la fiscalía consideró pertinente entrecruzar la información proveniente de las bases de datos públicas y privadas a las que tiene acceso este Ministerio Público Fiscal, “a fin de recabar mayores datos respecto de Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, Julian Peh y Hayden Mark Davis”.

El rol de la Comisión Nacional de Valores

En el marco de la investigación impulsada hace 72 horas, el Ministerio Público Fiscal pidió información a determinados organismos oficiales para poder clarificar el nivel de participación de algunas personas que por el momento, revisten únicamente el grado de sospecha.

En congruencia con ese criterio, se pidió a la Comisión Nacional de Valores que informe sobre el marco regulatorio en materia de criptoactivos en la República Argentina, “la finalidad y funcionamiento del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”. También, a la CNV se le solicitó que informe respecto de las “advertencias al inversor que se hubiesen emitido desde el organismo en relación con esta operatoria o con criptoactivos determinados y/o plataformas de servicios financieros en particular”.

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La justicia federal quiere saber, además, si ese organismo inició algún tipo de actuación o investigación en el ámbito administrativo, con anterioridad o posterioridad al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA.

¿Registran antecedentes en relación con Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Julian Peh, Hayden Mark Davis, “Kip Network”, “Kip Protocol” y “Kelsier Ventures”?, fue otra de las consultas formuladas por el Ministerio Público Fiscal a la CNV.

Ese entramado de nombres que tiene bajo análisis la Justicia parte de la premisa de que, previo al lanzamiento del token, tanto Peh como Davis habrían mantenido un primer contacto con el presidente en el marco de un evento denominado Tech Forum, organizado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en el mes de octubre de 2024, “del que también habría participado una persona de nombre Sergio Daniel Morales, que se desempeñaría como asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores”.

Es el motivo por el cual, respecto a Morales, se pidió que se especifique si efectivamente, integra la nómina de empleados de ese organismo, en cualquier modalidad de contratación, “en cuyo caso deberá especificar la fecha de ingreso y el cargo desempeñado, y proporcionar una copia del legajo personal del nombrado, donde conste la resolución de designación”.

Actividades alrededor de $LIBRA

La Fiscalía busca desentrañar todo lo pertinente a la criptomoneda y si su lanzamiento guarda lazos con funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza, y en ese punto, cuál podría ser -o no- el grado de involucramiento del Jefe de Estado.

En función de ese criterio, se pidió que se aporte “un listado de las actividades, foros y congresos vinculados con la temática, en los que hubiese participado la Comisión Nacional de Valores durante el año 2024, debiendo detallar el nombre del evento, el funcionario que hubiese asistido en representación y en qué carácter (asistente, expositor u otros)”.

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El Banco Central de la República Argentina también deberá aportar documentación al fiscal. Se le pidió al BCRA que remita una copia de las resoluciones adoptadas en relación con la operatoria de criptoactivos, “debiendo indicar si, a partir de las actividades de monitoreo llevadas a cabo en el marco de su competencia, se labraron actuaciones que tuviesen por objeto la creación y el lanzamiento de $LIBRA”.

Las sociedades bajo la lupa

El otro eje de la investigación se concentra en las empresas involucradas en lo que podría calificar, en esta etapa primigenia, como una posible estafa. Razón por la cual, el fiscal requirió a la Inspección General de Justicia que informe si las compañías “Kelsier Ventures”, “Kip Network” y “Kip Protocol”, todas vinculadas a la criptomoneda $LIBRA, “se encuentran inscriptas para desarrollar actividades en el país”. Hay que recordar que las empresas extranjeras “Kip Network”, representada por Julian Peh, y “Kelsier Ventures”, representada por Hayden Mark Davis, habrían intervenido en la creación y lanzamiento de $LIBRA.

Sumado a ello, se recordó que “Kip Network” tendría una representación local en Argentina a través de la compañía “Kip Protocol”, de cuya actividad sería responsable Mauricio Gaspar Novelli.

Con ese telón de fondo, el Ministerio Público Fiscal, le solicitó a la IGJ que proporcione una copia de los legajos correspondientes, “indique la fecha de inscripción, detalle de su conformación, integrantes de la comisión directiva y las empresas y/o personas asociadas”.

Para avanzar en este punto, se consideró necesaria información sobre la compañía “Ripio” para que brinde detalles sobre posibles operaciones que se hayan podido realizar desde su plataforma: si fue posible comprar el token $LIBRA desde su sitio.

Si fue así, el fiscal Taiano requirió que se precise “desde qué fecha y horario se encontraba disponible para operar, si podían acceder todos los clientes de la plataforma, como así también los pasos necesarios para adquirir el criptoactivo”.

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Por último, expresa el dictamen fiscal, “deberá remitir un listado de la totalidad de transacciones efectuadas, con detalle de fecha, horario, monto operado y dirección de la billetera virtual”.

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