La Justicia porteña ordenó suspender el aumento del boleto del subte, medida que regirá hasta el 10 de julio inclusive, cuando “se volverá a evaluar la situación” del valor de este medio de transporte. La Ciudad tendrá un plazo de 5 días para fijar una nueva tarifa “justa y razonable”.

Así lo dispuso el Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Elena Liberatori.

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“Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender los efectos de la resolución 5/SBASE/24. Dicha suspensión entrará en vigencia a partir del 5° día de notificada la presente y se extenderá hasta el 10 de julio de 2024 inclusive, fecha en que se volverá a evaluar la situación”, dice el fallo al que accedió TN.

“Durante el plazo de 5 días hábiles administrativos previsto en el punto anterior, SBASE deberá presentar en autos una readecuación de la tarifa al usuario que adopte los criterios de tarifa justa y razonable establecidos en la Ley 4472″, agrega la magistrada en la resolución emitida este lunes.

De esa forma, la Justicia accedió a lo planteado en la cautelar que presentaron dirigentes del Frente de Izquierda (FIT), que calificaron el aumento de “ilegal y fraudulento”. El viernes pasado, viajar en subte pasó de costar $125 a $574.

En sus redes sociales, la diputada Myriam Bregman celebró la resolución judicial. “Logramos la suspensión del tarifazo del subte. En el amparo que iniciamos, la jueza Liberatori resolvió la medida cautelar ordenando readecuar la tarifa de manera justa y razonable”, expresó en X.

En el escrito presentado ante el Juzgado, Bregman puntualizó que se trata de un “aumento ilegal” que viola la Constitución Nacional, la de Ciudad de Buenos Aires, tratados internacionales y leyes reguladoras. También mencionó que el incremento afecta negativamente a miles de usuarios.

En ese contexto, argumentó que el aumento de $ 125 (vigente desde febrero de 2024) a una tarifa de $574 (vigente desde el 17/05/2024) equivale a un incremento del 359%, “muy por encima de los índices inflacionarios para ese periodo”.

Por su parte, describe una serie de gastos injustificados de la empresa EMOVA, concesionaria del servicio, no relacionados con la operación del subte, como publicidad, formación de directivos, estadías no especificadas, alquileres de vehículos y otros costos administrativos.

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A su vez, la diputada argumenta que la tarifa técnica incluye “gastos irrazonables y arbitrarios”, y que la falta de reglamentación de la Ley 4.472 permite estas prácticas, así como también critica la falta de políticas para fomentar el uso del subte para los trabajadores.

Por último, menciona los “derechos vulnerados” como tarifas justas y razonables (art. 24 de la ley 4472), protección del patrimonio de los usuarios (art. 46 de la Constitución de la Ciudad), y derecho a la participación ciudadana (ley 6).

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